Redacción
Lunes, 14 de Octubre de 2024

'Macrorenovables NO' lanza una herramienta jurídica para "enfrentar el impacto de este tipo de proyectos"

"Es vital que las comunidades afectadas tengan acceso a recursos legales para defender sus derechos"

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La asociaciones y plataformas integradas en 'Macrorenovables NO', la Fundación GEA Gestión Territorial y la Asociación Paisajes y Viñedos de España han creado una herramienta jurídica con la intención de "enfrentar el impacto de los megaproyectos de energías renovables promovidos por fondos de inversión en España y en Europa". 

La iniciativa, que se dirige a todas aquellas asociaciones que han interpuesto un contencioso administrativo, plantea la posibilidad de presentar una acción prejudicial ante los tribunales de la Unión Europea. Ésta, se fundamenta en el 'Informe Calduch', "que examina los mecanismos jurídicos que pueden utilizarse para proteger los territorios rurales frente a la implantación indiscriminada de proyectos energéticos".

 

Según explican desde 'Macrorenovables NO', "esta nueva legislación europea pone en riesgo nuestros paisajes, viñedos y territorios (...) por eso es vital que las comunidades afectadas tengan acceso a recursos legales para defender sus derechos". 

 

Para más información, o para descargar el informe, acceda a alguno de los siguientes enlaces: www.macrorenovablesno.org/2024/10/09/informe-calduch-analisis-de-la-legislacion-basica-sobre-renovables-y-vias-de-actuacion o www.gea-gestionterritorial.org/defensa-del-territorio/renovables-a-gran-escala.

 

Protección de los recursos naturales del patrimonio histórico y territorial

 

Además del impacto visual y territorial, las asociaciones denuncian que estos proyectos suelen estar acompañados de solicitudes para concesiones de agua y otros recursos clave, como la minería, fábricas de hidrógeno o centros de datos, lo que podría derivar en la expropiación de tierras. 

 

Por ello, instan a las asociaciones locales y colectivos ciudadanos a consultar boletines oficiales (BOE, boletines autonómicos y Confederaciones Hidrográficas) para identificar las concesiones solicitadas por grandes empresas y fondos de inversión.

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