Las desigualdades en España (y 2)
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No quedó cerrada del todo la columna anterior. Se dejó abierta para seguir en la prospección de las desigualdades sociales que ha puesto de manifiesto con crudeza inusitada la ONG Oxfam Intermón. Toca el turno de España, cuyas conclusiones pueden resultar de igual o peor traducción que las mundiales reflejadas hace una quincena.
La actualidad es un juego de azar. Llegan los datos de nuestro país, justo cuando una de las empresas fuertes del panorama económico, Ferrovial, anuncia que traslada su domicilio fiscal a los Países Bajos, en búsqueda de un mejor trato tributario a sus beneficios, como si éstos hubieran sido espina de pescado y no carne magra. Cierto es que de un año para otro ha pasado de casi 1.200 millones de euros a 185,7 millones. Pero la diferencia estriba en el impacto de las ganancias extraordinarias (venta de activos, por ejemplo) del ejercicio precedente.
La decisión de esta empresa sabe a patada en el bajo vientre a una ciudadanía que cada día cuenta por miles las familias que su fin de mes se coloca en uno de los diez PRIMEROS dígitos del calendario.
Oxfam Intermón pone el acento en su informe sobre España en que “los beneficios empresariales retroalimentan la inflación, especialmente desde finales de 2021” y añade que “más de año y medio después del inicio de esta senda inflacionista, los beneficios de las empresas parecen haberse constituido como un factor clave para explicar los aumentos de precios”.
El peso de estos réditos societarios sobre el incremento de precios en el último trimestre de 2022, se cifra en el 92,5 %, y en torno al 90 % en media global anual. El pasado año, los salarios han contribuido a la subida de precios un 7 %. Ofensivo agravio cuando los sueldos son el espantajo machaconamente argüido por los empresarios para controlar las tensiones inflacionistas.
Ni siquiera el orbe empresarial escapa a su nómina interna de agravios, pues el informe de la ONG se preocupa de diferenciar entre las grandes y las pequeñas y medianas (el 92 % de nuestro tejido empresarial) de menos de cincuenta empleados, que sufren el perjuicio de esta coyuntura económica. A no perder de vista que en el propietario de una PYME es muy difícil trazar la linde entre empresario y trabajador.
Siguiendo el desfase entre beneficios y precios, los márgenes empresariales no han cesado de crecer desde que los precios iniciaron su alza (a finales de 2021). En el tercer trimestre de 2022, la media de estos márgenes se situaba en el 10,4 %, o lo que es lo mismo, uno de cada diez euros de ingresos se convierte en ganancia neta. Unos años antes, este registro era del 7,5 %.
Pero vamos al referente salarial, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), incrementado significativamente en 2023 con fuerte oposición empresarial. Para esta ONG, “hoy el SMI permite un poder de compra equivalente al de 2019. Es decir, se han perdido tres años de convergencia real”. Esta cita se refiere al plan de la Carta Social Europea de elevar el SMI en la UE en años sucesivos, hasta el 60 % de las retribuciones medias nacionales.
No hay que ser Keynes, ni Galbraith, ni Samuelson, para caer en la cuenta que una profundización de la brecha entre beneficios de empresa y salarios de trabajadores, haría insoportables y harto peligrosas para la paz social estas desigualdades.
Oxfam sostiene que, mientras en España el índice numérico de las desigualdades creció en 2,3 puntos porcentuales entre 2007 y 2013, en la zona euro la subida fue de medio punto.
España ocupa el quinto puesto, y el primero entre las grandes economías europeas, en los ratios de desigualdad social. Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía son los que nos preceden.
Que la pandemia y la guerra de Ucrania han incidido en los desajustes es algo que todo el mundo sabe. En ese sentido, la liberación de dinero público para paliar el parón económico de la COVID-19 evitó que 710.000 españoles cayeran en estado de pobreza, a través de la los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
La inflación es poderosamente clasista como lo pone de manifiesto que los hogares de los ricos apenas perciban sus efectos frente a los de los pobres, e incluso, clases medias (ha aumentado en seis puntos porcentuales su riesgo de vulnerabilidad). Durante 2022 el alza del coste de la vida ha aminorado un 26 % más el poder de compra de las familias con menos renta que el de las familias con altos ingresos.
Los hogares en el umbral de una situación vulnerable, aquellos cuya deuda acumulada supone más del 40 % de sus ingresos, han pasado en poco tiempo del 10 % al 14 %. Y en el caso más visible, el del pago de la hipoteca, la parte baja de rentas pierde más del 15 %, frente al 4,5 % de las de mayores ingresos.
El informe aboga por una serie de medidas correctoras de esta desigualdad en el medio y largo plazo que pasan por impulsar una política de rentas equilibrada (recuperación de poder adquisitivo, SMI en el 80 % de los sueldos medios, lucha contra la precariedad laboral), reforzar los impuestos a los beneficios extraordinarios, lucha contra la elusión y evasión fiscal, reforma del Impuesto de Sociedades, mejoras en la gobernanza empresarial y apoyo a la PYME.
Este es el retrato de una economía especulativa, que exige el contrato social de aquel mercantilismo del “dejad hacer, dejar pasar”, el lema del liberalismo renacido en la ley de la selva cuando se trata de dinero. Ello provoca un mundo más desigual y, por tanto, más injusto y peligroso. Bienvenidos sean los gravámenes a los beneficios extraordinarios que solo nutren los zurrones de los accionistas; y bienvenidas sean todas las ayudas fiscales a las empresas que destinan sus ganancias a renovar el tejido productivo y generar empleo de calidad en sueldos y jornada. Siempre hay otra manera de hacer las cosas.
