La alcaldesa de Astorga pide a los bancos que paguen el impuesto de plusvalía de los desahuciados
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El Ayuntamiento de Astorga no podrá eximir del pago del impuesto de plusvalía a las familias desahuciadas, porque un informe del servicio de Intervención advierte que la Ley de Haciendas Locales lo impide. Ante la imposibilidad legal de llevar adelante esta propuesta realizada por el grupo del PP, la alcaldesa, Victorina Alonso, se une a la petición de Stop Desahucios de que sean los bancos que obligan a ejecutar los desahucios quienes se hagan cargo de este impuesto.
Según Victorina Alonso, las plusvalías "las tiene que pagar el banco que es quien se queda con el piso", sin embargo "se acogen a interpretaciones de la ley y sólo en algunos casos las pagan, en la mayoría obligan a las familias" a asumir ese desembolso, "cuando he leído hoy que los bancos han tenido unas ganancias del 30%". La regidora aboga "por cambiar la ley para resolver el problema de base. Los sanitarios de Madrid han conseguido de buena manera y tranquilamente, cambiar lo que es injusto" (refiriéndose a la marcha atrás del Gobierno de Madrid a la privatización de seis hospitales públicos), por ello se suma a la petición formulada por Stop Desahucios de presionar para lograr modificar la norma, con el fin de que no quede ninguna duda de que quien se quede con la vivienda sea quien cumpla con las obligaciones impositivas.
Comisión de seguimientos de las familias desahuciadas
La alcaldesa ha realizado estas declaraciones en el momento de informar sobre la última reunión entre PSOE, PP y PAL, con los representantes de Stop Desahucios, que tuvo lugar en la tarde de este martes. En el encuentro se concretó por consenso crear una comisión de seguimiento de las familias afectadas, en la que los políticos, Stop Desahucios y los técnicos de los Servicios Sociales municipales y de la Diputación valoren el apoyo que necesitan estas personas, para procurarles no solamente una vivienda transitoria hasta que puedan rehacer su vida, también proporcionarles alimentos o ayudas para el pago de las facturas de la luz, el agua y los servicios básicos. Se trata de dar una solución integral al problema que presentan las familias que se quedan sin sus casas.
En la reunión también se acordó que en el convenio para la utilización de las tres viviendas de propiedad municipal se especifique que la familia alojada firme un contrato de alquiler por un precio simbólico, esta es la mejor fórmula administrativa que arrope el uso circunstancial. Finalmente, el Ayuntamiento pone a disposición de Stop Desahucios dos pisos de la Calle Juego de Cañas y uno más en los bloques de Las Candelas. El convenio que fue motivo de polémica en las últimas semanas, "por un malentendido", aclaró la alcaldesa, lo estudiará el secretario municipal para darle validez legal.
El espíritu de consenso político con el que se está dando forma al apoyo municipal de los desahuciados continuará. La regidora ha avanzado que las mociones que se lleven al pleno se aprobarán por unanimidad, "todos queremos ayudar y no perder el tiempo en debates estériles ni en tratar de sacar rédito político del tema, porque a quien no les beneficia es a las familias", concluyó Victorina Alonso.
El Ayuntamiento de Astorga no podrá eximir del pago del impuesto de plusvalía a las familias desahuciadas, porque un informe del servicio de Intervención advierte que la Ley de Haciendas Locales lo impide. Ante la imposibilidad legal de llevar adelante esta propuesta realizada por el grupo del PP, la alcaldesa, Victorina Alonso, se une a la petición de Stop Desahucios de que sean los bancos que obligan a ejecutar los desahucios quienes se hagan cargo de este impuesto.
Según Victorina Alonso, las plusvalías "las tiene que pagar el banco que es quien se queda con el piso", sin embargo "se acogen a interpretaciones de la ley y sólo en algunos casos las pagan, en la mayoría obligan a las familias" a asumir ese desembolso, "cuando he leído hoy que los bancos han tenido unas ganancias del 30%". La regidora aboga "por cambiar la ley para resolver el problema de base. Los sanitarios de Madrid han conseguido de buena manera y tranquilamente, cambiar lo que es injusto" (refiriéndose a la marcha atrás del Gobierno de Madrid a la privatización de seis hospitales públicos), por ello se suma a la petición formulada por Stop Desahucios de presionar para lograr modificar la norma, con el fin de que no quede ninguna duda de que quien se quede con la vivienda sea quien cumpla con las obligaciones impositivas.
Comisión de seguimientos de las familias desahuciadas
La alcaldesa ha realizado estas declaraciones en el momento de informar sobre la última reunión entre PSOE, PP y PAL, con los representantes de Stop Desahucios, que tuvo lugar en la tarde de este martes. En el encuentro se concretó por consenso crear una comisión de seguimiento de las familias afectadas, en la que los políticos, Stop Desahucios y los técnicos de los Servicios Sociales municipales y de la Diputación valoren el apoyo que necesitan estas personas, para procurarles no solamente una vivienda transitoria hasta que puedan rehacer su vida, también proporcionarles alimentos o ayudas para el pago de las facturas de la luz, el agua y los servicios básicos. Se trata de dar una solución integral al problema que presentan las familias que se quedan sin sus casas.
En la reunión también se acordó que en el convenio para la utilización de las tres viviendas de propiedad municipal se especifique que la familia alojada firme un contrato de alquiler por un precio simbólico, esta es la mejor fórmula administrativa que arrope el uso circunstancial. Finalmente, el Ayuntamiento pone a disposición de Stop Desahucios dos pisos de la Calle Juego de Cañas y uno más en los bloques de Las Candelas. El convenio que fue motivo de polémica en las últimas semanas, "por un malentendido", aclaró la alcaldesa, lo estudiará el secretario municipal para darle validez legal.
El espíritu de consenso político con el que se está dando forma al apoyo municipal de los desahuciados continuará. La regidora ha avanzado que las mociones que se lleven al pleno se aprobarán por unanimidad, "todos queremos ayudar y no perder el tiempo en debates estériles ni en tratar de sacar rédito político del tema, porque a quien no les beneficia es a las familias", concluyó Victorina Alonso.
