OPINIÓN / ¿Por qué razón no han solicitado la ejecución de la sentencia?

Ante las mentiras que reiteradamente los tres últimos alcaldes de Val de San Lorenzo y sus concejales vienen haciendo públicas sobre el expediente que desde hace 11 años mantienen abierto contra mi familia por el tejado de nuestra casa, me veo en la obligación una vez más de aclarar las cosas.

La legislatura se está acabando y ha llegado el momento de hacer un resumen (para que la opinión pública conozca la verdad de los hechos) de la utilización que los tres alcaldes y sus concejales han hecho del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo estos últimos años, para vengarse de un vecino, antiguo concejal de la oposición del mismo.

Todo comenzó en el año 2011, cuando fue nombrada alcaldesa del Val de San Lorenzo Mª Azucena Fernández de Cabo del PP; el día que llegó a la Alcaldía mantenía una reclamación judicial contra el Ayuntamiento por unos presuntos daños y perjuicios de más de 50.000 euros, unos meses después nos informa en el Pleno del Ayuntamiento que retira esa reclamación porque no hay en las arcas municipales suficiente dinero para “autopagarse” si gana el juicio que tiene planteado, (pleno 27 de Abril de 2012), culpando al anterior Equipo de Gobierno Municipal del que yo formaba parte.

En el año 2012, un técnico del S.A.M. de la Diputación de León, a petición de la alcaldesa emite un informe en el que afirma que mi casa es ilegalizable por varias razones, la principal es que a mí solo me dieron licencia para hacer bajo más una planta, en total 7 metros al voladizo y 10 metros a cumbrera y dice que yo he construido bajo más dos, más un bajo cubierta llegando a medir 10,16 metros al voladizo y más de 13 metros a la cumbrera.

En base a ese informe, la alcaldesa mediante decreto me impone una multa de 10.001 euros y me ordena la demolición del bajo cubierta, ante esto presento en los juzgados un recurso Contencioso Administrativo. El juez sentenció que como no había presentado ningún informe técnico que rebatiese el informe del S.AM. de la Diputación de León, el recurso Contencioso Administrativo quedaba desestimado. Apelé al Tribunal Superior de Castilla y León pero como allí no se pueden aportar más pruebas que las que ya hay en el expediente, ratificaron la sentencia de León.  

En esas fechas, tanto Secundino Cordero de la Fuente, teniente de alcalde, Eligio Geijo Palacio, portavoz del partido del MAS, y sus concejales estuvieron de acuerdo en utilizar al Ayuntamiento para vengarse de un concejal de la oposición y de su familia.

Llegamos a la legislatura 2015-2019, hay un pacto de gobierno y entran a gobernar los dos primeros años, Eligio Geijo por UPL y los otros dos años, Secundino Cordero PP y deciden continuar con el expediente (no les interesaba solucionarlo), por eso yo les presento un proyecto para restaurar la legalidad de la casa y ellos encargan a un técnico, contratado a dedo, un informe sobre el proyecto. En el proyecto que presenté está muy bien explicado que a mí se me dio en su día licencia para hacer un garaje, dos plantas encima y un tejado para rematar la casa. Según la normativa provincial que ellos me aplican eso son 10 metros al voladizo y 13 metros al caballete del edificio, también está muy claro que al voladizo, la casa mide 9,82 metros y al caballete mide 12,10 metros. Por consejo de un técnico en el título del proyecto aparece la frase “para cumplimiento de sentencia”, el técnico del Ayuntamiento emite un informe sobre el proyecto de varias hojas y lo primero que dice es que está mal titulado ya que no es un cumplimiento de sentencia sino que es cumplimiento de la orden de un alcalde, y de las alturas reales del edificio que aparecen no dice nada, por lo que se deduce que está de acuerdo con ellas, ese proyecto es aprobado en Junta de Gobierno con lo que las alturas reales de la casa de 9,82 al voladizo y 12,10 a la cumbrera las dan por válidas.

Ante esto les solicito, por escrito varias veces que envíen al S.A.M. a comprobar las medidas del primer informe, el que ellos están usando para el expediente, y me contestan que para ellos vale el informe que tienen ya y que no van a pedir ninguno más. Visto que no van a hacer nada presento otro Contencioso Administrativo para que el juez ordene esa comprobación y este la desestima alegando que es que yo pretendo revisar una sentencia firme.

Como pasan los meses y el tejado no se tira, estos señores deciden imponerme 10 multas coercitivas de 2.250 euros cada una, para que tire el tejado, como para esas fechas está claro que están usando un informe técnico del S.A.M. de la Diputación “con las medidas erróneas” para vengarse personalmente por medio del Ayuntamiento de mi familia y de mí, decido ir pagándolas según van llegando, como ven que no cedo a sus pretensiones convocan una reunión con mi compañero concejal para ver qué hacen conmigo. Este señor, antes de ir revisó toda la documentación que quiso y comprobó las medidas de la casa y vio que sus medidas no coincidían con las reales, se lo dijo en la reunión, pero claro como el señor Eligio era el alcalde pero el que mandaba era el otro, la reunión fue una pérdida de tiempo.

Y llegamos a la legislatura 2019-2023, yo esta legislatura ya no soy concejal pero ellos continúan con su venganza. Los tres concejales del PSOE en el Ayuntamiento, desde el primer día, han intentado solucionar este tema, pero los del equipo de gobierno siguen en sus trece alegando que ellos no van a prevaricar, para solucionar este problema que ellos le han creado al Ayuntamiento y a mí.

El día 6 de abril de 2022, y previa petición de los concejales del PSOE, en el Ayuntamiento  se celebró un pleno extraordinario con un único punto del orden del día solicitar al S.A.M. una revisión y comprobación de las medidas de mi casa. Por parte del portavoz socialista se solicitó la recusación del alcalde y del teniente alcalde por enemistad manifiesta contra mí, ya que cuatro años antes Eligio Geijo Palacio presentó una denuncia en mi contra por, según él, amenazas con arma de fuego siendo alcalde y llevó de testigo al juicio a Secundino Cordero de la Fuente, pero la jueza se dio cuenta de las mentiras que le contaban y dictó una sentencia absolutoria, pese a este motivo no abandonaron el pleno y tomaron parte activa en él. En los más de 40 minutos que duró el pleno, el teniente de alcalde argumentó entre otras mentiras, que es que hay una sentencia y tienen que acatarla. El alcalde por su parte dijo que EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA ES COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA Y NO DEL PLENO y por ello considera que no tienen más que debatir y no procede votación ni acuerdo, proponiendo que no se someta a votación, acto seguido levantó el pleno sin votar el único punto del orden del día.

En ese pleno se pudo haber solucionado el tema muy fácilmente, ya que la solución a esto es política, no jurídica: se vota el punto del orden del día, los cuatro del equipo de gobierno “para no prevaricar ni nada” se abstienen, los tres del PSOE votan a favor y el S.A.M. de la Diputación de León vuelve a medir nuevamente la casa. Pero claro, llegados a esa situación estos alcaldes y sus concejales tendrían que dar explicaciones de lo sucedido todos estos años, empezando por sus votantes.

Y para finalizar, si como dicen ellos hay una sentencia judicial que me obliga a tirar el tejado, deberían haber explicado ya públicamente ¿por qué razón no han solicitado la ejecución de dicha sentencia?, para esta venganza han contado con la complicidad y sumisión de todos sus concejales y de algún que otro diputado provincial.