El INE detecta incrementos no justificados en el censo electoral del Ayuntamiento de Santiago Millas
RECTIFICACIÓN (10/03/2023). El Ayuntamiento de Santiago Millas en comunicación enviada a través de burofax a Astorga Redaccion el 6/03/2023 ha solicitado el derecho de rectificación indicando que la información referida a este ayuntamiento "es rotundamente falsa y calumniosa". En la notificación, se dice expresamente que "el Ayuntamiento de Santiago Millas ha justificado tanto al INE como a la Junta Electoral dichos incrementos del censo electoral en fechas muy anteriores a la publicación" de esta noticia, adjuntando dos documentos con fechas 27 de enero y 20 de febrero de 2023 que, según el Consistorio maragato, así lo acreditan.
![[Img #62384]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2023/8562_390_7091_ec595b30a41aa138fc0c7801fa9f2d53.jpg)
El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Oficina del Censo Electoral, ha puesto la lupa sobre los aumentos del censo registrados en 18 municipios leoneses y algunas de sus juntas vecinales. En una publicación informa que ha elevado a la Junta Electoral Central un listado de entidades locales “que han registrado un incremento de electores, significativo y no justificado”, para lo que se abre ahora el procedimiento de impugnación a realizar ante la citada junta electoral.
La provincia suma 41 expedientes referidos a distintas situaciones de 18 municipios de la provincia leonesa y tres juntas vecinales. Los municipios afectados por alguno son: Bembibre, Benuza, Cabrillanes, Cármenes, Castrocontrigo, Cistierna, Congosto, Cubillas de Rueda, La Ercina, Maraña, Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Prioro, Riello, San Adrián del Valle, Santiago Millas, Valdelugueros y Valderrueda. Las juntas vecinales investigadas son Rodanillo y Viñales en Bembibre y Peñalba de Santiago en Ponferrada. La provincia de León es la que más expedientes tiene abiertos, seguida de Burgos con casi 40.
En 13 de los expedientes los ayuntamientos no han dado respuesta a la Oficina del Censo Electoral para que explicaran en los plazos establecidos los incrementos de su censo. En los casos restantes se han dado explicaciones pero el Censo Electoral no los considera justificados por lo que eleva el asunto según la normativa.
En el listado de municipios hay sospechosos se encuentra Santiago Millas, siempre bajo lupa por altas en el censo sospechosas. En marzo de 2018, la Oficina del Censo Electoral se dirigió al Ayuntamiento maragato, gobernado por Sindo Castro (PP), porque "las altas" en el censo electoral "de los cierres de agosto y diciembre de 2017 y enero de 2018 (...) han tenido una respuesta no justificada", y solicitaba que "urgentemente, atiendan los requerimientos de la Oficina del Censo Electoral y asimismo informen inmediatamente a esta Junta Electoral Central de los motivos por los que no se ha cumplido" la obligación de explicar esta irregularidad.
Otro de los ayuntamientos habituales es Valdelugueros, donde gobierna Emilio Orejas, efímero presidente de la Diputación de León por el PP, y que ya fue obligado judicialmente en 2011 a dar de baja en el censo al 30% de la población total de su municipio, en vísperas de las elecciones. La excusa del incremento del censo fue que veían muchas antenas nuevas en las casas, desestimado como argumento por el INE.
Según la Ley Electoral la Oficina del Censo Electoral tiene la obligación de controlar y revisar “de oficio las altas y las bajas tramitadas por los órganos competentes y elabora un fichero nacional de electores, comunicando a la Junta Electoral Central los resultados de los informes, inspecciones y, en su caso, expedientes que pudiera haber incoado referidos a modificaciones en el censo de las circunscripciones que hayan determinado una alteración del número de residentes significativa y no justificada”. Para ello usa una fórmula matemática en la que detecta los incrementos anormales en relación a varios trimestres o semestres consecutivos.
Tras la notificación a la Junta Electoral Central ahora se abre el periodo de impugnación de estos censos, que deben realizar las candidaturas que se presenten en las elecciones del 28 de mayo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Oficina del Censo Electoral, ha puesto la lupa sobre los aumentos del censo registrados en 18 municipios leoneses y algunas de sus juntas vecinales. En una publicación informa que ha elevado a la Junta Electoral Central un listado de entidades locales “que han registrado un incremento de electores, significativo y no justificado”, para lo que se abre ahora el procedimiento de impugnación a realizar ante la citada junta electoral.
La provincia suma 41 expedientes referidos a distintas situaciones de 18 municipios de la provincia leonesa y tres juntas vecinales. Los municipios afectados por alguno son: Bembibre, Benuza, Cabrillanes, Cármenes, Castrocontrigo, Cistierna, Congosto, Cubillas de Rueda, La Ercina, Maraña, Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Prioro, Riello, San Adrián del Valle, Santiago Millas, Valdelugueros y Valderrueda. Las juntas vecinales investigadas son Rodanillo y Viñales en Bembibre y Peñalba de Santiago en Ponferrada. La provincia de León es la que más expedientes tiene abiertos, seguida de Burgos con casi 40.
En 13 de los expedientes los ayuntamientos no han dado respuesta a la Oficina del Censo Electoral para que explicaran en los plazos establecidos los incrementos de su censo. En los casos restantes se han dado explicaciones pero el Censo Electoral no los considera justificados por lo que eleva el asunto según la normativa.
En el listado de municipios hay sospechosos se encuentra Santiago Millas, siempre bajo lupa por altas en el censo sospechosas. En marzo de 2018, la Oficina del Censo Electoral se dirigió al Ayuntamiento maragato, gobernado por Sindo Castro (PP), porque "las altas" en el censo electoral "de los cierres de agosto y diciembre de 2017 y enero de 2018 (...) han tenido una respuesta no justificada", y solicitaba que "urgentemente, atiendan los requerimientos de la Oficina del Censo Electoral y asimismo informen inmediatamente a esta Junta Electoral Central de los motivos por los que no se ha cumplido" la obligación de explicar esta irregularidad.
Otro de los ayuntamientos habituales es Valdelugueros, donde gobierna Emilio Orejas, efímero presidente de la Diputación de León por el PP, y que ya fue obligado judicialmente en 2011 a dar de baja en el censo al 30% de la población total de su municipio, en vísperas de las elecciones. La excusa del incremento del censo fue que veían muchas antenas nuevas en las casas, desestimado como argumento por el INE.
Según la Ley Electoral la Oficina del Censo Electoral tiene la obligación de controlar y revisar “de oficio las altas y las bajas tramitadas por los órganos competentes y elabora un fichero nacional de electores, comunicando a la Junta Electoral Central los resultados de los informes, inspecciones y, en su caso, expedientes que pudiera haber incoado referidos a modificaciones en el censo de las circunscripciones que hayan determinado una alteración del número de residentes significativa y no justificada”. Para ello usa una fórmula matemática en la que detecta los incrementos anormales en relación a varios trimestres o semestres consecutivos.
Tras la notificación a la Junta Electoral Central ahora se abre el periodo de impugnación de estos censos, que deben realizar las candidaturas que se presenten en las elecciones del 28 de mayo.
