"El homenaje a Luis es importante pero no es el final de mi lucha"

Usted llega a Astorga una semana después de que la jueza argentina María Servini haya ordenado la detención y extradición de veinte personas vinculadas con la represión y crímenes del Franquismo, entre ellos dos ex ministros leoneses, Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores, y Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, por su responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por la dictadura franquista en 1975. Comienza a dar frutos la batalla legal que usted comenzó en el año 2004.

Diez años después parecen muchos años, pero no son tanto, se decidieron cosas muy importantes como esto de las 20 imputaciones. Bien es verdad que se han ido muriendo algunos como Fraga. Las cosas, quizás, se podrían haber hecho más rápido pero se hicieron así y creo que estas 20 imputaciones son muy importantes y un comienzo de justicia.

Sí, pero no dejan de ser diez años. ¿El proceso al juez Baltasar Garzón ralentizó de alguna manera todo?

En 2006 las asociaciones memorialistas presentaron una demanda con todos los nombres, después en 2008 Garzón se declara competente en el asunto, y en ese mismo año se inhibe en los juzgados territoriales de Argentina, donde archivaron todas las causas por la Ley de Amnistía y porque consideraron que eran delitos comunes que estaban prescritos. Amnistía Internacional investigó todas las causas que Garzón envió a los juzgados territoriales y comprobó que estaban todas archivadas. Al ver cerradas esas puertas, Garzón es acusado de prevaricato del que finalmente es absuelto y el Tribunal Supremo además de absolverlo habla de los crímenes del Franquismo e insiste en los mismos argumentos de prescripción de delitos comunes. Tenemos antecedentes jurídicos malos en España como para que un juez se anime a juzgar, ese es el problema.

La batalla legal que usted inicia para recuperar la memoria de sus familiares, Vicente, Elías y Luis García Holgado, derivó en el proceso que se siguió en España al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen de Franco. ¿Cómo se interpretó fuera de España esta suspensión?

En Argentina se recabaron muchas firmas para apoyar a Garzón cuando le acusaron de prevaricato, antes de la sentencia. Nosotros considerábamos que si lo condenaban por haber investigado los crímenes del Franquismo iba a ser algo internacionalmente rechazado, así que suponemos que por eso Garzón no fue acusado de prevaricato allí pero sí por otros temas. Mucha gente sospecha que por haberse metido contra el Franquismo lo retiraron de la causa de Gürtel. Es tan poderoso este tema que casi no te podés meter porque hay beneficios económicos, empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo, hay gente que se quedó con las casas y los campos de los 'paseados'. No puedes tocar el tema acá, es muy complicado.

¿Usted ve miedo todavía?

Veo miedo por parte de las víctimas y por parte de los victimarios, éstos tienen miedo porque se enriquecieron con bienes de republicanos o con trabajo esclavo de empresas conocidas. Vos pensá que si ellos que son herederos dicen sí a juzgar y corren peligro sus bienes personales, por eso digo que el tema económico está influyendo en todo esto. Por otro lado, las víctimas, sobre todo en los pueblos chiquitos tienen miedo a hablar. Se han perdido generaciones de silencio.

Usted junto con Darío Rivas (hijo del agricultor gallego ‘paseado’) y un importante número de asociaciones y colectivos que defienden los Derechos Humanos, presentaron una querella por lo que entienden como “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad”. ¿En qué punto se encuentra el proceso legal?

Estamos en las 20 imputaciones y esperando que España actúe.

¿Qué plazo tiene España para actuar?

España puede directamente arrestarlos o puede esperar a que el pedido de extradición pase por Relaciones Exteriores y otros organismos estatales, y después vuelva y después pase a la Audiencia Nacional. El Estado realmente si quiere actuar puede hacerlo rápidamente. España lo que realmente está haciendo es esperar al exhorto de la jueza y va a tratar de hacerlo lo más lento posible.

¿El proceso judicial que se está pilotando desde Argentina logrará dignificar a las víctimas del Franquismo?

