La Plataforma Rural cree que con la reforma se concentrarán y privatizarán los servicios públicos
Redacción / Astorga
En el debate generado ante la redacción de la nueva Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración, el mundo rural no se quiere quedar al margen. La Plataforma Rural entiende que la futura normativa supone un riesgo "de privatización de recursos públicos y comunales" cuyo objetivo es "arrebatar la autonomía de los pueblos".
El portavoz de la plataforma, Jerónimo Aguado, ha manifestado que como ya ocurrió en el siglo XIX, la población rural será la pagana "de una administración pública que no gestiona bien sus asuntos. Quieren quitarnos la capacidad de decidir sobre lo que es nuestro, para costear la deuda de una administración que mantiene desde hace décadas olvidados a los pueblos".
Con este planteamiento, la Plataforma Rural analizará los días 5 y 6 en Madrid, qué supone la reforma de la administración local para las entidades locales menores. La propuesta de que las diputaciones asuman los servicios públicos rurales significa para este colectivo, que se concentrarán y derivarán "desde el estado a la empresa privada grandes contratas" a intereses empresariales que "no tienen vocación de servicio público", por ello reivindica su gestión, ya que quienes viven en los pueblos "conocemos nuestras necesidades y capacidades".
La población rural en España supone el 20 por ciento del total de los españoles. Una de cada cinco personas en el país vive en pueblos. Con la nueva ley, el gobierno pretende ahorrar 72,8 millones de euros a costa de la desaparición de 3.200 entidades menores y 1.024 mancomunidades. Con la venta de las aproximadamente 3,5 millones de hectáreas comunales, el estado se podría embolsar 21.000 millones de euros.
En las jornadas del mes de abril, organizadas por la Plataforma Rural, los profesores Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla); José Miguel Lana Berasáin, de la Universidad de Navarra; y José A. González Nóvoa, de la Universidad Autónoma de Madrid, analizarán en una mesa redonda 'El futuro de los bienes comunales y la Ley Montoro'. Entre las ponencias destaca la de Valentín Cabero Diéguez, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, titulada '¿Que supone la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para los pueblos pequeños, y el medio rural?'.
Redacción / Astorga
En el debate generado ante la redacción de la nueva Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración, el mundo rural no se quiere quedar al margen. La Plataforma Rural entiende que la futura normativa supone un riesgo "de privatización de recursos públicos y comunales" cuyo objetivo es "arrebatar la autonomía de los pueblos".
El portavoz de la plataforma, Jerónimo Aguado, ha manifestado que como ya ocurrió en el siglo XIX, la población rural será la pagana "de una administración pública que no gestiona bien sus asuntos. Quieren quitarnos la capacidad de decidir sobre lo que es nuestro, para costear la deuda de una administración que mantiene desde hace décadas olvidados a los pueblos".
Con este planteamiento, la Plataforma Rural analizará los días 5 y 6 en Madrid, qué supone la reforma de la administración local para las entidades locales menores. La propuesta de que las diputaciones asuman los servicios públicos rurales significa para este colectivo, que se concentrarán y derivarán "desde el estado a la empresa privada grandes contratas" a intereses empresariales que "no tienen vocación de servicio público", por ello reivindica su gestión, ya que quienes viven en los pueblos "conocemos nuestras necesidades y capacidades".
La población rural en España supone el 20 por ciento del total de los españoles. Una de cada cinco personas en el país vive en pueblos. Con la nueva ley, el gobierno pretende ahorrar 72,8 millones de euros a costa de la desaparición de 3.200 entidades menores y 1.024 mancomunidades. Con la venta de las aproximadamente 3,5 millones de hectáreas comunales, el estado se podría embolsar 21.000 millones de euros.
En las jornadas del mes de abril, organizadas por la Plataforma Rural, los profesores Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla); José Miguel Lana Berasáin, de la Universidad de Navarra; y José A. González Nóvoa, de la Universidad Autónoma de Madrid, analizarán en una mesa redonda 'El futuro de los bienes comunales y la Ley Montoro'. Entre las ponencias destaca la de Valentín Cabero Diéguez, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, titulada '¿Que supone la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para los pueblos pequeños, y el medio rural?'.
