El PP pretende que las juntas vecinales que no presenten las cuentas sean intervenidas
Redacción / Astorga
La reforma de la administración local que diseña el Gobierno de Mariano Rajoy prevé la intervención de las juntas vecinales que no presenten las cuentas. Así lo ha transmitido el secretario ejecutivo de Política Local del PP, el ponferradino Manuel Cobo, en la jornada de análisis que ha mantenido hoy con los alcaldes y cargos de esta formación política en la provincia.
Cobo reconoció que esta ley de reforma de la administración local, -en una “primera fase” y debido a la “presión europea”-, tenía el objetivo de “cargarse municipios”, ya que destacó que “resulta difícil de entender “que haya tantos y tan pequeñitos”, según informa la agencia Ical. En su intervención recordó que el objetivo es que el gran número de administraciones que existe en España pueda prestar un servicio con transparencia, que sea “eficiente” y que tenga el “menor coste” posible. Si esto ocurre, indicó, “el Gobierno no va a cerrar, a clausurar o a impedir” a cualquiera de estas administraciones que continúen haciendo su labor. Sin embargo, sí que desaparecerán las que “no presenten cuentas, y no sean eficaces”, ya que es “lo que exigen los ciudadanos”, señaló.
Ayuntamientos y diputaciones
Las líneas maestras de la nueva ley para la racionalidad y sostenibilidad local están aprobadas en un primer borrador, en el que salen reforzadas las diputaciones provinciales. Según Cobo, son las instituciones que pueden asumir “ese papel al que no llegan los ayuntamientos pequeñitos”. Respecto a los ayuntamientos subrayó, que la nueva organización admistrativa servirá para “clarificar” sus competencias y para que dejen de asumir las que les son impropias y lastran las economías municipales. Los servicios que prestan y que no les corresponden de manera directa, serán financiados “por la administración competente”, explicó el secretario ejecutivo de Política Local del PP.
La normativa que prepara el gobierno central aún tiene que pasar por diversos trámites administrativos hasta que finalmente sea aprobada por el Congreso de los Diputados.
Redacción / Astorga
La reforma de la administración local que diseña el Gobierno de Mariano Rajoy prevé la intervención de las juntas vecinales que no presenten las cuentas. Así lo ha transmitido el secretario ejecutivo de Política Local del PP, el ponferradino Manuel Cobo, en la jornada de análisis que ha mantenido hoy con los alcaldes y cargos de esta formación política en la provincia.
Cobo reconoció que esta ley de reforma de la administración local, -en una “primera fase” y debido a la “presión europea”-, tenía el objetivo de “cargarse municipios”, ya que destacó que “resulta difícil de entender “que haya tantos y tan pequeñitos”, según informa la agencia Ical. En su intervención recordó que el objetivo es que el gran número de administraciones que existe en España pueda prestar un servicio con transparencia, que sea “eficiente” y que tenga el “menor coste” posible. Si esto ocurre, indicó, “el Gobierno no va a cerrar, a clausurar o a impedir” a cualquiera de estas administraciones que continúen haciendo su labor. Sin embargo, sí que desaparecerán las que “no presenten cuentas, y no sean eficaces”, ya que es “lo que exigen los ciudadanos”, señaló.
Ayuntamientos y diputaciones
Las líneas maestras de la nueva ley para la racionalidad y sostenibilidad local están aprobadas en un primer borrador, en el que salen reforzadas las diputaciones provinciales. Según Cobo, son las instituciones que pueden asumir “ese papel al que no llegan los ayuntamientos pequeñitos”. Respecto a los ayuntamientos subrayó, que la nueva organización admistrativa servirá para “clarificar” sus competencias y para que dejen de asumir las que les son impropias y lastran las economías municipales. Los servicios que prestan y que no les corresponden de manera directa, serán financiados “por la administración competente”, explicó el secretario ejecutivo de Política Local del PP.
La normativa que prepara el gobierno central aún tiene que pasar por diversos trámites administrativos hasta que finalmente sea aprobada por el Congreso de los Diputados.
