El Procurador del Común admite a trámite una queja sobre el cierre de los servicios de guardia nocturnos en las farmacias rurales
Redacción / Astorga
El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja por el cierre de los servicios nocturnos de guardia en las farmacias rurales de Castilla y León. En la denuncia efectuada por el Partido Castellanista (PCAS) se señala que la Junta de Castilla y León ha cedido “injustificadamente” a la presión de los colegios oficiales de farmacéuticos, al aprobar una nueva ordenación de los servicios en la comunidad autónoma.
Para la formación política, este recorte de guardias, en ningún caso, supone para las arcas de la Junta ninguna reducción del gasto público, sin embargo “sí un nuevo agravio para el maltratado mundo rural”. En este caso, recordó que la competencia de la Junta es la organización de los servicios, y a juicio del PCAS, este “ajuste” vuelve a incidir en maltratar a la ciudadanía del medio rural, según informa la agencia Ical.
Asimismo, la formación indicó que para muchos habitantes de Castilla y León la farmacia de guardia más cercana “puede quedar a casi un centenar de kilómetros”. Por ello, denunció que la decisión se ha tomado de una manera totalmente “unilateral, sin ningún tipo de trámite de información previa a los vecinos afectados y con el agravio y la reducción en la calidad del servicio sanitario que supone para los habitantes de estas localidades, al verse obligados a desplazarse más aún de lo que lo estaban haciendo hasta ahora”.
El PCAS entiende que con la actual supresión de las guardias, principalmente nocturnas, de farmacias rurales, “la Junta no puede asegurar la dispensa de medicamentos" a los habitantes del área rural. Finalmente, advirtió de que el aumento de población en verano puede generar “problemas sanitarios
Redacción / Astorga
El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja por el cierre de los servicios nocturnos de guardia en las farmacias rurales de Castilla y León. En la denuncia efectuada por el Partido Castellanista (PCAS) se señala que la Junta de Castilla y León ha cedido “injustificadamente” a la presión de los colegios oficiales de farmacéuticos, al aprobar una nueva ordenación de los servicios en la comunidad autónoma.
Para la formación política, este recorte de guardias, en ningún caso, supone para las arcas de la Junta ninguna reducción del gasto público, sin embargo “sí un nuevo agravio para el maltratado mundo rural”. En este caso, recordó que la competencia de la Junta es la organización de los servicios, y a juicio del PCAS, este “ajuste” vuelve a incidir en maltratar a la ciudadanía del medio rural, según informa la agencia Ical.
Asimismo, la formación indicó que para muchos habitantes de Castilla y León la farmacia de guardia más cercana “puede quedar a casi un centenar de kilómetros”. Por ello, denunció que la decisión se ha tomado de una manera totalmente “unilateral, sin ningún tipo de trámite de información previa a los vecinos afectados y con el agravio y la reducción en la calidad del servicio sanitario que supone para los habitantes de estas localidades, al verse obligados a desplazarse más aún de lo que lo estaban haciendo hasta ahora”.
El PCAS entiende que con la actual supresión de las guardias, principalmente nocturnas, de farmacias rurales, “la Junta no puede asegurar la dispensa de medicamentos" a los habitantes del área rural. Finalmente, advirtió de que el aumento de población en verano puede generar “problemas sanitarios
