El consejero de Medio Ambiente anuncia que impedirá los parques solares en terreno agrícola cuando muchos ya están autorizados
Se trata de una medida que llega ya muy tarde, dado que son muchos los proyectos aprobados en zonas cultivables, tanto por el Gobierno central como por la propia Junta
![[Img #69884]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2024/8461_3469_1565_1591794025752colardn.jpg)
Han pasado dos años desde que la Junta de Castilla y León anunciase su primer paquete de medidas en contra de la proliferación y el avance desordenado de los proyectos de macroplantas de renovables (solares y eólicas). Ahora, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado en sede parlamentaria que estas acciones se ampliarán con nuevas restricciones para los promotores.
En concreto, ante una pregunta del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Suárez-Quiñones informó de un próximo e inminente cambio en la norma autonómica en vigor para ampliar la protección en terrenos agrícolas, impidiendo que las macroplantas se puedan instalar en suelo apto para el cultivo.
Sin embargo, se trata de una medida que llega ya muy tarde, dado que son muchos los proyectos ya autorizados en terrenos cultivables, tanto por el Gobierno central como por la propia Junta, que también ha bendecido con el impacto ambiental favorable de los estatales, y eso a pesar de constantes críticas de algunos sindicatos agrarios.
El consejero, en el Parlamento autonómico recordó que su consejería ya aprobó “los decretos leyes 2 y 4 del año 2022, estableciendo restricciones generales para proteger nuestros valores ambientales, agronómicos, patrimoniales y socioeconómicos”, asegurando entonces que tendrían mucho mayores controles ambientales que los establecidos por el Gobierno.
Además, en similares fechas de 2022 la Junta también se comprometió públicamente a impedir las maniobras de muchas empresas promotoras de trocear proyectos solares o eólicos para conseguir su aprobación, por la proliferación de este tipo de casos en varias comarcas de la provincia de León. Este compromiso ya se ha demostrado incumplido, al autorizar la administración autonómica varios casos flagrantes como los proyectos fotovoltaicos de La Llanada, El Monte, Roteles, La Fenera y Valtarafón, todos ellos de idéntico grupo empresarial y en los mismos municipios de Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo.
En el caso de los terrenos de cultivos, a los que ahora anuncia la Junta que ampliará su protección, ya se ha podido comprobar que la Junta ha 'bendecido' numerosos casos con la evaluación de impacto ambiental favorable, autorizaciones administrativas previas y también autorizaciones de construcción, incluso permitiendo que los proyectos sean blindados al considerarse como de utilidad pública.
Los mencionados de Cimanes y Villadangos son ejemplos que sirven para demostrar el troceado permitido y la ocupación de suelo plenamente cultivable y rentable. No pocos agricultores se quejan amargamente de que con su permisividad, y autorizando incluso la posibilidad de que se puedan expropiar los terrenos que las compañías necesiten, la Junta de Castilla y León les arrebata tierras en pleno uso. Y en no pocos casos, la subsistencia de algunos agricultores, como recababa ILeón de algunos de los casos afectados en el Páramo.
No son los únicos: otros proyectos Los Oteros o zonas como El Burgo Ranero, donde se critica que incluso afecta a parcelas donde ya ha regado el regadío tras grandes inversiones. Igualmente se censura en parte del mucho suelo que se verá afectado por el llamado Nudo Vilecha, el amplio tendido eléctrico que atravesará municipios como Villadangos del Páramo, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina y León.
Han pasado dos años desde que la Junta de Castilla y León anunciase su primer paquete de medidas en contra de la proliferación y el avance desordenado de los proyectos de macroplantas de renovables (solares y eólicas). Ahora, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado en sede parlamentaria que estas acciones se ampliarán con nuevas restricciones para los promotores.
En concreto, ante una pregunta del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Suárez-Quiñones informó de un próximo e inminente cambio en la norma autonómica en vigor para ampliar la protección en terrenos agrícolas, impidiendo que las macroplantas se puedan instalar en suelo apto para el cultivo.
Sin embargo, se trata de una medida que llega ya muy tarde, dado que son muchos los proyectos ya autorizados en terrenos cultivables, tanto por el Gobierno central como por la propia Junta, que también ha bendecido con el impacto ambiental favorable de los estatales, y eso a pesar de constantes críticas de algunos sindicatos agrarios.
El consejero, en el Parlamento autonómico recordó que su consejería ya aprobó “los decretos leyes 2 y 4 del año 2022, estableciendo restricciones generales para proteger nuestros valores ambientales, agronómicos, patrimoniales y socioeconómicos”, asegurando entonces que tendrían mucho mayores controles ambientales que los establecidos por el Gobierno.
Además, en similares fechas de 2022 la Junta también se comprometió públicamente a impedir las maniobras de muchas empresas promotoras de trocear proyectos solares o eólicos para conseguir su aprobación, por la proliferación de este tipo de casos en varias comarcas de la provincia de León. Este compromiso ya se ha demostrado incumplido, al autorizar la administración autonómica varios casos flagrantes como los proyectos fotovoltaicos de La Llanada, El Monte, Roteles, La Fenera y Valtarafón, todos ellos de idéntico grupo empresarial y en los mismos municipios de Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo.
En el caso de los terrenos de cultivos, a los que ahora anuncia la Junta que ampliará su protección, ya se ha podido comprobar que la Junta ha 'bendecido' numerosos casos con la evaluación de impacto ambiental favorable, autorizaciones administrativas previas y también autorizaciones de construcción, incluso permitiendo que los proyectos sean blindados al considerarse como de utilidad pública.
Los mencionados de Cimanes y Villadangos son ejemplos que sirven para demostrar el troceado permitido y la ocupación de suelo plenamente cultivable y rentable. No pocos agricultores se quejan amargamente de que con su permisividad, y autorizando incluso la posibilidad de que se puedan expropiar los terrenos que las compañías necesiten, la Junta de Castilla y León les arrebata tierras en pleno uso. Y en no pocos casos, la subsistencia de algunos agricultores, como recababa ILeón de algunos de los casos afectados en el Páramo.
No son los únicos: otros proyectos Los Oteros o zonas como El Burgo Ranero, donde se critica que incluso afecta a parcelas donde ya ha regado el regadío tras grandes inversiones. Igualmente se censura en parte del mucho suelo que se verá afectado por el llamado Nudo Vilecha, el amplio tendido eléctrico que atravesará municipios como Villadangos del Páramo, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina y León.
