Agravio insoportable
![[Img #58929]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2022/2043_angael-escanear0036.jpg)
La brecha salarial abierta por la Gran Recesión no ha hecho sino ensancharse. El edificio cimentado sobre el contrato social de una digna repartición de rentas entre capital y trabajo está a punto de venirse abajo, si no se ha venido ya. La involución conservadora de los años ochenta del siglo XX es palpable hoy en el insoportable agravio de las diferencias de sueldos entre ejecutivos y empleados.
Según los datos del año 2021, enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las empresas del Ibex-35, la élite donde cotizan en Bolsa las sociedades de mayor capitalización en España, el boquete abierto no puede ser más rotundo: mientras la alta dirección de las mismas cobra una media anual de 4,21 millones de euros, los trabajadores han de conformarse con el promedio de 55.484 euros. De la dimensión de la injuria, cobra nota que aquéllos cobran setenta y seis veces lo que éstos.
Si vamos de nombres propios, el ejecutivo mejor pagado, el presidente de la eléctrica Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, el que nos llamó tontos a los que no seguimos el dictado de contratar el recibo de la luz a su gusto, percibió el año pasado un sueldo de 13,205 millones de euros. Para que vuelvan a hacerse una idea: un empleado está 238 veces por debajo de esos astronómicos ingresos.
Con la irrupción de la inflación, los voceros del poder financiero, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han vuelto a la carga con la responsabilidad de los salarios y las pensiones como único freno a este desajuste macroeconómico que revienta el poder adquisitivo de las rentas más bajas y de las clases medias. Ellos hablan de una generalización, pero cualquiera medianamente enterado, convendrá que con rentas millonarias, la subida de precios se hace mucho más llevadera, que con los mil euros mensuales que han creado categoría social en este país. Mensaje con burda trampa y reiteración.
Y hablando de pensiones, al margen de la escala máxima, en torno a los 2.700 euros brutos mensuales, la generalidad se sitúa en el orden de los mil euros, entre personas que han cotizado al sistema durante un mínimo de treinta y cinco años de vida laboral. Esto es así en la globalidad del orden de los empleados o autónomos con pequeñas empresas a sus espaldas, porque en el edén de los altos ejecutivos, bastantes de ellos se protegen el riñón con planes de pensiones millonarios. El informe de la CNMV cita un grupo de privilegiados con cantidades, a este respecto, entre uno y cuatro millones de euros. Con este complemento extra de retribución, ¿a estos escogidos les puede importar actualizar las pensiones conforme a subidas de IPC? El foco de los recortes y sacrificios está donde siempre: en las clases medias y bajas.
Hasta aquí, un ejemplo de sima social entre los ricos, cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más empobrecidos. Se trata de empresas que se suponen transparentes en el cumplimiento de las legislaciones contractuales y que observan los derechos laborales de su mano de obra. La selva laboral de este país está en un sector de servicios y nueva economía, que ha hecho de la desregulación de la dictadura del mercado su patente de corso. Favorecidos por una legislación parcial, totalmente inclinada hacia la parte empresarial, han hecho de la eventualidad en el trabajo un mecanismo de extorsión bajo el expeditivo lema de o lo tomas, o lo dejas. Sobre este esquema, dimiten de la justicia de repartir equitativamente beneficios y salarios que ayuden de verdad a la economía productiva, la generadora auténtica de riqueza y se encierren, unos, en la especulación, y otros, en recursos de subsistencia sin margen alguno para la prosperidad.
Las cañas se han tornado lanzas. Con su avaricia incontenible han caído en el mismo cepo que el comunismo con su ideología dogmática sobre la igualdad: desincentivan el factor trabajo como estimulación del éxito. Unos por exceso, otros por defecto. Si da lo mismo ocho que ochenta, seguro, se apuesta a ocho. Domina la ley del mínimo brío, si no hay correspondencia entre el esfuerzo y el dinero percibido.
En EE.UU -conocemos el poder de contagio del imperio- lidian con el fenómeno llamado la Gran Dimisión, mediante el cual millones de trabajadores han renunciado a sus empleos, hartos de explotación en jornadas y salarios. Aducen que mejor no trabajar a hacerlo como lo hacen, con el añadido de las perspectivas que se ofrecen. En España comienza a pasar lo mismo. El sector turístico, un 12 % del PIB, anuncia dificultades de servicio porque no se aceptan las ofertas para laborar de camareros. Momento de examinar conciencias. El sistema, su sistema, hace aguas por la suprema contradicción de provocar el medio giro en la relación entre oferta y demanda de empleo. La primera empieza a superar a la segunda y, eso sin entrar a fondo, en las actividades acuciadas por falta de relevo generacional.
El trabajo nunca puede perder la condición de dignidad para ser suplida por una semiesclavitud en forma de jornadas y salarios aberrantes. La doctrina neoliberal encumbró la faceta empresarial y minimizó, hasta la maldición, la social. Ahí están, para corroborarlo, las diferencias salariales entre jerarquías y bases. Estrecharlas es de máxima urgencia.
