Los acusados por la venta de carne de caballo en mal estado en los mataderos de Astorga y Toreno no irán a la cárcel
Tras llegar a un acuerdo de conformidad y reconocer los hechos, verán sus penas rebajadas y evitarán la prisión
![[Img #65567]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2023/3467_5458_5508_1557_1491414187711matadero-astorga2dn.jpg)
Los once acusados por la venta de piezas de caballo en mal estado, entre las que se incluían algunas con rastros de melanoma, han reconocido ante la Audiencia Nacional que introdujeron en el mercado carne de équido inadecuada para el consumo humano. Estos productos llegaron a ser exportados desde los mataderos de Astorga y Toreno hacia naciones como Bélgica o Italia.
De forma unánime, y siete años después del inicio de la investigación, reconocieron los hechos que se les imputaban por parte del fiscal, gracias a un acuerdo de conformidad que redujo significativamente las solicitudes de condena, aceptando penas que oscilan entre 10 meses y dos años y cinco meses de prisión.
Tras fijarse un acuerdo en el que la Fiscalía ha retirado la acusación de pertenencia a grupo criminal, el tribunal emitirá una sentencia en consonancia. Esto se debe a que el proceso "experimentó retrasos en su tramitación", transcurriendo más de seis años desde el inicio del procedimiento hasta el juicio.
Por lo tanto, las penas que inicialmente solicitaba el fiscal, que iban desde cuatro hasta nueve años y medio de prisión, se han reducido a condenas por cargos de delito contra la salud pública y falsificación de documentos.
Entre los condenados se encuentran un antiguo veterinario oficial de Castilla y León y dos individuos que trabajaban como intermediarios en los mataderos. Estos tres aceptaron las condenas más severas, que oscilan entre dos años y dos años y cinco meses de prisión. Además, el primero de ellos enfrentará una inhabilitación para ejercer cargos públicos como veterinario durante dos años y 11 meses, mientras que todos los acusados serán condenados a penas de multa que van desde los 1.500 hasta los 4.500 euros.
Durante 2016 y 2017, en los mataderos de Astorga y Toreno, los acusados contribuyeron a la distribución en el mercado de carne de caballo inadecuada para el consumo humano, eludiendo su rastreabilidad y control sanitario, comerciando con animales enfermos y/o fallecidos.
Los caballos carecían de documentación adecuada y presentaban riesgos para el consumo humano, contando con un “pasaporte rojo". Para disfrazar esta certificación, se llevaba a cabo un proceso de "blanqueo" al sustituirla por la de otros animales, inclusive algunos que ya habían fallecido. En otros casos, los caballos eran sacrificados y se incorporaban al mercado a pesar de que no eran idóneos para ello, según lo alegado por la Fiscalía.
Los once acusados por la venta de piezas de caballo en mal estado, entre las que se incluían algunas con rastros de melanoma, han reconocido ante la Audiencia Nacional que introdujeron en el mercado carne de équido inadecuada para el consumo humano. Estos productos llegaron a ser exportados desde los mataderos de Astorga y Toreno hacia naciones como Bélgica o Italia.
De forma unánime, y siete años después del inicio de la investigación, reconocieron los hechos que se les imputaban por parte del fiscal, gracias a un acuerdo de conformidad que redujo significativamente las solicitudes de condena, aceptando penas que oscilan entre 10 meses y dos años y cinco meses de prisión.
Tras fijarse un acuerdo en el que la Fiscalía ha retirado la acusación de pertenencia a grupo criminal, el tribunal emitirá una sentencia en consonancia. Esto se debe a que el proceso "experimentó retrasos en su tramitación", transcurriendo más de seis años desde el inicio del procedimiento hasta el juicio.
Por lo tanto, las penas que inicialmente solicitaba el fiscal, que iban desde cuatro hasta nueve años y medio de prisión, se han reducido a condenas por cargos de delito contra la salud pública y falsificación de documentos.
Entre los condenados se encuentran un antiguo veterinario oficial de Castilla y León y dos individuos que trabajaban como intermediarios en los mataderos. Estos tres aceptaron las condenas más severas, que oscilan entre dos años y dos años y cinco meses de prisión. Además, el primero de ellos enfrentará una inhabilitación para ejercer cargos públicos como veterinario durante dos años y 11 meses, mientras que todos los acusados serán condenados a penas de multa que van desde los 1.500 hasta los 4.500 euros.
Durante 2016 y 2017, en los mataderos de Astorga y Toreno, los acusados contribuyeron a la distribución en el mercado de carne de caballo inadecuada para el consumo humano, eludiendo su rastreabilidad y control sanitario, comerciando con animales enfermos y/o fallecidos.
Los caballos carecían de documentación adecuada y presentaban riesgos para el consumo humano, contando con un “pasaporte rojo". Para disfrazar esta certificación, se llevaba a cabo un proceso de "blanqueo" al sustituirla por la de otros animales, inclusive algunos que ya habían fallecido. En otros casos, los caballos eran sacrificados y se incorporaban al mercado a pesar de que no eran idóneos para ello, según lo alegado por la Fiscalía.
