El sector crítico del PSOE utiliza el caso de Joaquín Llamas para 'pasar factura' a la ejecutiva provincial
![[Img #8343]](upload/img/periodico/img_8343.jpg)
Más de 150 militantes socialistas de diferentes agrupaciones de la provincia reclaman que "a la mayor urgencia y publicidad posible, se dé una explicación detallada y un desmentido convincente" por parte del diputado provincial y alcalde de Villaobispo de Otero, Joaquín Llamas, y del secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, sobre la retirada de la denuncia sobre el compost del CTR ante un posible chanteje de la presidenta de la Diputación, amenazando a Llamas con retirarle la dedicación exclusiva. De no aportar argumentos convincentes, esta parte de la militancia pide la dimisión del diputado provincial por el partido judicial de Astorga.
El caso del alcalde cepedano está sirviendo de 'ajuste de cuentas' entre las familias enfrentadas dentro del PSOE provincial. En el escrito enviado a los medios de comunicación, sin nombres ni apellidos de quienes son los que lo respaldan, los militantes manifiestan "su rechazo a participar en este silencio que pudiera entenderse cómplice con la citada situación, y que sólo contribuye a desprestigiar la labor de otros muchos cargos públicos socialistas de la provincia de León". Sobre el "silencio clamoroso" del secretario provincial del PSOE, señalan que "no hace sino abonar su propia teoría de la vaca y el ternero, en el sentido de que 'quien calla es porque está mamando', y que supone por un lado sembrar serias dudas sobre la legalidad del comportamiento tanto del diputado provincial como de la presidenta de la Diputación".
Lo que sí parece claro es que quienes se encuentran detrás del documento están pasando factura por heridas sin cerrar dentro del PSOE, ya que aluden al "agravio comparativo para con otros cargos públicos de nuestro partido en la provincia de León, a los cuales se les han aplicado medidas disciplinarias por hechos que no tenían relación con sus funciones como cargo público". Además, indican que de ser cierto que Joaquín Llamas ha decidido "retirar su denuncia, realizada en legítima defensa de los intereses de su municipio, su comarca y los vecinos que en ella residen", pondría "en seria cuestión el interés público en la actividad del diputado" y "la honestidad que debe dirigir nuestras centenarias siglas".
Los más de 150 afiliados que apoyan el escrito aseguran que de no poder acreditar que la actuación de Joaquín Llamas se basó en razones de interés general, se inicie expediente para aclarar las circunstancias que motivaron la retirada de la denuncia de la situación medioambiental del CTR, "junto con la petición expresa de su dimisión inmediata, si del mismo se derivara un comportamiento poco ético de dicho diputado, de cara a asegurar el inequívoco compromiso ante los ciudadanos de que el interés público es el único motor que debe guiar la actividad de los cargos públicos del PSOE en las diferentes instituciones".
Por último, solicitan que se estudie jurídicamente la posible ilegalidad de los decretos (uno de la revocación de la dedicación exclusiva y otro de la reposición de la misma) firmados por la presidenta de la Diputación, no descartando, "si fuera el caso, denunciar la presunta prevaricación cometida" por Isabel Carrasco.
Más de 150 militantes socialistas de diferentes agrupaciones de la provincia reclaman que "a la mayor urgencia y publicidad posible, se dé una explicación detallada y un desmentido convincente" por parte del diputado provincial y alcalde de Villaobispo de Otero, Joaquín Llamas, y del secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, sobre la retirada de la denuncia sobre el compost del CTR ante un posible chanteje de la presidenta de la Diputación, amenazando a Llamas con retirarle la dedicación exclusiva. De no aportar argumentos convincentes, esta parte de la militancia pide la dimisión del diputado provincial por el partido judicial de Astorga.
El caso del alcalde cepedano está sirviendo de 'ajuste de cuentas' entre las familias enfrentadas dentro del PSOE provincial. En el escrito enviado a los medios de comunicación, sin nombres ni apellidos de quienes son los que lo respaldan, los militantes manifiestan "su rechazo a participar en este silencio que pudiera entenderse cómplice con la citada situación, y que sólo contribuye a desprestigiar la labor de otros muchos cargos públicos socialistas de la provincia de León". Sobre el "silencio clamoroso" del secretario provincial del PSOE, señalan que "no hace sino abonar su propia teoría de la vaca y el ternero, en el sentido de que 'quien calla es porque está mamando', y que supone por un lado sembrar serias dudas sobre la legalidad del comportamiento tanto del diputado provincial como de la presidenta de la Diputación".
Lo que sí parece claro es que quienes se encuentran detrás del documento están pasando factura por heridas sin cerrar dentro del PSOE, ya que aluden al "agravio comparativo para con otros cargos públicos de nuestro partido en la provincia de León, a los cuales se les han aplicado medidas disciplinarias por hechos que no tenían relación con sus funciones como cargo público". Además, indican que de ser cierto que Joaquín Llamas ha decidido "retirar su denuncia, realizada en legítima defensa de los intereses de su municipio, su comarca y los vecinos que en ella residen", pondría "en seria cuestión el interés público en la actividad del diputado" y "la honestidad que debe dirigir nuestras centenarias siglas".
Los más de 150 afiliados que apoyan el escrito aseguran que de no poder acreditar que la actuación de Joaquín Llamas se basó en razones de interés general, se inicie expediente para aclarar las circunstancias que motivaron la retirada de la denuncia de la situación medioambiental del CTR, "junto con la petición expresa de su dimisión inmediata, si del mismo se derivara un comportamiento poco ético de dicho diputado, de cara a asegurar el inequívoco compromiso ante los ciudadanos de que el interés público es el único motor que debe guiar la actividad de los cargos públicos del PSOE en las diferentes instituciones".
Por último, solicitan que se estudie jurídicamente la posible ilegalidad de los decretos (uno de la revocación de la dedicación exclusiva y otro de la reposición de la misma) firmados por la presidenta de la Diputación, no descartando, "si fuera el caso, denunciar la presunta prevaricación cometida" por Isabel Carrasco.