La brecha salarial abierta por la Gran Recesión no ha hecho sino ensancharse. El edificio cimentado sobre el contrato social de una digna repartición de rentas entre capital y trabajo está a punto de venirse abajo, si no se ha venido ya. La involución conservadora de los años ochenta del siglo XX es palpable hoy en el insoportable agravio de las diferencias de sueldos entre ejecutivos y empleados.
Según los datos del año 2021, enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las empresas del Ibex-35, la élite donde cotizan en Bolsa las sociedades de mayor capitalización en España, el boquete abierto no puede ser más rotundo: mientras la alta dirección de las mismas cobra una media anual de 4,21 millones de euros, los trabajadores han de conformarse con el promedio de 55.484 euros. De la dimensión de la injuria, cobra nota que aquéllos cobran setenta y seis veces lo que éstos.
Si vamos de nombres propios, el ejecutivo mejor pagado, el presidente de la eléctrica Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, el que nos llamó tontos a los que no seguimos el dictado de contratar el recibo de la luz a su gusto, percibió el año pasado un sueldo de 13,205 millones de euros. Para que vuelvan a hacerse una idea: un empleado está 238 veces por debajo de esos astronómicos ingresos.
Con la irrupción de la inflación, los voceros del poder financiero, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han vuelto a la carga con la responsabilidad de los salarios y las pensiones como único freno a este desajuste macroeconómico que revienta el poder adquisitivo de las rentas más bajas y de las clases medias. Ellos hablan de una generalización, pero cualquiera medianamente enterado, convendrá que con rentas millonarias, la subida de precios se hace mucho más llevadera, que con los mil euros mensuales que han creado categoría social en este país. Mensaje con burda trampa y reiteración.
Y hablando de pensiones, al margen de la escala máxima, en torno a los 2.700 euros brutos mensuales, la generalidad se sitúa en el orden de los mil euros, entre personas que han cotizado al sistema durante un mínimo de treinta y cinco años de vida laboral. Esto es así en la globalidad del orden de los empleados o autónomos con pequeñas empresas a sus espaldas, porque en el edén de los altos ejecutivos, bastantes de ellos se protegen el riñón con planes de pensiones millonarios. El informe de la CNMV cita un grupo de privilegiados con cantidades, a este respecto, entre uno y cuatro millones de euros. Con este complemento extra de retribución, ¿a estos escogidos les puede importar actualizar las pensiones conforme a subidas de IPC? El foco de los recortes y sacrificios está donde siempre: en las clases medias y bajas.
Hasta aquí, un ejemplo de sima social entre los ricos, cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más empobrecidos. Se trata de empresas que se suponen transparentes en el cumplimiento de las legislaciones contractuales y que observan los derechos laborales de su mano de obra. La selva laboral de este país está en un sector de servicios y nueva economía, que ha hecho de la desregulación de la dictadura del mercado su patente de corso. Favorecidos por una legislación parcial, totalmente inclinada hacia la parte empresarial, han hecho de la eventualidad en el trabajo un mecanismo de extorsión bajo el expeditivo lema de o lo tomas, o lo dejas. Sobre este esquema, dimiten de la justicia de repartir equitativamente beneficios y salarios que ayuden de verdad a la economía productiva, la generadora auténtica de riqueza y se encierren, unos, en la especulación, y otros, en recursos de subsistencia sin margen alguno para la prosperidad.
Las cañas se han tornado lanzas. Con su avaricia incontenible han caído en el mismo cepo que el comunismo con su ideología dogmática sobre la igualdad: desincentivan el factor trabajo como estimulación del éxito. Unos por exceso, otros por defecto. Si da lo mismo ocho que ochenta, seguro, se apuesta a ocho. Domina la ley del mínimo brío, si no hay correspondencia entre el esfuerzo y el dinero percibido.
En EE.UU -conocemos el poder de contagio del imperio- lidian con el fenómeno llamado la Gran Dimisión, mediante el cual millones de trabajadores han renunciado a sus empleos, hartos de explotación en jornadas y salarios. Aducen que mejor no trabajar a hacerlo como lo hacen, con el añadido de las perspectivas que se ofrecen. En España comienza a pasar lo mismo. El sector turístico, un 12 % del PIB, anuncia dificultades de servicio porque no se aceptan las ofertas para laborar de camareros. Momento de examinar conciencias. El sistema, su sistema, hace aguas por la suprema contradicción de provocar el medio giro en la relación entre oferta y demanda de empleo. La primera empieza a superar a la segunda y, eso sin entrar a fondo, en las actividades acuciadas por falta de relevo generacional.
El trabajo nunca puede perder la condición de dignidad para ser suplida por una semiesclavitud en forma de jornadas y salarios aberrantes. La doctrina neoliberal encumbró la faceta empresarial y minimizó, hasta la maldición, la social. Ahí están, para corroborarlo, las diferencias salariales entre jerarquías y bases. Estrecharlas es de máxima urgencia.