La Cepeda niega que asuma el nuevo plan de extinción de incendios porque lo considera “un disparate”
El plan de parques de bomberos dado a conocer este viernes por la Junta y la Diputación también ha cosechado críticas desde Izquierda Unida que entiende que el ahorro de dinero "es incontestable, ahora que podamos llamar a eso operativo antiincendios suena a chiste".
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La Mancomunidad de La Cepeda niega de manera tajante que, tal y como aseguró ayer el presidente de la Diputación de León, esta entidad haya admitido asumir el servicio de extinción de fuegos urbanos propuesto desde la institución provincial, entre otras cosas porque considera “un disparate” el nuevo Plan Provincial de Prevención y Extinción de Incendios pactado entre la Diputación y la Junta.
La entidad que agrupa a los cinco ayuntamientos de la comarca de la Cepeda asegura que “jamás hemos contestado favorablemente” al hecho de hacerse cargo del servicio de extinción de incendios urbanos en esta zona, ratifica su presidente, Evangelista García.
Es más, la comarca rechaza un planteamiento que deja en manos exclusivamente municipales la responsabilidad ante cualquier incendio en un pueblo y sin ni siquiera poder contar con bomberos profesionales.
Para la Mancomunidad, se trata del mismo modelo que ya se emplea para la limpieza de carreteras en caso de nevadas y que en la práctica supone que Diputación y Junta se limiten a “esperar que seamos los alcaldes los que resolvamos todos los problemas y las competencias de ambas instituciones y, si no lo hacemos, nos llevemos las críticas”, explica el alcalde de Villaobispo de Otero, Joaquín Llamas.
Llamas recuerda que la Diputación no se dirigió a las mancomunidades sino a los ayuntamientos, que en el caso de la Cepeda rechazaron una respuesta favorable. Y además la consulta elevada por escrito y firmada en enero de este año por la presidenta Isabel Carrasco reconocía literalmente que la Ley de Reforma Local “establece como competencia propia de la Diputación la prestación del servicio público de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación”.
Los ayuntamientos le respondieron también literalmente: “No tenemos previsto prestar el servicio de prevención y extinción de incendio urbanos por ser competencia de esa Diputación Provincial que usted preside”.
También solicitaron que “en el ejercicio de sus obligaciones y competencias proceda a la mayor urgencia, junto a la Junta de Castilla y León, a desarrollar la red de parques de bomberos en esta provincia, cumpliendo así con el derecho Constitucional que todos los ciudadanos tenemos a que se nos garantice “la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
En base a ello, la Mancomunidad, lejos de asumir esta misión, reclama que la Diputación cumpla su propia normativa aprobada hace 14 años y que “les obligaba ya entonces, cuando no había crisis, a poner en marcha un parque comarcal de bomberos profesionales en la zona de Astorga-La Bañeza, que es la que debería estar prestando servicios a nuestra comarca con todas las garantías”. También exigen que la Junta ejerza sus obligaciones en base a la Ley de Protección Ciudadana de 2004, que jamás se ha desarrollado.
IU: el acuerdo Junta y Diputación "no es serio"
El acuerdo entre Junta y Diputación también ha cosechado crítias desde Izquierda Unida. Su coordinador provincial, Santiago Ordoñez, pregunta al presidente de la Diputación y al consejero de Fomento y Medio Ambiente "si creen presentable renunciar a un Consorcio Provincial para la prevención y extinción de incendios; a cambio de seguir poniendo esta responsabilidad sobre los hombros de los Parques de León y Ponferrada. Mientras ofrecen dar cursillos de formación a trabajadores municipales para cubrir el expediente".
Para Izquierda Unida lo que propone el PP "es mejor que lo existente porque ahora solo tenemos la improvisación por la improvisación", sin embargo "lo que no parece serio" es ofrecer 22 retenes formados por funcionarios y laborales, que recibirán formación para añadir esta responsabilidad a su labor habitual en sus consistorios.
La coalición de izquierdas entiende que el ahorro de dinero "es incontestable, que podamos llamar a eso operativo antiincendios suena a chiste. Pasamos de improvisar porque no existe ninguna coordinación a improvisar soluciones que solo son parcheos".
