Redacción
Jueves, 12 de Diciembre de 2013
Comunicarse a golpe de denuncia
![[Img #6743]](upload/img/periodico/img_6743.jpg)
Ni el uso y alquiler de las instalaciones del Parque de Val de San Lorenzo se ha librado de la batalla judicial del PSOE y el PP.
Desde la pasada legislatura los números uno del PP y el PSOE del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo dirimen parte de sus diferencias en los juzgados, en la Fiscalía o vía de expediente administrativo. La alcaldesa, Azucena Fernández de Cabo, ha llegado a acumular hasta siete denuncias, mientras que sobre el portavoz del PSOE, Ricardo Fernández Luengo, pesa un expediente de restauración de la legalidad que le obligará a derribar el tejado de su vivienda.
La historia de los desencuentros personales entre los dos políticos maragatos comenzó nada más comenzar el anterior mandato, cuando Ricardo Fernández era el teniente alcalde en el equipo de gobierno UPL-PSOE, y Azucena Fernández ostentaba el cargo de presidenta de la Junta Vecinal de Val de San Lorenzo. El PSOE puso en conocimiento de los juzgados de Astorga la petición de un crédito de 12.000 euros para organizar un encuentro folclórico, alegando que la decisión había sido tomada por un número inferior a los dos tercios de la junta vecinal. El juzgado terminó archivando el caso, entre otras razones, por haber prescrito cuando se produjo el dictamen del juez.
A partir de ese momento, la relación que debería discurrir por cauces políticos entró en una deriva judicial contra la alcaldesa actual que ha ido tocando todos los 'palos' y tribunales, desde el Contencioso administrativo por vulnerar la ley de Urbanismo (2010), pasando por la malversación de caudales públicos, siguiendo por la Fiscalía porque presuntamente no tenía validez el voto de calidad de la alcaldesa, incluso también hubo una demanda penal (en este caso del anterior alcalde de la UPL, Guillermo Tejerina) por injurias y calumnias. Todas han sido archivadas.
La última 'visita' a la Fiscalía por parte de Ricardo Fernández ha sido para poner en conocimiento del fiscal que el PP "no quiere que entre en vigor la ordenanza" -ha explicado el edil socialista-, para poner al día los alquileres por el uso de dependencias municipales como el Parque, la casa del maestro y la nave municipal; según el portavoz del PSOE, "la nave la tienen alquilada por un euro el teniente alcalde y un familiar de la alcaldesa". Azucena Fernández no está de acuerdo con esta interpretación, según la alcaldesa, algunos de los contratos de alquiler de estas instalaciones han sido firmados por 25 años y para actualizar la ordenanza "deberíamos romper el contrato, cosa que no podemos hacer". La regidora defiende que la nave se la alquiló el Ayuntamiento "hace años" a la cooperativa 'Carne de calidad Montañas del Teleno' "que son 47 socios en total". La Fiscalía también ha archivado este asunto.
![[Img #6742]](upload/img/periodico/img_6742.jpg)
El alquiler de la nave a la cooperativa de carnes Montañas del Teleno ha sido llevado a la Fiscalía por parte del PSOE.
El cúmulo de denuncias tuvo como consecuencia que en el momento de llegar al sillón de la Alcaldía, Azucena Fernández, a la vista de que "no deja de tocar las narices" -ha señalado-, sacara del cajón el expediente abierto hace dos legislaturas contra la vivienda de Ricardo Fernández, ya que la altura del tejado no se adapta a las normas urbanísticas provinciales. El portavoz del PSOE le acusa de "persecución política" y de hacer la vista gorda con otras construcciones que incumplen la normativa urbanística provincial. En todo caso, la regidora también se ha fijado en el gallinero construido por el concejal del PSOE, "se le pidió una memoria técnica que no ha presentado", por construir en suelo rústico y no haber separado la construcción a cinco metros del lindero.
Vista la imposibilidad de que los dos políticos se comuniquen por la vía del diálogo, la principal conclusión que se deriva de esta situación es que llevar el asunto al terreno judicial y a la sanción administrativa esquiva el sano debate político, ya que no es posible hablar sobre lo acertado o desacertado de una medida. La judicialización de la vida política en Val de San Lorenzo, es un claro ejemplo de lo que el periodista Paxto Unzueta dejó escrito en un memorable artículo de opinión en 2011 titulado 'Fraternales enemigos': "cuando el poder político 'pide a un juez que zanje en su lugar en un debate de naturaleza política, está reconociendo en público que la credibilidad de la justicia es mayor que la suya”, escribió en los años 90 Alain Minc (La borrachera democrática. 1995)'".
