Los otros okupas

En esta España de derechonas y de izquierditas sorprende la facilidad para hacer polémica de asuntos que, mínimamente tratados con un poco de sesera y no tanta bilis, concitarían consensos y anularían esas versiones folclóricas del conservadurismo y el progresismo. El alquiler de la vivienda está a la cabeza de las preocupaciones populares. Es ahora mismo el dique de contención de uno de los asuntos que marcan  la transición generacional: la plena emancipación del relevo. Solo los más cegatos pueden cuestionar que los jóvenes están resignados a echarse a la espalda el estigma de una de las etapas malditas que cíclicamente asaltan la historia.

La juventud tiene cercenado ahora mismo el camino más recto hacia la madurez, que es la asunción de responsabilidades como individuos libres y emancipados. Es víctima de un círculo vicioso que no tiene más resultado que el choque intergeneracional entre padres e hijos, amplificado por convivencias impuestas. Aquéllos no se liberan de éstos y los segundos no se desligan de los primeros. Una doble prisión sentenciada por unos condicionantes socio-laborales enemigos de lo justo y razonable.

Resulta harto complicado escapar de las garras de estas circunstancias, si a los jóvenes no se les facilitan medios para labrarse una existencia independiente y fabricada desde sus criterios. Es verdad reconocida que hoy las rentas del trabajo no dan para escalar en la jerarquía social. A lo máximo que se parece aspirar es a demostrar una independencia acotada a la ingesta libre de cervezas en la proliferación exponencial de bares y terrazas. Ahí, por lo que se ve, se acotan las lindes vitales de esta generación.

No tienen otra salida. Los jóvenes están maltratados en sueldo y jornada laboral. A los precios que se han puesto los alquileres de vivienda, no queda más solución que o compartir piso, lo que inhabilita la deseada intimidad de pareja, o seguir tirando de la teta de la vaca del techo paterno. Los precios en las urbes que atraen desde la periferia, cada vez más inhabitada, a este segmento de población como mano de obra barata y dócil, son de imposible acceso. Rondan casi el cien por cien de sus ingresos, cuando no lo superan.

Esta realidad incontestable merece la atención prioritaria de los poderes públicos. El gobierno actual intenta atajar el problema. Quiere establecer una nueva legislación sobre el arriendo de viviendas en el contexto de un sector inmobiliario ferozmente especulador y columna vertebral de la actividad económica del país, lo que le hace hueso duro de roer a los imperativos del BOE.

La clave del asunto no es entrar en un prejuicio interesado de las propuestas del Ejecutivo. Tampoco si van a abrir la caja de Pandora del supino cabreo de los inversores o del caos de las ocupaciones ilegales. Lo que no se puede hacer, de ninguna manera, es persistir en el actual estado de una situación que carcome el tejido social. Perpetuar el actual sinsentido es llamada de berrea al estallido de la calle. Que se legisle para reformar y equilibrar con el punto de mira puesto en una juventud a la que se prohíbe conjugar en futuro. A un lado, zarandajas partidistas de competencias territoriales y trompeteo estridente de plagas egipcias. La enorme estafa es eludir la magnitud del problema, de sus soluciones y de la ubicación de los verdaderos perjudicados.  El panorama ofrece visión clara y meridiana de los beneficiados por esta inacción. Están en la mente de todos.

 Más incomprensible todavía es que una cuestión como esta no suscite en la clase política acometer uno de esos inaplazables consensos sociales que la inacción política conduce al enquistamiento del equitativo reparto de los servicios públicos. La vivienda, posiblemente no sea un derecho natural llovido del cielo, pero no se puede obviar que  favorecer su elitismo puede tener consecuencias indeseables en la convivencia. Y eso, desgraciadamente, es la percepción de una juventud que sin ella, en compra o alquiler, no puede certificarse como humanidad libre. 

No es de recibo que España sea uno de los países a la cola en el parque público de viviendas. Bienvenida sea la liberación de suelo para edificación pública que se anuncia en terrenos inutilizados de antiguos cuarteles del Ministerio de Defensa. Los agoreros del capital se ríen de la iniciativa. Se enganchan al argumento del tiempo, como si Zamora se pudiera conquistar en una hora. Es la risa sardónica del especulador al que le amplían la oferta para derrumbar los oligopolios.

Los dictadores del mercado cacarean el catastrofismo de la barra libre para los okupas con el anunciado cambio de estatus. Ignoran que toda acción conlleva una reacción, y que si el mercado de la vivienda se encorseta hasta asfixiar, la respuesta será tomarlo por las bravas. Es de de sentido común pensar que si esa oferta se amplía y se hace accesible en su coste, la tensión social de la ocupación ilegal se irá diluyendo. Eso, sin contar, con el hecho fehaciente de que la multitud de jóvenes bajo tutela paterna, es un colectivo de okupas obligados y silenciosos. Un padre jamás expulsará de su hogar a un hijo. Pero le cuesta Dios y ayuda aceptar que ese ser querido no tenga acceso a lo que él sí tuvo, aunque fuera al precio de duros sacrificios. Para nuestros hijos, ahora, ni esa escuela de la vida.