Redacción
Viernes, 21 de Octubre de 2022

Los defensores del pueblo de España afirman en León que la falta de atención sanitaria presencial "castiga" a la población rural

Los garantes de los derechos a la ciudadanía han finalizado este viernes unas jornadas en las que han analizado la sanidad rural. A la clausura ha asistido el presidente de la Junta, quien se ha comprometido a "blindar por ley la asistencia sanitaria rural en esta legislatura". 

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Los defensores del pueblo de España han finalizado este viernes en León las XXXV Jornadas de Coordinación, en las que durante dos días han tratado de forma monográfica la prestación del servicio de salud en el medio rural. Los defensores de los ciudadanos han concluido que la falta de atención sanitaria presencial "castiga" a la población que reside en el medio rural por encontrarse "en situación de vulnerabilidad".

 

Los defensores del pueblo han analizado durante el jueves y el viernes la situación sanitaria en las áreas rurales por ser un tema que, año tras año, es motivo de un importante número de quejas ciudadanas, "número que se han visto incrementado, en general, durante los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por la covid 19"; además de porque es en los pueblos donde "residen de forma predominante personas mayores que, por su edad" precisan atención sanitaria de manera más intensa.

 

Los garantes de los derechos de la ciudadanía han reclamado que la población rural "pueda disfrutar del derecho de acceso" a la sanidad "en condiciones de igualdad, para lo que resulta necesario la total recuperación de las consultas presenciales" en los consultorios y la adopción de las medidas necesarias que permitan asegurar la atención sanitaria de calidad en caso de urgencias y emergencias, así como la atención especializada, "particularmente en relación con aquellos servicios que, dadas las circunstancias específicas del medio rural, son más relevantes, como la geriatría, la dependencia, la pediatría, la fisioterapia y la salud mental".

 

 

Farmacias

 

En sus conclusiones, también han señalado que se ha de asegurar, "a través de medidas positivas de ordenación y fomento", el servicio de atención farmacéutica en el medio rural, indicando que se trata de "un servicio de interés público", en el que "debe prevalecer la garantía de su prestación continua, de calidad y proximidad por encima de los factores puramente económicos. En todo caso, debe evitarse que en varios kilómetros de distancia no haya puntos de suministro de medicamentos".

 

En cuanto al personal sanitario, los defensores del pueblo han pedido que se establezcan incentivos profesionales, administrativos y económicos para poder cubrir las "las plazas de difícil acceso y para fomentar la permanencia en las mismas por parte del personal sanitario y asistencial". Y han solicitado más colaboración y coordinación entre los servicios públicos sanitarios y sociales de manera que las administraciones definan "un modelo de intervención basada en una planificación integral que implique a la red comunitaria, de salud y de servicios sociales, también que tenga como ejes promover el envejecimiento activo, y que favorezca la implantación y el desarrollo de nuevos servicios de proximidad para las personas en situación de fragilidad o dependencia y sus personas cuidadoras". 

 

 

Blindaje "por ley" de la sanidad rural

 

A la clausura de las jornadas ha asistido el presidente del a Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ha comprometido a "blindar por ley la asistencia sanitaria rural en esta legislatura". 

 

Mañueco ha puesto de relieve que Castilla y León cuenta con la red de Atención Primaria más extensa de España, con 247 centros de salud y 3.648 consultorios locales, el 37 % de todos los de España, y que la Comunidad tiene "la mejor ratio de médicos de Atención Primaria por población y está entre las mejores en enfermería", al tiempo que ha reconocido que Castilla y León "está sufriendo el problema común de esa crónica falta de profesionales del Sistema Nacional de Salud". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España un Pacto Nacional que trascienda los territorios y que aumente el número de MIR, auténtico “cuello de botella” de la cobertura de plazas.

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