Pago “opaco” de seis millones de euros en “sobresueldos” a empleados públicos
La oposición socialista ha denunciado el pago “discrecional y opaco” de seis millones de euros, entre finales de 2010 y principios de 2014, en “sobresueldos” a un “club selecto” de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que cifra en 400, en los que no incluye las guardias de agentes forestales, sanitarios o trabajadores de servicios sociales, pero sí los servicios extras de secretarias y conductores, entre otros.
Así lo manifestó este martes el procurador Pedro González en una rueda de prensa en la sede de las Cortes, unas horas antes de que en el pleno pregunte a la Junta por el motivo de que “se declaren secretas las percepciones de las gratificaciones extraordinarias por parte de algunos empleados públicos”. La pregunta se realiza en relación al escrito remitido por la directora general de Relaciones Institucionales, María de Diego, a la Mesa de la Cámara para que esos datos sean secretos.
Pedro González y Marcial Barba, presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración Autonómica, que compareció en la rueda de prensa, afirmaron que esa respuesta, que motivó que los miembros del PP de la Mesa vetarán la pregunta del procurador, pese a contar con informes favorables de los letrados, "han encendido todas las alarmas". “Si no hay nada que ocultar que den el listado”, reclamó Barba, que advirtió de que de no ser así van a pensar que son “vergonzosas y vergonzantes”.
El presidente del órgano que engloba a cinco sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, CGT y USAE) recordó que las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera del horario laboral son legales, pero subrayó que no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. De manera que pidió que se cumpla la ley y no descartó, de no ser así, acudir a los tribunales, si bien precisó que la decisión corresponde al plenario de la Junta de Personal.
Pedro González reseñó que con esos seis millones se podían haber pagado más ayudas de libros de texto, no aumentar las tasas universitarias, evitar algunos copagos o aumentar la tasa de reposición de empleados públicos, argumento al que se sumó Barba, que recordó el aumento en 2,5 horas de la jornada semanal, la supresión de la extra y la congelación de sueldos mientras “una casta elitista recibe gratificaciones sin que sean conocidas por los representantes sindicales y por la sociedad”.
El presidente de la Junta de Personal explicó que en enero de 2014 remitieron un carta al presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, en la que señalaban que si no se cumple la ley, se iría a la justicia. Esa misiva siguió a otra de septiembre de 2013, en la que obtuvieron una respuesta de la directora del Gabinete de la Presidencia en la que se decía que daba traslado a los secretarios generales de las Consejerías.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Personal afirmó que ya se habían dirigido a ellos en febrero de 2013 para que les facilitarán los datos de los cobros de las gratificaciones y a quienes, pero añadió que sólo recibieron respuesta del de la Consejería de Educación, que les invitaba a la consulta en el despacho de los jefes de personal. “El presidente de la Junta habla de transparencia y de Gobierno Abierto, es indigno” la respuesta para recabar unos datos públicos, aseveró Barba.
Entre los 400 beneficiarios, según el cálculo del Grupo Socialista en función de las peticiones de documentación realizadas, hay secretarias y conductores, pero también habló González de una persona que ha percibido 42.000 euros, de la que sí saben el nombre, de otra que estando de baja maternal ha cobrado gratificaciones. Barba señaló el presunto pago de 5.600 euros a un jefe de servicio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuando la carga de trabajo en los departamentos inversores ha disminuido por la crisis.
El parlamentario incidió en las múltiples preguntas realizadas en esta legislatura para conocer el número de gratificaciones, las personas, los grados, el grupo y quienes son de libre designación, sin obtener los datos requeridos, que insistió en que son públicos, como se recoge en las leyes de Presupuestos y en la de Función Pública de Castilla y León.
Permanentes e irregulares
Ambos comparecientes estimaron que las gratificaciones son a mayores, que algunos puestos de libre designación ya perciben un dinero por horas fuera de servicio y, por ello, hablaron de “indicios” de que esos pagos son "permanentes e irregulares". “Se paga de forma sistemática y opaca otras cosas”, indicó el presidente de la Junta de Personal, que insistió en que se den los datos, que son públicos, si no hay nada que ocultar, en vez de enviar un escrito a las Cortes para que “se declaren secretos”.
Precisamente, en una contestación del 22 de mayo de la Junta de Castilla y León a la pregunta firmada por los procuradores socialistas Pedro Luis González, María Teresa López y José Francisco Martín, relativa a cantidades previstas en concepto de gratificaciones extraordinarias a los trabajadores de la Administración autonómica, se ofrecen datos genéricos por consejerías, se añade que esas gratificaciones son de acceso público y que se informa de ellas en los tablones de anuncios.
En la misma respuesta, se detallan 69.538 euros de la Consejería de la Presidencia, 9.861 de Hacienda, 37.872 de Economía y Empleo, 64.559 de Fomento y Medio Ambiente, 41.975 de Agricultura y Ganadería, 77.725 de Sanidad, 24.705 de Familia y 29.459 de Educación, que hacen un total de 304.494, sin precisar en qué tiempo.
