Astorga rechaza el traslado de las balas de basura al CTR de San Román
Finalmente no se pudo alcanzar una posición unánime institucional pero el Ayuntamiento de Astorga gracias al PSOE y al PAL dice no al enterramiento de 500.000 toneladas de residuos en el vaso del centro de tratamiento que está a punto de saturarse. El PP adujo defecto de forma de la moción presentada por los socialistas, para abstenerse en la votación que tuvo lugar en el pleno.
La sesión plenaria celebrada en la noche de este jueves no aportó ninguna sorpresa, PSOE y PAL unieron sus votos para exigir a la Diputación la creación de un parque de bomberos profesional y para oponerse al traslado de las balas de basura almacenadas en Santa María del Páramo al CTR de San Román. El PP se quedó solo en la defensa de las posiciones que mantiene su partido en la Diputación Provincial: sí a los centros de bomberos voluntarios, al tiempo que no puso en duda los criterios de los técnicos de la Junta de Castilla y León y de Gersul (el consorcio que gestiona las basuras de la provincia) para enterrar las 500.000 toneladas de residuos apiladas en la finca de El Busto.
Los tres grupos políticos reiteraron las posturas manifestadas públicamente en estas semanas en los dos temas que están en la primera plana de la actualidad informativa. Sobre el que preocupa en mayor medida a los ciudadanos de Astorga, después del incendio ocurrido el pasado 17 de agosto en la casa de la harinera de la Brecha, PSOE y PAL sostuvieron que la solución a la desprotección de la ciudad y las pedanías solo pasa por dotar de profesionales a un servicio básico como es la extinición de incendios, que espera ser implantado y desarrollado desde el año 2001, cuando la Diputación aprobó el Plan Territorial de Protección Civil de la provincia en el se consideraba como "urgente" la creación de "un parque de incendios profesional en la zona de Astorga-La Bañeza". En cambio el PP, que se abstuvo en la moción presentada por el grupo socialista, se dedicó a explicar la red de centros atendidos por voluntarios que quiere poner en marcha la Diputación, sin salirse del guión que el presidente de la institución provincial viene reiterando en las últimas semanas: no es posible asumir el coste de una red de parques atendidos por profesionales. Jacinto Bardal volvió a culpar a la alcaldesa de "dinamitar" el servicio que venían prestando los cinco empleados municipales.
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En cuanto al traslado al CTR de las balas de basura generada en León y su Alfoz hace una década, el PP buscó una argucia formal para justificar su abstención. Según el concejal popular, Joaquín Jarrín, la moción presentada por el PSOE no era el procedimiento que encajaba ya que no se dirigía a ninguna institución sino a un consorcio como es Gersul, por eso Jarrín anunció que la impugnarían. La alcaldesa, Victorina Alonso, intentó sin éxito que el PP se posicionara claramente sobre la propuesta de instar a Gersul a que paralice el traslado de las balas. El PAL volvió a manifestar sin lugar a dudas su oposición al vertido del medio millón de toneladas de residuos en el vaso del CTR porque, según Pablo Peyuca González, todo lo que ha rodeado al CTR desde que se instalara en San Román ha resultado ser una "gran mentira" y en estos momentos tampoco "nos fiamos de las palabras de quien está gobernando. No queremos que se traiga más basura para enterrarla porque no se va a reciclar", la principal función que se le suponía al centro de tratamiento.
Por un servicio de Correos universal
Los tres grupos municipales sí llegaron con un acuerdo de antemano sobre el mantenimiento de Correos. Esta moción presentada por el PAL, que había quedado sobre la mesa en el pleno del mes de julio, fue votada por unanimidad, en ella el Ayuntamiento insta al gobierno de la nación a que tome las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público, definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público.
En la moción se argumenta que el estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, conlleva un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas) y en la provincia de León, en la que el ajuste ha significado en concreto en los últimos tres años más de 150 puestos suprimidos, y cientos de poblaciones menores quedan a diario sin reparto regular, miles de ciudadanos han sido afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal, centenares de kilómetros de reparto que no se pueden cubrir a diario, etc. Y, sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.
La sesión plenaria celebrada en la noche de este jueves no aportó ninguna sorpresa, PSOE y PAL unieron sus votos para exigir a la Diputación la creación de un parque de bomberos profesional y para oponerse al traslado de las balas de basura almacenadas en Santa María del Páramo al CTR de San Román. El PP se quedó solo en la defensa de las posiciones que mantiene su partido en la Diputación Provincial: sí a los centros de bomberos voluntarios, al tiempo que no puso en duda los criterios de los técnicos de la Junta de Castilla y León y de Gersul (el consorcio que gestiona las basuras de la provincia) para enterrar las 500.000 toneladas de residuos apiladas en la finca de El Busto.
Los tres grupos políticos reiteraron las posturas manifestadas públicamente en estas semanas en los dos temas que están en la primera plana de la actualidad informativa. Sobre el que preocupa en mayor medida a los ciudadanos de Astorga, después del incendio ocurrido el pasado 17 de agosto en la casa de la harinera de la Brecha, PSOE y PAL sostuvieron que la solución a la desprotección de la ciudad y las pedanías solo pasa por dotar de profesionales a un servicio básico como es la extinición de incendios, que espera ser implantado y desarrollado desde el año 2001, cuando la Diputación aprobó el Plan Territorial de Protección Civil de la provincia en el se consideraba como "urgente" la creación de "un parque de incendios profesional en la zona de Astorga-La Bañeza". En cambio el PP, que se abstuvo en la moción presentada por el grupo socialista, se dedicó a explicar la red de centros atendidos por voluntarios que quiere poner en marcha la Diputación, sin salirse del guión que el presidente de la institución provincial viene reiterando en las últimas semanas: no es posible asumir el coste de una red de parques atendidos por profesionales. Jacinto Bardal volvió a culpar a la alcaldesa de "dinamitar" el servicio que venían prestando los cinco empleados municipales.
En cuanto al traslado al CTR de las balas de basura generada en León y su Alfoz hace una década, el PP buscó una argucia formal para justificar su abstención. Según el concejal popular, Joaquín Jarrín, la moción presentada por el PSOE no era el procedimiento que encajaba ya que no se dirigía a ninguna institución sino a un consorcio como es Gersul, por eso Jarrín anunció que la impugnarían. La alcaldesa, Victorina Alonso, intentó sin éxito que el PP se posicionara claramente sobre la propuesta de instar a Gersul a que paralice el traslado de las balas. El PAL volvió a manifestar sin lugar a dudas su oposición al vertido del medio millón de toneladas de residuos en el vaso del CTR porque, según Pablo Peyuca González, todo lo que ha rodeado al CTR desde que se instalara en San Román ha resultado ser una "gran mentira" y en estos momentos tampoco "nos fiamos de las palabras de quien está gobernando. No queremos que se traiga más basura para enterrarla porque no se va a reciclar", la principal función que se le suponía al centro de tratamiento.
Por un servicio de Correos universal
Los tres grupos municipales sí llegaron con un acuerdo de antemano sobre el mantenimiento de Correos. Esta moción presentada por el PAL, que había quedado sobre la mesa en el pleno del mes de julio, fue votada por unanimidad, en ella el Ayuntamiento insta al gobierno de la nación a que tome las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público, definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público.
En la moción se argumenta que el estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, conlleva un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas) y en la provincia de León, en la que el ajuste ha significado en concreto en los últimos tres años más de 150 puestos suprimidos, y cientos de poblaciones menores quedan a diario sin reparto regular, miles de ciudadanos han sido afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal, centenares de kilómetros de reparto que no se pueden cubrir a diario, etc. Y, sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.