Espero que alguno de los imputados salga de España y lo detengan, porque judicialmente ya deberían haberlos detenido. No sé qué puede pasar porque hay una orden de captura internacional por parte de la Interpol, eso es muy positivo porque molesta, lo que ocurre es que todos queremos que se juzguen a los culpables. España está equivocada, es todavía franquista y es un país de la Unión Europea que no cumple los tratados de Derechos Humanos en ningún momento. En Argentina no podemos creer lo que pasa en España, que haya fosas comunes y que el Estado no haga nada o que se presente una denuncia al juez y archive la causa. En Argentina se encuentra una fosa común y enseguida va el juez y el Estado interviene porque tiene la obligación de investigar así como las víctimas el derecho a la verdad. Esto es mínimamente lo que un Estado democrático tiene que ofrecer.

En el auto de la jueza Servini de Cubría que ordena la detención de Martín Villa y Fernando Suárez se señala que “lo que se investigan son hechos atroces de lesa humanidad”, como los ‘paseos’ a sus familiares, la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970, los sucesos de Vitoria en marzo de 1976... ¿Quién es la jueza argentina Marina Servini de Cubría?

La jueza es una persona controvertida. Cuando en el año 2010 se hizo el sorteo de la querella no estábamos contentos porque había otros jueces federales que probablemente lo hubieron hecho todo mucho más rápido y mejor. Lo cierto es que no le podemos criticar porque al principio rechazó la causa porque le quemaba, pero los abogados apelaron y la Cámara le obligó, entonces empezó a moverse. Es una jueza que ha tenido buenas sentencias en el tema de los nietos robados durante la dictadura argentina.

En menos de un año tres organismos de Naciones Unidas han resaltado la necesidad de investigar los crímenes del Franquismo, de derogar la Ley de Amnistía y de exigir al Estado español que “cumpla con su obligación” y busque a los más de 100.000 desaparecidos…, ¿a usted le consta que en el Gobierno de España esté teniendo alguna repercusión?

España no está haciendo nada lamentablemente porque dicen que se está investigando pero no es verdad. Necesitamos más presión internacional sobre España. Que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haya rechazado presentaciones hechas por represaliados, por considerarlo que esperaron mucho tiempo para pedir que se investigaran, da que pensar. Se nota que en los organismos internacionales no se está dando demasiada presión. El otro día me enviaron la información de que España ha entrado en el Consejo de Seguridad de la ONU ¿para defender los Derechos Humanos, pero estamos todos locos?

¿Cómo se podría conseguir esa presión internacional?

Estuve con Garzón recientemente y me comentó que están trabajando para que el tema llegue al Tribunal de Estrasburgo y tenga que intervenir.

¿Cómo estáis viviendo todo el proceso los descendientes de las víctimas en Argentina?

Allá tenemos el Centro Ulloa para víctimas de la represión en Argentina. Los querellantes de la causa de España estamos atendidos por psicólogos, es gratis y nos permitieron ser atendidos. Cuando he visto llorar a mi papá y a mis familiares de aquí, de Astorga, me digo ¿qué cosa puedo hacer? pero es que hay que seguir investigando. El papel del Centro Ulloa en Argentina es importante para atender a las víctimas del terrorismo de Estado, es impresionante. En mi país también nos ayudó mucho a orientarnos Amnistía Internacional porque allá tenemos también nuestros problemas, nos dio unas pautas para sentirnos fuertes.

Luis García Holgado fue concejal socialista de Astorga en 1931, teniente alcalde de Hervás en 1936, miembro de UGT, masón y anticlerical. Este sábado se le brinda un homenaje en el Ayuntamiento de Astorga, ¿satisfecha?

Es una gran alegría, se lo agradezco a Astorga porque es muy importante pero no es el final de mi lucha por la reivindicación de Luis. Quiero averiguar, quiero conseguir justicia, quiénes lo fusilaron en Hervás. Otra de las cosas que siento es que Hervás tendría que hacerle un reconocimiento, por la forma cruel en que murió Luis. Allá le han puesto una placa en el cementerio, pero no es suficiente.