Redacción
Jueves, 21 de Noviembre de 2013
La Junta refuerza la renta de ciudadania para atender a nuevos colectivos
La Junta de Castilla y León refuerza la renta garantizada de ciudadanía con medidas especiales para atender a nuevos colectivos, agilizar la ayuda y adaptarla a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social surgidas durante la crisis, según recoge el Decreto-ley que crea la Red de Protección a las familias aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que mañana publicará el Bocyl y se remite a las Cortes para su convalidación por unanimidad en el próximo pleno.
Esta es una de las novedades de la normativa, que eleva a rango de ley los 23 programas de ayudas de emergencia por la crisis unidos en la Red de Protección a las familias, cuyos detalles explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno. El Decreto-ley, que auna la firma de sindicatos, empresarios, tercer sector, corporaciones locales y y grupos de las Cortes, incorpora un catálogo de servicios para dar una “respuesta inmediata y cobertura urgente a las personas más vulnerables”.
Para el apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la distribución coordinada de alimentos o la renta garantizada de ciudadanía para que ninguna persona quede sin protección social, la Junta destina 145 millones de euros con la previsión de llegar a 100.000 castellanos y leoneses y 40.000 familias, recordó Marcos. Las ayudas de emergencia por la crisis, que se consideran un proyecto de comunidad, estarán vigentes hasta que el PIB crezca un 2 por ciento.
El Decreto-ley establece unas reglas para agilizar el acceso a la prestación de la renta de ciudadanía, que se amplía en 21 millones de euros entre los años 2013 y 2014 con la previsión de llegar a 18.000 beneficiarios este año y a 28.000 el próximo. De manera que pasará de los 33 a los 53 millones el próximo ejercicio. Además, se agilizará el pago en los casos de familias en riesgo por el impago de la hipoteca, se excluye del cómputo los bienes de solicitantes de imposible venta y las personas con preferentes.
Además, los menores y víctimas de violencia de género tendrán un trato preferente como grupos vulnerables. En el caso de los menores, no se descontará de la cuantía los fondos para pensiones o pago de alimentos en el caso de parejas separadas y podrán solicitar la renta mujeres víctimas de violencia machista que regresen temporalmente al domicilio de su familia. Tampoco podrán pedir esta prestación, personas condenadas por delitos contra la vida o la libertad sexual, sin que hayan satisfecho la responsabilidad civil (indemnización a la víctima), aunque hayan cumplido la sentencia penal.
La prevención, atención y la recuperación de las personas afectadas es el objetivo de estas ayudas de urgencia, resaltó la consejera, que subrayó la importancia de vincular la renta de ciudadanía a los planes de empleo, de manera que estos perceptores tengan una salida laboral y dejen de cobrar la prestación social. Así, los planes de empleo de la Junta tendrán medidas extraordinarias dirigidas a su contratación. Además, no se exigirá la inscripción como demandante de empleo para miembros de la unidad familiar que cursen una actividad formativa reglada o sean cuidadores de familiares dependientes.
Ayudas a la vivienda
En el ámbito de la vivienda, se recogen dos nuevas medidas ante el desahucio por impago de la hipoteca o del alquiler. La ayuda máxima para pagar la hipoteca será de 3.195 euros anuales, no se podrá embargar y será compatible con otros ingresos o prestaciones. La Junta dota esta línea con tres millones de euros. También tendrán consideración especial las personas de una unidad familiar con todos sus miembros para evitar la salida de la vivienda por el impago del alquiler.
Otro apartado de ayudas se enmarcan en suministrar alimentos, cuyo proceso se activa a través de la llamada al 012, el teléfono de información de la Junta, que coordina este sistema único de ayudas. Desde la puesta en marcha de este programa se han recibido 2.000 solicitudes, afirmó la consejera, que añadió que los datos de pobreza severa están por debajo de la media nacional, cuya tasa es el 3,8 frente al 1,8 de Castilla y León, mientras que es un 3,4 en el retraso de pago de hipoteca ante el 7,4 estatal. Además, se cuenta con la Red Centinela de alerta infantil para detectar posibles casos de desnutricción y dar una respuesta rápida.
El Decreto-ley recoge un fondo de solidaridad, colaboración público privada, adicional a los presupuestos de la Junta para la lucha contra la pobreza y exclusión social. Todas las medidas, según la consejera, pretenden prevenir la pobreza y guardar la cohesión social. Marcos destacó que en una semana la norma se habrá ratificado por las Cortes.
