Las plataformas contra los megaparques solares piden a la ministra Ribera que vote no al reglamento de la UE para acelerar el impulso de las renovables
Aseguran que la aprobación del nuevo reglamento puede poner en peligro los ecosistemas al eliminar la necesidad de evaluaciones de impacto ambiental.
![[Img #61161]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2022/1909_4682_8984_talayuela-solar-final-663x442.jpg)
Las plataformas contrarias a la instalación de megapaques solares y eólicos en nuestras comarcas están pendientes de lo que ocurra este jueves en el Consejo Extraordinario de los Ministros de Energía de la Unión Europea, ya que los ministros tiene sobre la mesa la aprobación del Reglamento para acelerar el despliegue de energías renovables ya que, según el informe jurídico redactado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa, "no se ajusta al derecho de la Unión Europea".
La presión sobre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que vote no al reglamento se ha intensificado estos días desde los colectivos ciudadanos y agrupaciones políticas como Teruel Existe, que este miércoles en el Congreso de los Diputados, su representante Tomás Guitarte, señalaba en la tribuna de oradores que además de no respetar "leyes europeas y españolas, carece de base jurídica y vulnera principio de no regresión ambiental". Guitarte coincidía con la argumentación de la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa, en que "pretenden imponer que no haya información pública" de los proyectos, "sin alegaciones, sin Estudios de Impacto Ambiental, solo seis meses de plazo para autorizaciones o silencio administrativo. Los ayuntamientos y la sociedad desconocerían si plantean un proyecto en su territorio".
El 20 y 21 de octubre de 2022, se celebró un Consejo Europeo que trató diversos temas y en sus conclusiones pidió a la Comisión que respecto de la crisis energética presentara urgentemente decisiones y propuestas relativas a ciertas medidas adicionales de carácter económico, entre las que incluyó “la agilización de la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos con el fin de acelerar el despliegue de las energías renovables y las redes, por ejemplo con medidas de emergencia sobre la base del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”.
Según el informe jurídico, "no es aceptable que, en una Comunidad de Derecho como la Unión Europea, las Instituciones no se ajusten a los Tratados Constitutivos y que establezcan normas que suponen una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados".
La Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa también piden a la ministra Ribera que vote en contra del reglamento poque "el estatus quo de la Unión Europea en la protección de la biodiversidad y las aguas y sus ecosistemas no debe ver sometido por cualquier interés privado en la producción energética de renovables, sólo aquellos intereses públicos que realmente son "superiores" pueden considerarse legitimados para causar deterioro en los más altos valores de los ecosistemas que nos sostienen", concluyen.
Las plataformas contrarias a la instalación de megapaques solares y eólicos en nuestras comarcas están pendientes de lo que ocurra este jueves en el Consejo Extraordinario de los Ministros de Energía de la Unión Europea, ya que los ministros tiene sobre la mesa la aprobación del Reglamento para acelerar el despliegue de energías renovables ya que, según el informe jurídico redactado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa, "no se ajusta al derecho de la Unión Europea".
La presión sobre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que vote no al reglamento se ha intensificado estos días desde los colectivos ciudadanos y agrupaciones políticas como Teruel Existe, que este miércoles en el Congreso de los Diputados, su representante Tomás Guitarte, señalaba en la tribuna de oradores que además de no respetar "leyes europeas y españolas, carece de base jurídica y vulnera principio de no regresión ambiental". Guitarte coincidía con la argumentación de la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa, en que "pretenden imponer que no haya información pública" de los proyectos, "sin alegaciones, sin Estudios de Impacto Ambiental, solo seis meses de plazo para autorizaciones o silencio administrativo. Los ayuntamientos y la sociedad desconocerían si plantean un proyecto en su territorio".
El 20 y 21 de octubre de 2022, se celebró un Consejo Europeo que trató diversos temas y en sus conclusiones pidió a la Comisión que respecto de la crisis energética presentara urgentemente decisiones y propuestas relativas a ciertas medidas adicionales de carácter económico, entre las que incluyó “la agilización de la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos con el fin de acelerar el despliegue de las energías renovables y las redes, por ejemplo con medidas de emergencia sobre la base del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”.
Según el informe jurídico, "no es aceptable que, en una Comunidad de Derecho como la Unión Europea, las Instituciones no se ajusten a los Tratados Constitutivos y que establezcan normas que suponen una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados".
La Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa también piden a la ministra Ribera que vote en contra del reglamento poque "el estatus quo de la Unión Europea en la protección de la biodiversidad y las aguas y sus ecosistemas no debe ver sometido por cualquier interés privado en la producción energética de renovables, sólo aquellos intereses públicos que realmente son "superiores" pueden considerarse legitimados para causar deterioro en los más altos valores de los ecosistemas que nos sostienen", concluyen.
