El debate político se recrudece en Astorga y Gobierno y oposición se acusan de "contrataciones ilegales" e "incompetencia"
La polémica ha saltado al escenario público tras el comunicado del Partido Popular
![[Img #66239]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2023/8360_ayuntamiento.jpg)
Tras la polémica surgida el pasado lunes por la reducción del horario de la Casa Panero, que sólo será visitable previa inscripción en la Oficina de Turismo, el envío de misivas entre el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Astorga y los responsables socialistas durante los últimos cuatro años, ha estallado.
Durante el día de ayer, el PP inició las hostilidades asegurando la legislatura del PSOE comandada por Juan José Alonso Perandones se incurrió en “contrataciones ilegales con informes de los servicios de secretaría e intervención advirtiendo de su ilegalidad”. Estas declaraciones, que están perpetuándose desde que la nueva Corporación asumiese el bastón de mando el pasado mes de junio, se han recrudecido en su último comunicado.
Asimismo, aseguran que algunos contratos “han sido ilegales y arbitrarios, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por estos incumplimientos, en determinados servicios, hasta el 75 % de la plantilla existente en aquellos han adquirido el carácter de indefinido por sentencias judiciales”. Parece ignorar este equipo de Gobierno, sin embargo, que aunque las sentencias se han ido sucediendo en los últimos cuatro años, el grueso de las denuncias se realizó durante el anterior mandato popular (2015-2019).
En respuesta, la antigua responsable de Personal del PSOE (2019-2023), Ángeles Rubio, se ha defendido de las acusaciones arguyendo que “al hacernos cargo del Consistorio en 2019 nos encontramos con una plantilla funcionando en modo precario por falta de acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores para aprobar la RPT”.
Alega, a su vez, que “las modalidades de contratación no se las inventó nuestro equipo de Gobierno, sino que eran las vigentes en todos los ayuntamientos (…) sobre los indefinidos no fijos por sentencia es mejor que les pregunten a sus compañeros de la legislatura 2015-2019, que las propiciaron de forma intensiva”.
Rubio sostiene que nunca han recurrido “a contratos ilegales y arbitrarios incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad” y que, en el caso de los puestos subvencionados por otras administraciones públicas, “hemos realizado las pruebas de selección y ellos han establecido la modalidad. Eso les permitió, ironiza, “no tener que cerrar ninguna instalación municipal y seguir dando servicio a los ciudadanos”, recriminando a los populares el retraso de algunas escuelas deportivas y la disminución drástica del horario del Museo Casa Panero.
En otro orden de cosas, y tras el RD 32/2021, según el cual el personal indefinido no fijo debe superar un proceso de oposición o concurso-oposición antes del 31 de diciembre de 2024, asegura que “hemos dejado las bases establecidas y a ustedes les corresponde cumplir con ese proceso”.
Sea como fuere, una vez más, el debate político se llena de descalificativos y acusaciones. Ya sea la falta de información, las rencillas entre ediles o las tensiones inherentes a la actividad consistorial, medio año después la bimilenaria parece seguir en campaña electoral.
Tras la polémica surgida el pasado lunes por la reducción del horario de la Casa Panero, que sólo será visitable previa inscripción en la Oficina de Turismo, el envío de misivas entre el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Astorga y los responsables socialistas durante los últimos cuatro años, ha estallado.
Durante el día de ayer, el PP inició las hostilidades asegurando la legislatura del PSOE comandada por Juan José Alonso Perandones se incurrió en “contrataciones ilegales con informes de los servicios de secretaría e intervención advirtiendo de su ilegalidad”. Estas declaraciones, que están perpetuándose desde que la nueva Corporación asumiese el bastón de mando el pasado mes de junio, se han recrudecido en su último comunicado.
Asimismo, aseguran que algunos contratos “han sido ilegales y arbitrarios, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por estos incumplimientos, en determinados servicios, hasta el 75 % de la plantilla existente en aquellos han adquirido el carácter de indefinido por sentencias judiciales”. Parece ignorar este equipo de Gobierno, sin embargo, que aunque las sentencias se han ido sucediendo en los últimos cuatro años, el grueso de las denuncias se realizó durante el anterior mandato popular (2015-2019).
En respuesta, la antigua responsable de Personal del PSOE (2019-2023), Ángeles Rubio, se ha defendido de las acusaciones arguyendo que “al hacernos cargo del Consistorio en 2019 nos encontramos con una plantilla funcionando en modo precario por falta de acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores para aprobar la RPT”.
Alega, a su vez, que “las modalidades de contratación no se las inventó nuestro equipo de Gobierno, sino que eran las vigentes en todos los ayuntamientos (…) sobre los indefinidos no fijos por sentencia es mejor que les pregunten a sus compañeros de la legislatura 2015-2019, que las propiciaron de forma intensiva”.
Rubio sostiene que nunca han recurrido “a contratos ilegales y arbitrarios incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad” y que, en el caso de los puestos subvencionados por otras administraciones públicas, “hemos realizado las pruebas de selección y ellos han establecido la modalidad. Eso les permitió, ironiza, “no tener que cerrar ninguna instalación municipal y seguir dando servicio a los ciudadanos”, recriminando a los populares el retraso de algunas escuelas deportivas y la disminución drástica del horario del Museo Casa Panero.
En otro orden de cosas, y tras el RD 32/2021, según el cual el personal indefinido no fijo debe superar un proceso de oposición o concurso-oposición antes del 31 de diciembre de 2024, asegura que “hemos dejado las bases establecidas y a ustedes les corresponde cumplir con ese proceso”.
Sea como fuere, una vez más, el debate político se llena de descalificativos y acusaciones. Ya sea la falta de información, las rencillas entre ediles o las tensiones inherentes a la actividad consistorial, medio año después la bimilenaria parece seguir en campaña electoral.
