Los productores fotovoltaicos denuncian la indefensión ante la reforma eléctrica “unilateral” del Gobierno

Los productores de energía fotovoltaica de Castilla y León denunciaron hoy la situación de indefensión en la que se encuentran por la reforma energética planteada por el Gobierno español, una normativa que ha sido planteada de manera “unilateral” y que únicamente beneficia a las eléctricas, independientemente del “teatrillo que suelen hacer a la hora de verse afectadas”. Así lo explicó el delegado de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Alberto Nieto, que reconoció que las soluciones pasan por “diálogo”, aunque lamentó que las puertas del Ministerio de Industria hayan demostrado estar “totalmente cerradas”.

Alrededor de medio centenar de productores fotovoltaicos de la provincia de León asistieron a la reunión convocada por Anpier para informar de la situación del sector tras el cambio de la normativa por parte del Ministerio de Industria. En este sentido, Nieto lamentó el cambio retroactivo de las condiciones con las que se realizaron las inversiones, y que en algunos casos suponen recortes de hasta un 54 pro ciento “en los peores casos”. Eso implica “no poder hacer frente al servicio de la deuda y a la refinanciación con los bancos o incluso tener que entregar la propia instalación y lo que ello conlleva”, dijo.

Desde el colectivo se lamenta la postura del Gobierno, que deja a los productores de energías renovables “al pie de los caballos”, apuntando a la refinanciación como una alternativa al nuevo modelo energético. Eso supondría un “cambio total” en las condiciones de financiación establecidas con los bancos “todo ello con el objetivo de beneficiar al oligopolio eléctrico”, añadió Alberto Nieto.

En Castilla y León son 6.000 las familias afectadas por esta situación, ya que se trata de la cuarta comunidad por potencia instalada, que aportan alrededor de 400 kilovatios limpios y a disposición de la sociedad española. De ellas, 400 aproximadamente se encuentran en la provincia de León. Por el momento, las pérdidas no se han cuantificado, dado que en la comunidad hay casos “dramáticos”.

Por otro lado, Nieto explicó que la reforma lo que hace es poner en peligro las instalaciones más eficientes, es decir, aquellas en las que se invirtió más dinero para que la instalación fuese más eficiente “porque las reglas del juego nos pagaban por la producción e intentamos que nuestras instalaciones fueran lo más eficientes posibles”. Sin embargo, la reforma planteada por el Gobierno abona un incentivo por la inversión realizada, de manera que “ya no importa tanto cuánto produzcamos y sí cuánto seamos capaces de producir aunque no lo hagamos”.

Ante esta modificación “tan dramática”, los productores se encuentran “atrapados” en una situación que no era la prevista, sobre todo después de haber “dinamitado” el régimen retributivo con el que se llevaron a cabo las instalaciones en su origen. “No existe una seguridad jurídica que suponíamos en un país como España, si no hubiéramos hecho las inversiones en otro país”, señaló Nieto, que recordó que el propio ministro Soria, en casos similares en otros países, advierte de “consecuencias” en los casos de inseguridad jurídica fuera de España, como el caso de la expropiación de YPF.