ILeón
Jueves, 08 de Agosto de 2024

Luz verde del Gobierno de España a una planta fotovoltaica entre las comarcas de la Cepeda y del Órbigo

La instalación y sus líneas de evacuación se localizarán en terrenos de Villamejil, Quintana del Castillo y Benavides

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La empresa Roble New Energy consigue, gracias al Gobierno de España, la autorización administrativa previa para la construcción de Villameca I, que ha obtenido la declaración de utilidad pública y contará con una potencia instalada de 87,4 megavatrios, tal y como reza el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este jueves 8 de agosto. 

 

El parque fotovoltaico afectará a las comarcas de la Cepeda y el Órbigo, ya sea instalación o sus líneas de evacuación, ocupando terrenos en Villamejil, Quintana del Castillo y la Cepeda. 

 

La solicitud administrativa previa por parte del promotor se remonta a octubre de 2020. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico planteó varias modificaciones al formular la declaración de impacto ambiental favorable. Aparte de adaptarse a esos cambios, Roble New Energy solicitó también la declaración de utilidad pública. Así, el expediente fue incoado en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León. Y en la tramitación afloraron posturas contrarias, como la de la Junta Vecinal de Sueros de Cepeda, que justificó su oposición al proyectos con motivos principalmente relacionados con los ámbitos ambiental, socioeconómico y urbanístico.

 

Para ajustarse a la declaración de impacto ambiental, la iniciativa tuvo que incluir cuestiones como el desarrollo y aplicación de un plan de compensación para la mejora del hábitat de las aves esteparias durante toda la vida útil de las plantas fotovoltaicas y hasta su desmantelamiento, así como contar con un plan de autoprotección frente a incendios forestales.

 

Finalmente, la Dirección General de Política Energética y Minas del Gobierno ha concedido a la empresa promotora la autorización para ejecutar el proyecto y declarar su utilidad pública. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede todavía interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes. 

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