La Cámara Agraria cierra sus puertas por la retirada de la financiación de la Junta
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El Pleno de la Cámara Agraria de León adoptó este lunes el acuerdo de cesar de forma programada su actividad, propuesta formulada por el presidente en base a la situación que se ha desencadenado en todas las cámaras agrarias de Castilla y León a raíz de la retirada por parte de la Junta de Castilla y León de la financiación pública.
El Pleno no decidió pasar la actividad a la Asociación de Juntas Agropecuarias de León (AJAL), pues no tiene poderes para ello, ni se debatió nada sobre la gestión de AJAL, pues no forma parte de sus competencias. Serán las 80 juntas agropecuarias locales las que libre y voluntariamente decidan, haciéndose socias, que AJAL le preste los servicios que hasta ahora le prestaba la Cámara. Al ritmo actual, en breves semanas la mayoría estará ya adherida, independientemente de que los dirigentes de las mismas simpaticen con una u otra organización agraria.
En la nueva entidad, las organizaciones agrarias tienen reservado un papel minoritario, pues el peso de la asociación debe corresponder a los destinatarios del servicio, las juntas agropecuarias locales. ASAJA colaborará, incluso económicamente, en función de sus posibilidades, para que todo sea un éxito, y espera de las demás organizaciones una postura similar.
La creación de la asociación ha evitado, mediante un pacto laboral, tener que despedir e indemnizar a las dos trabajadoras que forman parte de la plantilla de la Cámara Agraria, una indemnización que habría obligado al cese inmediato de la actividad y que agotaría todos los recursos económicos disponibles y parte de los patrimoniales.
La opción elegida en la provincia de León es la única que garantiza la continuidad del servicio que se estaba dando, la continuidad de los puestos de trabajo, y que garantiza preservar el patrimonio, según afirma el sindicato ASAJA.
ASAJA se descuelga de la propuesta del resto de organizaciones sindicales como proponen el resto de organizaciones, y garantiza la continuidad del ente jurídico y la integridad de su patrimonio. Es la Junta de Castilla y León la única que puede, en el uso de sus competencias, decidir sobre la liquidación o no de las distintas cámaras agrarias de Castilla y León.
El Pleno de la Cámara Agraria de León adoptó este lunes el acuerdo de cesar de forma programada su actividad, propuesta formulada por el presidente en base a la situación que se ha desencadenado en todas las cámaras agrarias de Castilla y León a raíz de la retirada por parte de la Junta de Castilla y León de la financiación pública.
El Pleno no decidió pasar la actividad a la Asociación de Juntas Agropecuarias de León (AJAL), pues no tiene poderes para ello, ni se debatió nada sobre la gestión de AJAL, pues no forma parte de sus competencias. Serán las 80 juntas agropecuarias locales las que libre y voluntariamente decidan, haciéndose socias, que AJAL le preste los servicios que hasta ahora le prestaba la Cámara. Al ritmo actual, en breves semanas la mayoría estará ya adherida, independientemente de que los dirigentes de las mismas simpaticen con una u otra organización agraria.
En la nueva entidad, las organizaciones agrarias tienen reservado un papel minoritario, pues el peso de la asociación debe corresponder a los destinatarios del servicio, las juntas agropecuarias locales. ASAJA colaborará, incluso económicamente, en función de sus posibilidades, para que todo sea un éxito, y espera de las demás organizaciones una postura similar.
La creación de la asociación ha evitado, mediante un pacto laboral, tener que despedir e indemnizar a las dos trabajadoras que forman parte de la plantilla de la Cámara Agraria, una indemnización que habría obligado al cese inmediato de la actividad y que agotaría todos los recursos económicos disponibles y parte de los patrimoniales.
La opción elegida en la provincia de León es la única que garantiza la continuidad del servicio que se estaba dando, la continuidad de los puestos de trabajo, y que garantiza preservar el patrimonio, según afirma el sindicato ASAJA.
ASAJA se descuelga de la propuesta del resto de organizaciones sindicales como proponen el resto de organizaciones, y garantiza la continuidad del ente jurídico y la integridad de su patrimonio. Es la Junta de Castilla y León la única que puede, en el uso de sus competencias, decidir sobre la liquidación o no de las distintas cámaras agrarias de Castilla y León.
