El Ayuntamiento de Astorga no ha informado al Comisionado de CyL sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia

El Ayuntamiento de Astorga no ha colaborado con el cuestionario de autoevaluación remitido por el Comisionado de Transparencia de Castilla y León. Para la elaboración de la memoria de 2021, sólo respondieron al requerimiento de información sobre la obligación de hacer pública la información de interés para los ciudadanos, 10 ayuntamientos de más de 7.500 habitantes: La Bañeza, Arévalo, Villaquilambre, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes, El Espinar, Arroyo de la Encomienda, La Cistérniga, Tordesillas y Tudela de Duero.

El Consistorio astorgano no ha informado al Comisionado sobre el grado de cumplimiento de de las obligaciones de publicidad activa sobre la información publicada en la página web sobre procesos institucionales, organizativos y de planificación, también información de relevanca jurídica y los datos de carácter económico, estadístico y presupuestario.

En relación con los ayuntamientos de menos de 7.500 habitantes, el Comisionado continúa observando "una frecuente omisión total o parcial" de la publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, una circunstancia "llamativa si consideramos que nos encontramos ante una obligación específicamente dirigida a las entidades locales y singularmente relevante a los efectos de la rendición de cuentas de aquellos", señala en la memoria el Comisionado.

Como en años anteriores, el ente encargado de evaluar la transparencia de las administraciones ha tratado de recabar datos correspondientes de los pequeños ayuntamientos a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, que envió el cuestionario a los 2.188 ayuntamientos de la Comunidad con una población inferior a 5.000 habitantes, de los cuales ha recibido contestación de 249, 100 ayuntamientos más que en el año anterior. En este aspecto, la memoria no detallada qué ayuntamientos han sido los que han colaborado.

Respecto a las entidades integrantes de la administración local, la memoria especifica que cada año que pasa se consolida más una doble realidad en cuanto al cumplimento de sus obligaciones de publicar información: la primera sería la de las diputaciones provinciales, ayuntamientos capitales de provincia y otros con una población cuantitativamente relevante, entidades en las que se observa un cumplimiento aceptable de la legislación de transparencia; la segunda es la que viven gran cantidad de entidades locales de reducido o muy reducido tamaño y sin recursos a su disposición, donde la observancia de la normativa es, cuando menos, un deseo muy difícil de alcanzar. "En una Comunidad con una estructura administrativa como la que tiene Castilla y León, esta dualidad resulta poco menos que inevitable, si bien debe ser confrontada a través del apoyo de la Administración autonómica y, especialmente, de las diputaciones provinciales", matiza el Comisionado.

En cuanto a la Diputación de León, el Comisionado le da 'un tirón de orejas' porque en un acercamiento a la página electrónica de la institución provincial permite comprobar que el apartado de transparencia continúa sin ocupar un lugar preeminente dentro de la misma y que para acceder a este es necesario realizar varios clics desde la página de inicio. "Sin embargo, una vez que tiene lugar el acceso se ha incluido un apartado de 'Indicadores de la Ley de Transparencia' donde la información se estructura en función de las obligaciones impuestas por la ley", se aclara en la memoria.

Reclamaciones

Desde la Oficina del Procurador del Común señalan que en el sexto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia se presentaron 495 reclamaciones, de las que 373 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 75,4 %); de las cuales 310 correspondieron a ayuntamientos, 47 a entidades locales menores, 15 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad; siendo destacable que casi una cuarta parte de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales han sido presentadas por cargos representativos de las mismas; en concreto 121, de las cuales 94 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 24 por vocales de juntas vecinales y 3 por diputados provinciales. En cambio, 107 reclamaciones se presentaron frente a la Administración autonómica.

En 379 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuestas a las peticiones de información realizadas ante las propias Administraciones, habiéndose incrementando respecto al año anterior el porcentaje de reclamaciones interpuestas frente a la falta de contestación a solicitudes de información; por lo tanto, más de 3 de cada 4 reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la Administración correspondiente.

En el caso de las 116 reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las Administraciones correspondientes, los motivos utilizados por estas, de forma más frecuente, para no proporcionarla han sido la protección de datos personales, el carácter abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y el perjuicio para intereses económicos y comerciales. Cuatro de las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia han sido las relativas a las actuaciones de carácter urbanístico, empleo público, la información económica y de contratación, así como la protección del medio ambiente.