Del Olmo no facilita datos sobre gratificaciones a empleados públicos
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha afirmado que están obligados a cumplir con la ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad de las personas al no facilitar datos de los empleados públicos de la Administración Autonómica que perciben las gratificaciones por servicios realizados fuera del horario de trabajo.
Del Olmo respondió así al socialista Pedro González cuando preguntó por qué se ha declarado secreto los datos pedidos por la oposición y por los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal de Servicios Centrales. “Miente”, censuró el socialista, después de escuchar a la consejera y sostuvo que “siempre” se han facilitado los datos.
El procurador acusó a la Junta de incumplir las leyes de presupuestos y la de la Función Pública de Castilla y León y la consejera se remitió al informe de la Agencia de Protección de Datos, de la que leyó un párrafo en el que se dice que la ley autonómica “no ampara una cesión máxima de datos referidos a complementos de productividad”.
Sin embargo, precisó que la información si puede ser suministrada y añadió que es lo que hace la Junta, en el sentido de que se puede acceder a ella en el despacho administrativo, pero sin poder hacer fotocopias ni fotografías. Con esa explicación, Del Olmo aseguró que la declaración de secreto no es “opacidad” y es compatible con la transparencia y el control por parte de los grupos de las Cortes al Ejecutivo.
“No quieren que se conozca un chanchullo más, un dinero regalado a un grupo selecto de empleados públicos”, criticó González, en la misma línea que esta mañana, cuando en una rueda de prensa, junto al presidente y secretario de la Junta de Personal, denunció los seis millones de euros gastados entre 2010 y 2014 para gratificaciones “opacas”, en las que no incluyen las horas extra de los agentes de extinción de incendios.
González manifestó que “se han gastado millones de euros en personal de confianza y se ha ninguneado” a los representantes de los empleados públicos al no poder acceder a la información. “La información se suministra, y se seguirá haciendo”, aseveró la consejera.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha afirmado que están obligados a cumplir con la ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad de las personas al no facilitar datos de los empleados públicos de la Administración Autonómica que perciben las gratificaciones por servicios realizados fuera del horario de trabajo.
Del Olmo respondió así al socialista Pedro González cuando preguntó por qué se ha declarado secreto los datos pedidos por la oposición y por los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal de Servicios Centrales. “Miente”, censuró el socialista, después de escuchar a la consejera y sostuvo que “siempre” se han facilitado los datos.
El procurador acusó a la Junta de incumplir las leyes de presupuestos y la de la Función Pública de Castilla y León y la consejera se remitió al informe de la Agencia de Protección de Datos, de la que leyó un párrafo en el que se dice que la ley autonómica “no ampara una cesión máxima de datos referidos a complementos de productividad”.
Sin embargo, precisó que la información si puede ser suministrada y añadió que es lo que hace la Junta, en el sentido de que se puede acceder a ella en el despacho administrativo, pero sin poder hacer fotocopias ni fotografías. Con esa explicación, Del Olmo aseguró que la declaración de secreto no es “opacidad” y es compatible con la transparencia y el control por parte de los grupos de las Cortes al Ejecutivo.
“No quieren que se conozca un chanchullo más, un dinero regalado a un grupo selecto de empleados públicos”, criticó González, en la misma línea que esta mañana, cuando en una rueda de prensa, junto al presidente y secretario de la Junta de Personal, denunció los seis millones de euros gastados entre 2010 y 2014 para gratificaciones “opacas”, en las que no incluyen las horas extra de los agentes de extinción de incendios.
González manifestó que “se han gastado millones de euros en personal de confianza y se ha ninguneado” a los representantes de los empleados públicos al no poder acceder a la información. “La información se suministra, y se seguirá haciendo”, aseveró la consejera.