La oposición socialista ha denunciado el pago “discrecional y opaco” de seis millones de euros, entre finales de 2010 y principios de 2014, en “sobresueldos” a un “club selecto” de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que cifra en 400, en los que no incluye las guardias de agentes forestales, sanitarios o trabajadores de servicios sociales, pero sí los servicios extras de secretarias y conductores, entre otros.
Así lo manifestó este martes el procurador Pedro González en una rueda de prensa en la sede de las Cortes, unas horas antes de que en el pleno pregunte a la Junta por el motivo de que “se declaren secretas las percepciones de las gratificaciones extraordinarias por parte de algunos empleados públicos”. La pregunta se realiza en relación al escrito remitido por la directora general de Relaciones Institucionales, María de Diego, a la Mesa de la Cámara para que esos datos sean secretos.
Pedro González y Marcial Barba, presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración Autonómica, que compareció en la rueda de prensa, afirmaron que esa respuesta, que motivó que los miembros del PP de la Mesa vetarán la pregunta del procurador, pese a contar con informes favorables de los letrados, "han encendido todas las alarmas". “Si no hay nada que ocultar que den el listado”, reclamó Barba, que advirtió de que de no ser así van a pensar que son “vergonzosas y vergonzantes”.
El presidente del órgano que engloba a cinco sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, CGT y USAE) recordó que las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera del horario laboral son legales, pero subrayó que no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. De manera que pidió que se cumpla la ley y no descartó, de no ser así, acudir a los tribunales, si bien precisó que la decisión corresponde al plenario de la Junta de Personal.
Pedro González reseñó que con esos seis millones se podían haber pagado más ayudas de libros de texto, no aumentar las tasas universitarias, evitar algunos copagos o aumentar la tasa de reposición de empleados públicos, argumento al que se sumó Barba, que recordó el aumento en 2,5 horas de la jornada semanal, la supresión de la extra y la congelación de sueldos mientras “una casta elitista recibe gratificaciones sin que sean conocidas por los representantes sindicales y por la sociedad”.
El presidente de la Junta de Personal explicó que en enero de 2014 remitieron un carta al presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, en la que señalaban que si no se cumple la ley, se iría a la justicia. Esa misiva siguió a otra de septiembre de 2013, en la que obtuvieron una respuesta de la directora del Gabinete de la Presidencia en la que se decía que daba traslado a los secretarios generales de las Consejerías.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Personal afirmó que ya se habían dirigido a ellos en febrero de 2013 para que les facilitarán los datos de los cobros de las gratificaciones y a quienes, pero añadió que sólo recibieron respuesta del de la Consejería de Educación, que les invitaba a la consulta en el despacho de los jefes de personal. “El presidente de la Junta habla de transparencia y de Gobierno Abierto, es indigno” la respuesta para recabar unos datos públicos, aseveró Barba.
Entre los 400 beneficiarios, según el cálculo del Grupo Socialista en función de las peticiones de documentación realizadas, hay secretarias y conductores, pero también habló González de una persona que ha percibido 42.000 euros, de la que sí saben el nombre, de otra que estando de baja maternal ha cobrado gratificaciones. Barba señaló el presunto pago de 5.600 euros a un jefe de servicio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuando la carga de trabajo en los departamentos inversores ha disminuido por la crisis.
El parlamentario incidió en las múltiples preguntas realizadas en esta legislatura para conocer el número de gratificaciones, las personas, los grados, el grupo y quienes son de libre designación, sin obtener los datos requeridos, que insistió en que son públicos, como se recoge en las leyes de Presupuestos y en la de Función Pública de Castilla y León.
Permanentes e irregulares
Ambos comparecientes estimaron que las gratificaciones son a mayores, que algunos puestos de libre designación ya perciben un dinero por horas fuera de servicio y, por ello, hablaron de “indicios” de que esos pagos son "permanentes e irregulares". “Se paga de forma sistemática y opaca otras cosas”, indicó el presidente de la Junta de Personal, que insistió en que se den los datos, que son públicos, si no hay nada que ocultar, en vez de enviar un escrito a las Cortes para que “se declaren secretos”.
Precisamente, en una contestación del 22 de mayo de la Junta de Castilla y León a la pregunta firmada por los procuradores socialistas Pedro Luis González, María Teresa López y José Francisco Martín, relativa a cantidades previstas en concepto de gratificaciones extraordinarias a los trabajadores de la Administración autonómica, se ofrecen datos genéricos por consejerías, se añade que esas gratificaciones son de acceso público y que se informa de ellas en los tablones de anuncios.
En la misma respuesta, se detallan 69.538 euros de la Consejería de la Presidencia, 9.861 de Hacienda, 37.872 de Economía y Empleo, 64.559 de Fomento y Medio Ambiente, 41.975 de Agricultura y Ganadería, 77.725 de Sanidad, 24.705 de Familia y 29.459 de Educación, que hacen un total de 304.494, sin precisar en qué tiempo.
