Redacción
Miércoles, 29 de Enero de 2014
La Junta compensará a los pacientes si se aplica el copago farmacéutico hospitalario
La Junta de Castilla y León ha anunciado que compensará a los pacientes si se aplica el copago farmacéutico hospitalario, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimara la suspensión cautelar de esta medida aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ello, el Gobierno autonómico avanzó que está estudiando las fórmulas legales que permitan que el coste de los medicamentos no recaiga en los pacientes, según recoge un comunicado enviado hoy por el Ejecutivo autonómico.
En ese sentido, fuentes de la Junta explicaron a la agencia Ical que el recurso contencioso administrativo continúa su tramitación en el Tribunal Superior de Madrid, a pesar de que este órgano no haya aceptado la suspensión cautelar de la resolución de 10 de septiembre que había pedido para no tener que aplicarlo. El Gobierno autonómico ha argumentado que esta medida tendría un escaso impacto en el gasto farmacéutico de la Comunidad y obligaría a poner en marcha un sistema de cobro en los centros hospitalarios.
Asimismo, el Ejecutivo remarcó que tiene en cuenta que los 8.453 ciudadanos afectados en Castilla y León por esta resolución son pacientes con enfermedades “graves” que deben seguir y completar sus tratamientos. Además, consideró que esta medida de copago hospitalario supondría “serias desigualdades” y rompería la equidad del Sistema Nacional de Salud.
También, la Junta hizo hincapié en que la desestimación de la medida cautelar no paraliza el recurso contencioso administrativo y añadió que la decisión judicial no se pronuncia sobre el “fondo” del asunto. No obstante, el Gobierno autonómico remarcó que si finalmente los tribunales no paraliza la medida del Ministerio de Sanidad, pondrá en marcha un sistema para compensar a los pacientes afectados.
Oposición
La Junta de Castilla y León manifestó su desacuerdo con esta resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia desde el primer momento al considerar su “escaso” impacto económico, ya que permitiría recaudar unos 200.000 euros al año, una cantidad que representa sólo el 0,07 por ciento del gasto farmacéutico hospitalario. Además, el Ejecutivo también se ha referido a las características de los fármacos sometidos a este copago, la mayoría de ellos relevantes para tratar enfermedades graves.
Por ello, recordó el Ejecutivo, se presentó en primer lugar un requerimiento previo a la Administración del Estado para que la revocara o la anulara y después un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los motivos de esta impugnación eran que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. También se consideró que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido.
Finalmente, la Junta argumentó que los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a “inequidad” en pacientes con el mismo tipo de patología, y pueden generar desigualdad de derechos de los ciudadanos en función del territorio donde vivan.
Sin efecto
Por otra parte, la Junta de Castilla y León insistió en que ha adoptado todas las medidas posibles para no tener que aplicar este copago, manteniendo una “posición congruente”. Según recalcó el Ejecutivo, está llegando “hasta el final en la defensa de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad”. Hasta el momento, y pese a que en principio debía haberse iniciado el 1 de enero de 2014, ninguna comunidad autónoma está aplican dolo, o bien por desacuerdo con la misma, o bien por las dificultades técnicas que supone su puesta en marcha.
La Junta de Castilla y León ha anunciado que compensará a los pacientes si se aplica el copago farmacéutico hospitalario, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimara la suspensión cautelar de esta medida aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ello, el Gobierno autonómico avanzó que está estudiando las fórmulas legales que permitan que el coste de los medicamentos no recaiga en los pacientes, según recoge un comunicado enviado hoy por el Ejecutivo autonómico.
En ese sentido, fuentes de la Junta explicaron a la agencia Ical que el recurso contencioso administrativo continúa su tramitación en el Tribunal Superior de Madrid, a pesar de que este órgano no haya aceptado la suspensión cautelar de la resolución de 10 de septiembre que había pedido para no tener que aplicarlo. El Gobierno autonómico ha argumentado que esta medida tendría un escaso impacto en el gasto farmacéutico de la Comunidad y obligaría a poner en marcha un sistema de cobro en los centros hospitalarios.
Asimismo, el Ejecutivo remarcó que tiene en cuenta que los 8.453 ciudadanos afectados en Castilla y León por esta resolución son pacientes con enfermedades “graves” que deben seguir y completar sus tratamientos. Además, consideró que esta medida de copago hospitalario supondría “serias desigualdades” y rompería la equidad del Sistema Nacional de Salud.
También, la Junta hizo hincapié en que la desestimación de la medida cautelar no paraliza el recurso contencioso administrativo y añadió que la decisión judicial no se pronuncia sobre el “fondo” del asunto. No obstante, el Gobierno autonómico remarcó que si finalmente los tribunales no paraliza la medida del Ministerio de Sanidad, pondrá en marcha un sistema para compensar a los pacientes afectados.
Oposición
La Junta de Castilla y León manifestó su desacuerdo con esta resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia desde el primer momento al considerar su “escaso” impacto económico, ya que permitiría recaudar unos 200.000 euros al año, una cantidad que representa sólo el 0,07 por ciento del gasto farmacéutico hospitalario. Además, el Ejecutivo también se ha referido a las características de los fármacos sometidos a este copago, la mayoría de ellos relevantes para tratar enfermedades graves.
Por ello, recordó el Ejecutivo, se presentó en primer lugar un requerimiento previo a la Administración del Estado para que la revocara o la anulara y después un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los motivos de esta impugnación eran que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. También se consideró que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido.
Finalmente, la Junta argumentó que los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a “inequidad” en pacientes con el mismo tipo de patología, y pueden generar desigualdad de derechos de los ciudadanos en función del territorio donde vivan.
Sin efecto
Por otra parte, la Junta de Castilla y León insistió en que ha adoptado todas las medidas posibles para no tener que aplicar este copago, manteniendo una “posición congruente”. Según recalcó el Ejecutivo, está llegando “hasta el final en la defensa de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad”. Hasta el momento, y pese a que en principio debía haberse iniciado el 1 de enero de 2014, ninguna comunidad autónoma está aplican dolo, o bien por desacuerdo con la misma, o bien por las dificultades técnicas que supone su puesta en marcha.