Santiago Ordóñez concluye que la solución es más de lo mismo "la Junta quiere seguir controlando sus operativos antiincendios y a la Diputación no le da la gana cumplir sus obligaciones"
La Mancomunidad de La Cepeda niega de manera tajante que, tal y como aseguró ayer el presidente de la Diputación de León, esta entidad haya admitido asumir el servicio de extinción de fuegos urbanos propuesto desde la institución provincial, entre otras cosas porque considera “un disparate” el nuevo Plan Provincial de Prevención y Extinción de Incendios pactado entre la Diputación y la Junta.
La entidad que agrupa a los cinco ayuntamientos de la comarca de la Cepeda asegura que “jamás hemos contestado favorablemente” al hecho de hacerse cargo del servicio de extinción de incendios urbanos en esta zona, ratifica su presidente, Evangelista García.
Es más, la comarca rechaza un planteamiento que deja en manos exclusivamente municipales la responsabilidad ante cualquier incendio en un pueblo y sin ni siquiera poder contar con bomberos profesionales.
Para la Mancomunidad, se trata del mismo modelo que ya se emplea para la limpieza de carreteras en caso de nevadas y que en la práctica supone que Diputación y Junta se limiten a “esperar que seamos los alcaldes los que resolvamos todos los problemas y las competencias de ambas instituciones y, si no lo hacemos, nos llevemos las críticas”, explica el alcalde de Villaobispo de Otero, Joaquín Llamas.
Llamas recuerda que la Diputación no se dirigió a las mancomunidades sino a los ayuntamientos, que en el caso de la Cepeda rechazaron una respuesta favorable. Y además la consulta elevada por escrito y firmada en enero de este año por la presidenta Isabel Carrasco reconocía literalmente que la Ley de Reforma Local “establece como competencia propia de la Diputación la prestación del servicio público de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación”.
Los ayuntamientos le respondieron también literalmente: “No tenemos previsto prestar el servicio de prevención y extinción de incendio urbanos por ser competencia de esa Diputación Provincial que usted preside”.
También solicitaron que “en el ejercicio de sus obligaciones y competencias proceda a la mayor urgencia, junto a la Junta de Castilla y León, a desarrollar la red de parques de bomberos en esta provincia, cumpliendo así con el derecho Constitucional que todos los ciudadanos tenemos a que se nos garantice “la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
En base a ello, la Mancomunidad, lejos de asumir esta misión, reclama que la Diputación cumpla su propia normativa aprobada hace 14 años y que “les obligaba ya entonces, cuando no había crisis, a poner en marcha un parque comarcal de bomberos profesionales en la zona de Astorga-La Bañeza, que es la que debería estar prestando servicios a nuestra comarca con todas las garantías”. También exigen que la Junta ejerza sus obligaciones en base a la Ley de Protección Ciudadana de 2004, que jamás se ha desarrollado.
IU: el acuerdo Junta y Diputación "no es serio"
El acuerdo entre Junta y Diputación también ha cosechado crítias desde Izquierda Unida. Su coordinador provincial, Santiago Ordoñez, pregunta al presidente de la Diputación y al consejero de Fomento y Medio Ambiente "si creen presentable renunciar a un Consorcio Provincial para la prevención y extinción de incendios; a cambio de seguir poniendo esta responsabilidad sobre los hombros de los Parques de León y Ponferrada. Mientras ofrecen dar cursillos de formación a trabajadores municipales para cubrir el expediente".
Para Izquierda Unida lo que propone el PP "es mejor que lo existente porque ahora solo tenemos la improvisación por la improvisación", sin embargo "lo que no parece serio" es ofrecer 22 retenes formados por funcionarios y laborales, que recibirán formación para añadir esta responsabilidad a su labor habitual en sus consistorios.
La coalición de izquierdas entiende que el ahorro de dinero "es incontestable, que podamos llamar a eso operativo antiincendios suena a chiste. Pasamos de improvisar porque no existe ninguna coordinación a improvisar soluciones que solo son parcheos".
Santiago Ordóñez concluye que la solución es más de lo mismo "la Junta quiere seguir controlando sus operativos antiincendios y a la Diputación no le da la gana cumplir sus obligaciones"
