Redacción
Miércoles, 23 de Abril de 2014
Los nueve imputados por prevaricación administrativa de la Consejería de Economía declaran ante el juez
Los nueve cargos de la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta que ostentaban diferentes cargos en el año 2010 y que han sido imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa prestarán declaración este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid.
El juez José María Crespo tiene abierta una investigación para determinar si se cometieron irregularidades en diferentes contratos que debieron ser tramitados mediante licitación pública, tal y como obliga la ley cuando se superan los 18.000 euros, pero que fueron divididos en diferentes partes para poder adjudicarse directamente.
La investigación del juez se inicio tras una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos, la mayoría de Valladolid y otros de León, en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa y, así, elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
Entre los llamados a declarar se encuentra el entonces director general de Comercio, Carlos Teresa, que hoy continúa siendo director general en el organigrama de la Consejería, pero del área de Economía Social y Autónomos. El resto de los funcionarios mantienen sus mismos puestos.
Así, entre las 10 y las 11,30 está previsto que declaren, por este orden, Rafael Llanos Barrocal, jefe del Servicio Prevención; Miguel Ángel Diez Mediavilla, director general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio); Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio); Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía); y Víctor Valverde Gómez, director general de Economía.
Cabe recordar que la Fiscalía de Castilla y León, a instancias del Tribunal de Cuentas, demandó al órgano fiscalizador de la Comunidad documentación sobre una veintena de contratos menores suscritos en 2010 por la Consejería de Economía y Empleo por si hubiese responsabilidad penal, que en un informe suyo aparecen como irregulares por producirse “coincidencia en el objeto de la contratación” eludiendo procedimientos de adjudicación por cuantía mayor de publicidad o concurrencia.
Consejo de Cuentas
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, informó a las Cortes el 6 de febrero de 2014 sobre la petición formulada desde la Fiscalía, y quiso dejar claro que en su auditoría el órgano no detectó responsabilidad penal en esas contrataciones, porque si no hubiera actuado de oficio, algo que hizo posteriormente el Tribunal de Cuentas, al considerar estas irregularidades constitutivas de un delito.
Por su parte, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, destacó el mismo día de conocerse la imputación la “profesionalidad, honestidad y seriedad” de todos ellos, y afirmó que su confianza está avalada por “una trayectoria en la actuación pública y en la carrera administrativa de muchos años”. A su vez, días después, durante un pleno en la Cortes Regionales, reiteró su confianza y aseguró que no cometieron ninguna irregularidad.
Los nueve cargos de la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta que ostentaban diferentes cargos en el año 2010 y que han sido imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa prestarán declaración este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid.
El juez José María Crespo tiene abierta una investigación para determinar si se cometieron irregularidades en diferentes contratos que debieron ser tramitados mediante licitación pública, tal y como obliga la ley cuando se superan los 18.000 euros, pero que fueron divididos en diferentes partes para poder adjudicarse directamente.
La investigación del juez se inicio tras una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos, la mayoría de Valladolid y otros de León, en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa y, así, elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
Entre los llamados a declarar se encuentra el entonces director general de Comercio, Carlos Teresa, que hoy continúa siendo director general en el organigrama de la Consejería, pero del área de Economía Social y Autónomos. El resto de los funcionarios mantienen sus mismos puestos.
Así, entre las 10 y las 11,30 está previsto que declaren, por este orden, Rafael Llanos Barrocal, jefe del Servicio Prevención; Miguel Ángel Diez Mediavilla, director general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio); Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio); Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía); y Víctor Valverde Gómez, director general de Economía.
Cabe recordar que la Fiscalía de Castilla y León, a instancias del Tribunal de Cuentas, demandó al órgano fiscalizador de la Comunidad documentación sobre una veintena de contratos menores suscritos en 2010 por la Consejería de Economía y Empleo por si hubiese responsabilidad penal, que en un informe suyo aparecen como irregulares por producirse “coincidencia en el objeto de la contratación” eludiendo procedimientos de adjudicación por cuantía mayor de publicidad o concurrencia.
Consejo de Cuentas
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, informó a las Cortes el 6 de febrero de 2014 sobre la petición formulada desde la Fiscalía, y quiso dejar claro que en su auditoría el órgano no detectó responsabilidad penal en esas contrataciones, porque si no hubiera actuado de oficio, algo que hizo posteriormente el Tribunal de Cuentas, al considerar estas irregularidades constitutivas de un delito.
Por su parte, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, destacó el mismo día de conocerse la imputación la “profesionalidad, honestidad y seriedad” de todos ellos, y afirmó que su confianza está avalada por “una trayectoria en la actuación pública y en la carrera administrativa de muchos años”. A su vez, días después, durante un pleno en la Cortes Regionales, reiteró su confianza y aseguró que no cometieron ninguna irregularidad.