No quedó cerrada del todo la columna anterior. Se dejó abierta para seguir en la prospección de las desigualdades sociales que ha puesto de manifiesto con crudeza inusitada la ONG Oxfam Intermón. Toca el turno de España, cuyas conclusiones pueden resultar de igual o peor traducción que las mundiales reflejadas hace una quincena.
La actualidad es un juego de azar. Llegan los datos de nuestro país, justo cuando una de las empresas fuertes del panorama económico, Ferrovial, anuncia que traslada su domicilio fiscal a los Países Bajos, en búsqueda de un mejor trato tributario a sus beneficios, como si éstos hubieran sido espina de pescado y no carne magra. Cierto es que de un año para otro ha pasado de casi 1.200 millones de euros a 185,7 millones. Pero la diferencia estriba en el impacto de las ganancias extraordinarias (venta de activos, por ejemplo) del ejercicio precedente.
La decisión de esta empresa sabe a patada en el bajo vientre a una ciudadanía que cada día cuenta por miles las familias que su fin de mes se coloca en uno de los diez PRIMEROS dígitos del calendario.
Oxfam Intermón pone el acento en su informe sobre España en que “los beneficios empresariales retroalimentan la inflación, especialmente desde finales de 2021” y añade que “más de año y medio después del inicio de esta senda inflacionista, los beneficios de las empresas parecen haberse constituido como un factor clave para explicar los aumentos de precios”.
El peso de estos réditos societarios sobre el incremento de precios en el último trimestre de 2022, se cifra en el 92,5 %, y en torno al 90 % en media global anual. El pasado año, los salarios han contribuido a la subida de precios un 7 %. Ofensivo agravio cuando los sueldos son el espantajo machaconamente argüido por los empresarios para controlar las tensiones inflacionistas.
Ni siquiera el orbe empresarial escapa a su nómina interna de agravios, pues el informe de la ONG se preocupa de diferenciar entre las grandes y las pequeñas y medianas (el 92 % de nuestro tejido empresarial) de menos de cincuenta empleados, que sufren el perjuicio de esta coyuntura económica. A no perder de vista que en el propietario de una PYME es muy difícil trazar la linde entre empresario y trabajador.
Siguiendo el desfase entre beneficios y precios, los márgenes empresariales no han cesado de crecer desde que los precios iniciaron su alza (a finales de 2021). En el tercer trimestre de 2022, la media de estos márgenes se situaba en el 10,4 %, o lo que es lo mismo, uno de cada diez euros de ingresos se convierte en ganancia neta. Unos años antes, este registro era del 7,5 %.
Pero vamos al referente salarial, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), incrementado significativamente en 2023 con fuerte oposición empresarial. Para esta ONG, “hoy el SMI permite un poder de compra equivalente al de 2019. Es decir, se han perdido tres años de convergencia real”. Esta cita se refiere al plan de la Carta Social Europea de elevar el SMI en la UE en años sucesivos, hasta el 60 % de las retribuciones medias nacionales.
No hay que ser Keynes, ni Galbraith, ni Samuelson, para caer en la cuenta que una profundización de la brecha entre beneficios de empresa y salarios de trabajadores, haría insoportables y harto peligrosas para la paz social estas desigualdades.
Oxfam sostiene que, mientras en España el índice numérico de las desigualdades creció en 2,3 puntos porcentuales entre 2007 y 2013, en la zona euro la subida fue de medio punto.
España ocupa el quinto puesto, y el primero entre las grandes economías europeas, en los ratios de desigualdad social. Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía son los que nos preceden.
Que la pandemia y la guerra de Ucrania han incidido en los desajustes es algo que todo el mundo sabe. En ese sentido, la liberación de dinero público para paliar el parón económico de la COVID-19 evitó que 710.000 españoles cayeran en estado de pobreza, a través de la los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
La inflación es poderosamente clasista como lo pone de manifiesto que los hogares de los ricos apenas perciban sus efectos frente a los de los pobres, e incluso, clases medias (ha aumentado en seis puntos porcentuales su riesgo de vulnerabilidad). Durante 2022 el alza del coste de la vida ha aminorado un 26 % más el poder de compra de las familias con menos renta que el de las familias con altos ingresos.
Los hogares en el umbral de una situación vulnerable, aquellos cuya deuda acumulada supone más del 40 % de sus ingresos, han pasado en poco tiempo del 10 % al 14 %. Y en el caso más visible, el del pago de la hipoteca, la parte baja de rentas pierde más del 15 %, frente al 4,5 % de las de mayores ingresos.
El informe aboga por una serie de medidas correctoras de esta desigualdad en el medio y largo plazo que pasan por impulsar una política de rentas equilibrada (recuperación de poder adquisitivo, SMI en el 80 % de los sueldos medios, lucha contra la precariedad laboral), reforzar los impuestos a los beneficios extraordinarios, lucha contra la elusión y evasión fiscal, reforma del Impuesto de Sociedades, mejoras en la gobernanza empresarial y apoyo a la PYME.
Este es el retrato de una economía especulativa, que exige el contrato social de aquel mercantilismo del “dejad hacer, dejar pasar”, el lema del liberalismo renacido en la ley de la selva cuando se trata de dinero. Ello provoca un mundo más desigual y, por tanto, más injusto y peligroso. Bienvenidos sean los gravámenes a los beneficios extraordinarios que solo nutren los zurrones de los accionistas; y bienvenidas sean todas las ayudas fiscales a las empresas que destinan sus ganancias a renovar el tejido productivo y generar empleo de calidad en sueldos y jornada. Siempre hay otra manera de hacer las cosas.
