Redacción
Martes, 17 de Diciembre de 2013
El Grupo Socialista en el Senado considera "muy negativa" la reforma local y la define como "un nuevo hito del ninguneo" al municipalismo
Los senadores socialistas por Castilla y León, Emilio Álvarez Villazán, Ander Gil, Ibán Garcia del Blanco, Félix Montes, Ander Gil, Elena Diego, Nicanor Sen y José Fernández Blanco, han valorado este martes de forma "muy negativa" el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado esta mañana en el Senado.
Álvarez Villazán, como portavoz del grupo territorial de senadores de Castilla y León, insistió en que es "un nuevo hito del ninguneo" al municipalismo en España, criticó la "falta de sensibilidad" del Gobierno del PP hacia los municipios y manifestó que la Ley "ataca a los ayuntamientos, daña a las comunidades autónomas y perjudica a los ciudadanos".
Además, el parlamentario del PSOE explicó que los senadores socialistas de Castilla y León se congratulan, en primer lugar, de que el PP haya rectificado y que, ante la presión de los movimientos y plataformas vecinales, haya aprobado una enmienda del Partido Socialista y de toda la oposición por la cual se mantiene a la Juntas vecinales como administración pública.
También subrayó el cinismo de los populares que, hasta ayer, declaraban que no había ningún problema con las Juntas vecinales y hoy, tras la aprobación de esta enmienda manifiestan que son ellos los que “han salvado” a las Juntas vecinales. “Si no había ningún problema ¿qué es lo que había que salvar?”, se preguntó.
Emilio Álvarez Villazán indicó que la ley supone un empeoramiento de los ayuntamientos desde el punto de vista democrático porque transfiere las grandes decisiones y las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (el 90 por ciento en Castilla y León) a las Diputaciones, instituciones que no han sido elegidas por los ciudadanos. Además, abre la puerta, siempre según el PSOE, a la "privatización de los servicios y hace posible que un grupo político que no tenga mayoría en el Pleno del ayuntamiento y gobierne pueda aprobar sus propios presupuestos simplemente después de un año de prórroga".
Álvarez Villazán también apuntó que las comunidades autónomas van a desempeñar un papel "confuso". Por una parte, sijo, "se invaden competencias de algunas de las autonomías, obligándolas a asumir servicios que antes prestaban los ayuntamientos y, por otra, se les da excesivas competencias a la hora de tutelar a los ayuntamientos".
El senador vallisoletano explicó que la Ley "llena de incertidumbre a las personas que recibían servicios sociales de los ayuntamientos, (ayuda a domicilio, ayudas de emergencia social, etc…), a las personas más necesitadas, ya que el compromiso de última hora del Gobierno de dotar a las comunidades autónomas de financiación suficiente para asumir estas competencias (más de 300 millones de euros, según la estimación de la Junta de Castilla y León) está por ver".
En otro orden de cosas, indicó que la ley convierte al Ministerio de Hacienda en el “guardián de los ayuntamientos”, al poder intervenir de manera permanente en el coste efectivo y en la sostenibilidad y la estabilidad presupuestaria de los mismos. Ambos mecanismos, agregaron, "vacían de competencias de contenido político a los ayuntamientos y los convierte en meros órganos de gestión, como ocurría en el pasado". "Y allí donde no llegue el Ministerio de Hacienda, aparecerá cualquier consejería de la comunidad para seguir tutelando a los ayuntamientos".
Seguidamente, subrayó que el Ejecutivo del Partido Popular piensa aplicar la ley (la transferencia de las competencias en materia de servicios sociales a favor de los gobiernos autónomos) después de las elecciones municipales de 2015 en lo que califica como una "estrategia electoralista para no perjudicar a los candidatos del PP".
Por último, señaló que “esperamos que la Junta de Castilla y León no se escude en “cuatro modificaciones” para no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley que atenta gravemente contra el mundo rural y la democracia, en Castilla y Léon”.
Los senadores socialistas por Castilla y León, Emilio Álvarez Villazán, Ander Gil, Ibán Garcia del Blanco, Félix Montes, Ander Gil, Elena Diego, Nicanor Sen y José Fernández Blanco, han valorado este martes de forma "muy negativa" el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado esta mañana en el Senado.
Álvarez Villazán, como portavoz del grupo territorial de senadores de Castilla y León, insistió en que es "un nuevo hito del ninguneo" al municipalismo en España, criticó la "falta de sensibilidad" del Gobierno del PP hacia los municipios y manifestó que la Ley "ataca a los ayuntamientos, daña a las comunidades autónomas y perjudica a los ciudadanos".
Además, el parlamentario del PSOE explicó que los senadores socialistas de Castilla y León se congratulan, en primer lugar, de que el PP haya rectificado y que, ante la presión de los movimientos y plataformas vecinales, haya aprobado una enmienda del Partido Socialista y de toda la oposición por la cual se mantiene a la Juntas vecinales como administración pública.
También subrayó el cinismo de los populares que, hasta ayer, declaraban que no había ningún problema con las Juntas vecinales y hoy, tras la aprobación de esta enmienda manifiestan que son ellos los que “han salvado” a las Juntas vecinales. “Si no había ningún problema ¿qué es lo que había que salvar?”, se preguntó.
Emilio Álvarez Villazán indicó que la ley supone un empeoramiento de los ayuntamientos desde el punto de vista democrático porque transfiere las grandes decisiones y las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (el 90 por ciento en Castilla y León) a las Diputaciones, instituciones que no han sido elegidas por los ciudadanos. Además, abre la puerta, siempre según el PSOE, a la "privatización de los servicios y hace posible que un grupo político que no tenga mayoría en el Pleno del ayuntamiento y gobierne pueda aprobar sus propios presupuestos simplemente después de un año de prórroga".
Álvarez Villazán también apuntó que las comunidades autónomas van a desempeñar un papel "confuso". Por una parte, sijo, "se invaden competencias de algunas de las autonomías, obligándolas a asumir servicios que antes prestaban los ayuntamientos y, por otra, se les da excesivas competencias a la hora de tutelar a los ayuntamientos".
El senador vallisoletano explicó que la Ley "llena de incertidumbre a las personas que recibían servicios sociales de los ayuntamientos, (ayuda a domicilio, ayudas de emergencia social, etc…), a las personas más necesitadas, ya que el compromiso de última hora del Gobierno de dotar a las comunidades autónomas de financiación suficiente para asumir estas competencias (más de 300 millones de euros, según la estimación de la Junta de Castilla y León) está por ver".
En otro orden de cosas, indicó que la ley convierte al Ministerio de Hacienda en el “guardián de los ayuntamientos”, al poder intervenir de manera permanente en el coste efectivo y en la sostenibilidad y la estabilidad presupuestaria de los mismos. Ambos mecanismos, agregaron, "vacían de competencias de contenido político a los ayuntamientos y los convierte en meros órganos de gestión, como ocurría en el pasado". "Y allí donde no llegue el Ministerio de Hacienda, aparecerá cualquier consejería de la comunidad para seguir tutelando a los ayuntamientos".
Seguidamente, subrayó que el Ejecutivo del Partido Popular piensa aplicar la ley (la transferencia de las competencias en materia de servicios sociales a favor de los gobiernos autónomos) después de las elecciones municipales de 2015 en lo que califica como una "estrategia electoralista para no perjudicar a los candidatos del PP".
Por último, señaló que “esperamos que la Junta de Castilla y León no se escude en “cuatro modificaciones” para no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley que atenta gravemente contra el mundo rural y la democracia, en Castilla y Léon”.