La Junta de Castilla y León refuerza la renta garantizada de ciudadanía con medidas especiales para atender a nuevos colectivos, agilizar la ayuda y adaptarla a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social surgidas durante la crisis, según recoge el Decreto-ley que crea la Red de Protección a las familias aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que mañana publicará el Bocyl y se remite a las Cortes para su convalidación por unanimidad en el próximo pleno.
Esta es una de las novedades de la normativa, que eleva a rango de ley los 23 programas de ayudas de emergencia por la crisis unidos en la Red de Protección a las familias, cuyos detalles explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno. El Decreto-ley, que auna la firma de sindicatos, empresarios, tercer sector, corporaciones locales y y grupos de las Cortes, incorpora un catálogo de servicios para dar una “respuesta inmediata y cobertura urgente a las personas más vulnerables”.
Para el apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la distribución coordinada de alimentos o la renta garantizada de ciudadanía para que ninguna persona quede sin protección social, la Junta destina 145 millones de euros con la previsión de llegar a 100.000 castellanos y leoneses y 40.000 familias, recordó Marcos. Las ayudas de emergencia por la crisis, que se consideran un proyecto de comunidad, estarán vigentes hasta que el PIB crezca un 2 por ciento.
El Decreto-ley establece unas reglas para agilizar el acceso a la prestación de la renta de ciudadanía, que se amplía en 21 millones de euros entre los años 2013 y 2014 con la previsión de llegar a 18.000 beneficiarios este año y a 28.000 el próximo. De manera que pasará de los 33 a los 53 millones el próximo ejercicio. Además, se agilizará el pago en los casos de familias en riesgo por el impago de la hipoteca, se excluye del cómputo los bienes de solicitantes de imposible venta y las personas con preferentes.
Además, los menores y víctimas de violencia de género tendrán un trato preferente como grupos vulnerables. En el caso de los menores, no se descontará de la cuantía los fondos para pensiones o pago de alimentos en el caso de parejas separadas y podrán solicitar la renta mujeres víctimas de violencia machista que regresen temporalmente al domicilio de su familia. Tampoco podrán pedir esta prestación, personas condenadas por delitos contra la vida o la libertad sexual, sin que hayan satisfecho la responsabilidad civil (indemnización a la víctima), aunque hayan cumplido la sentencia penal.
La prevención, atención y la recuperación de las personas afectadas es el objetivo de estas ayudas de urgencia, resaltó la consejera, que subrayó la importancia de vincular la renta de ciudadanía a los planes de empleo, de manera que estos perceptores tengan una salida laboral y dejen de cobrar la prestación social. Así, los planes de empleo de la Junta tendrán medidas extraordinarias dirigidas a su contratación. Además, no se exigirá la inscripción como demandante de empleo para miembros de la unidad familiar que cursen una actividad formativa reglada o sean cuidadores de familiares dependientes.
Ayudas a la vivienda
En el ámbito de la vivienda, se recogen dos nuevas medidas ante el desahucio por impago de la hipoteca o del alquiler. La ayuda máxima para pagar la hipoteca será de 3.195 euros anuales, no se podrá embargar y será compatible con otros ingresos o prestaciones. La Junta dota esta línea con tres millones de euros. También tendrán consideración especial las personas de una unidad familiar con todos sus miembros para evitar la salida de la vivienda por el impago del alquiler.
Otro apartado de ayudas se enmarcan en suministrar alimentos, cuyo proceso se activa a través de la llamada al 012, el teléfono de información de la Junta, que coordina este sistema único de ayudas. Desde la puesta en marcha de este programa se han recibido 2.000 solicitudes, afirmó la consejera, que añadió que los datos de pobreza severa están por debajo de la media nacional, cuya tasa es el 3,8 frente al 1,8 de Castilla y León, mientras que es un 3,4 en el retraso de pago de hipoteca ante el 7,4 estatal. Además, se cuenta con la Red Centinela de alerta infantil para detectar posibles casos de desnutricción y dar una respuesta rápida.
El Decreto-ley recoge un fondo de solidaridad, colaboración público privada, adicional a los presupuestos de la Junta para la lucha contra la pobreza y exclusión social. Todas las medidas, según la consejera, pretenden prevenir la pobreza y guardar la cohesión social. Marcos destacó que en una semana la norma se habrá ratificado por las Cortes.
