"Lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento es aprobar un pliego y contratar" la recogida de basura
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Al presidente de la Diputación, Marcos Martínez, no le cabe ninguna duda de que el Ayuntamiento de Astorga es quien debe contratar el servicio de limpieza y recogida de basura. De esta manera, el máximo dirigente de la institución provincial aclara que si en estos momentos el servicio se está prestando sin contrato "es un problema municipal donde la Diputación ni entra ni sale".
Marcos Martínez efectuaba estas declaraciones el pasado fin de semana en Val de San Lorenzo, para intentar arrojar luz a un problema que el Ayuntamiento de Astorga arrastra desde el mes de septiembre, cuando las negociaciones que mantenían PSOE, PP y PAL para la redacción del nuevo pliego de condiciones se detuvieron por el informe del secretario municipal, que aconsejaba parar el proceso ante el proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Pública del Gobierno central en el que, según el funcionario municipal, la Diputación Provincial asumiría esta competencia.
La ley se aprobó en diciembre y ayuntamientos como el de Bembibre ha contratado el servicio o mancomunidades como la de Maragatería ha aprobado inicialmente el pliego, sin embargo en Astorga la alcaldesa, Victorina Alonso, aduce que la interpretación de la ley del secretario municipal impide hacer lo que en otros municipios están aprobando. "Yo no sé por qué se ha encallado en Astorga, pero todo el mundo está aprobando sus pliegos y contratando porque no tiene nada que ver la nueva ley con el contrato que puedan hacer", subrayó Marcos Martínez, quien manifestó con rotundidad que "la alcaldesa y su secretario deben conocer la ley. El secretario de la Diputación se lo ha explicado clarísimamente, es competencia municipal".
La única intervención que la Diputación tiene en todo el proceso, es que la nueva ley de racionalización del gasto le obliga a calcular el coste efectivo por habitante en cada municipio, con el fin de actuar como un mecanismo de control en las contrataciones públicas. "Una vez calculado por parte de la Diputación y del Ayuntamiento", explicó el presidente, el servicio lo prestará quien aporte el precio más barato pero lo tendrá que seguir pagando el Consistorio, por eso "lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento, sin lugar a dudas, es aprobar un pliego y contratar el servicio", concluyó Martínez.
Al presidente de la Diputación, Marcos Martínez, no le cabe ninguna duda de que el Ayuntamiento de Astorga es quien debe contratar el servicio de limpieza y recogida de basura. De esta manera, el máximo dirigente de la institución provincial aclara que si en estos momentos el servicio se está prestando sin contrato "es un problema municipal donde la Diputación ni entra ni sale".
Marcos Martínez efectuaba estas declaraciones el pasado fin de semana en Val de San Lorenzo, para intentar arrojar luz a un problema que el Ayuntamiento de Astorga arrastra desde el mes de septiembre, cuando las negociaciones que mantenían PSOE, PP y PAL para la redacción del nuevo pliego de condiciones se detuvieron por el informe del secretario municipal, que aconsejaba parar el proceso ante el proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Pública del Gobierno central en el que, según el funcionario municipal, la Diputación Provincial asumiría esta competencia.
La ley se aprobó en diciembre y ayuntamientos como el de Bembibre ha contratado el servicio o mancomunidades como la de Maragatería ha aprobado inicialmente el pliego, sin embargo en Astorga la alcaldesa, Victorina Alonso, aduce que la interpretación de la ley del secretario municipal impide hacer lo que en otros municipios están aprobando. "Yo no sé por qué se ha encallado en Astorga, pero todo el mundo está aprobando sus pliegos y contratando porque no tiene nada que ver la nueva ley con el contrato que puedan hacer", subrayó Marcos Martínez, quien manifestó con rotundidad que "la alcaldesa y su secretario deben conocer la ley. El secretario de la Diputación se lo ha explicado clarísimamente, es competencia municipal".
La única intervención que la Diputación tiene en todo el proceso, es que la nueva ley de racionalización del gasto le obliga a calcular el coste efectivo por habitante en cada municipio, con el fin de actuar como un mecanismo de control en las contrataciones públicas. "Una vez calculado por parte de la Diputación y del Ayuntamiento", explicó el presidente, el servicio lo prestará quien aporte el precio más barato pero lo tendrá que seguir pagando el Consistorio, por eso "lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento, sin lugar a dudas, es aprobar un pliego y contratar el servicio", concluyó Martínez.