Ni el uso y alquiler de las instalaciones del Parque de Val de San Lorenzo se ha librado de la batalla judicial del PSOE y el PP.
Desde la pasada legislatura los números uno del PP y el PSOE del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo dirimen parte de sus diferencias en los juzgados, en la Fiscalía o vía de expediente administrativo. La alcaldesa, Azucena Fernández de Cabo, ha llegado a acumular hasta siete denuncias, mientras que sobre el portavoz del PSOE, Ricardo Fernández Luengo, pesa un expediente de restauración de la legalidad que le obligará a derribar el tejado de su vivienda.
La historia de los desencuentros personales entre los dos políticos maragatos comenzó nada más comenzar el anterior mandato, cuando Ricardo Fernández era el teniente alcalde en el equipo de gobierno UPL-PSOE, y Azucena Fernández ostentaba el cargo de presidenta de la Junta Vecinal de Val de San Lorenzo. El PSOE puso en conocimiento de los juzgados de Astorga la petición de un crédito de 12.000 euros para organizar un encuentro folclórico, alegando que la decisión había sido tomada por un número inferior a los dos tercios de la junta vecinal. El juzgado terminó archivando el caso, entre otras razones, por haber prescrito cuando se produjo el dictamen del juez.
A partir de ese momento, la relación que debería discurrir por cauces políticos entró en una deriva judicial contra la alcaldesa actual que ha ido tocando todos los 'palos' y tribunales, desde el Contencioso administrativo por vulnerar la ley de Urbanismo (2010), pasando por la malversación de caudales públicos, siguiendo por la Fiscalía porque presuntamente no tenía validez el voto de calidad de la alcaldesa, incluso también hubo una demanda penal (en este caso del anterior alcalde de la UPL, Guillermo Tejerina) por injurias y calumnias. Todas han sido archivadas.
La última 'visita' a la Fiscalía por parte de Ricardo Fernández ha sido para poner en conocimiento del fiscal que el PP "no quiere que entre en vigor la ordenanza" -ha explicado el edil socialista-, para poner al día los alquileres por el uso de dependencias municipales como el Parque, la casa del maestro y la nave municipal; según el portavoz del PSOE, "la nave la tienen alquilada por un euro el teniente alcalde y un familiar de la alcaldesa". Azucena Fernández no está de acuerdo con esta interpretación, según la alcaldesa, algunos de los contratos de alquiler de estas instalaciones han sido firmados por 25 años y para actualizar la ordenanza "deberíamos romper el contrato, cosa que no podemos hacer". La regidora defiende que la nave se la alquiló el Ayuntamiento "hace años" a la cooperativa 'Carne de calidad Montañas del Teleno' "que son 47 socios en total". La Fiscalía también ha archivado este asunto.
El alquiler de la nave a la cooperativa de carnes Montañas del Teleno ha sido llevado a la Fiscalía por parte del PSOE.
El cúmulo de denuncias tuvo como consecuencia que en el momento de llegar al sillón de la Alcaldía, Azucena Fernández, a la vista de que "no deja de tocar las narices" -ha señalado-, sacara del cajón el expediente abierto hace dos legislaturas contra la vivienda de Ricardo Fernández, ya que la altura del tejado no se adapta a las normas urbanísticas provinciales. El portavoz del PSOE le acusa de "persecución política" y de hacer la vista gorda con otras construcciones que incumplen la normativa urbanística provincial. En todo caso, la regidora también se ha fijado en el gallinero construido por el concejal del PSOE, "se le pidió una memoria técnica que no ha presentado", por construir en suelo rústico y no haber separado la construcción a cinco metros del lindero.
Vista la imposibilidad de que los dos políticos se comuniquen por la vía del diálogo, la principal conclusión que se deriva de esta situación es que llevar el asunto al terreno judicial y a la sanción administrativa esquiva el sano debate político, ya que no es posible hablar sobre lo acertado o desacertado de una medida. La judicialización de la vida política en Val de San Lorenzo, es un claro ejemplo de lo que el periodista Paxto Unzueta dejó escrito en un memorable artículo de opinión en 2011 titulado 'Fraternales enemigos': "cuando el poder político 'pide a un juez que zanje en su lugar en un debate de naturaleza política, está reconociendo en público que la credibilidad de la justicia es mayor que la suya”, escribió en los años 90 Alain Minc (La borrachera democrática. 1995)'".
