La lucha contra la embotelladora de Quintanilla de Flórez llega a la Comisión Europea
El PSOE señala en la institución comunitaria que "esta instalación se basa en un informe ambiguo y sin rigor"
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La polémica por la embotelladora que Bezoya pretende instalar en el acuífero La Maragatería, dentro del término municipal de Quintana y Congosto, llega a la Comisión Europea. El pasado lunes, los eurodiputados del PSOE, Iratxe García y César Luena, han preguntado por escrito al ejecutivo comunitario, aduciendo que la planta embotelladora de agua mineral con fines comerciales se basa “en un ambiguo informe sin rigor sobre el descenso del nivel del acuífero, que no sigue el criterio histórico seguido hasta ahora”.
El texto recuerda que el proyecto “se ampara en la Ley de Aguas”de 1973 que considera el agua como recurso minero y no contempla el cambio climático, ni el deterioro de los acuíferos, ni el negocio agua”. Por ello, instaron a la Comisión Europea a pronunciarse sobre la necesidad de analizar la situación del acuífero siguiendo el criterio histórico y de emitir un “nuevo informe actualizado” e “impedir su explotación comercial”.
Además, pidieron a la Comisión que emprenda reformas legislativas que obliguen a hacer mediciones durante un periodo de tiempo sobre la evolución de las masas de agua y establecer condicionantes para suspender la extracción de agua con fines comerciales, en base a los datos recogidos, hasta que el acuífero recupere su nivel freático.
La polémica por la embotelladora que Bezoya pretende instalar en el acuífero La Maragatería, dentro del término municipal de Quintana y Congosto, llega a la Comisión Europea. El pasado lunes, los eurodiputados del PSOE, Iratxe García y César Luena, han preguntado por escrito al ejecutivo comunitario, aduciendo que la planta embotelladora de agua mineral con fines comerciales se basa “en un ambiguo informe sin rigor sobre el descenso del nivel del acuífero, que no sigue el criterio histórico seguido hasta ahora”.
El texto recuerda que el proyecto “se ampara en la Ley de Aguas”de 1973 que considera el agua como recurso minero y no contempla el cambio climático, ni el deterioro de los acuíferos, ni el negocio agua”. Por ello, instaron a la Comisión Europea a pronunciarse sobre la necesidad de analizar la situación del acuífero siguiendo el criterio histórico y de emitir un “nuevo informe actualizado” e “impedir su explotación comercial”.
Además, pidieron a la Comisión que emprenda reformas legislativas que obliguen a hacer mediciones durante un periodo de tiempo sobre la evolución de las masas de agua y establecer condicionantes para suspender la extracción de agua con fines comerciales, en base a los datos recogidos, hasta que el acuífero recupere su nivel freático.
