La pedánea de Bustos declara como imputada por presunta estafa y desobediencia a la autoridad
Manuela Cristina Rodríguez Celada tiene que acudir este viernes al Juzgado de Instrucción número 2 de Astorga que instruye la querella del Ayuntamiento de Valderrey tras un Contencioso que ya ganó esta Corporación.
La presidenta de la Junta Vecinal de Bustos, Manuela Cristina Rodríguez Celada, elegida bajo la siglas del Partido Popular, está llamada este viernes a declarar en calidad de imputada por un presunto doble delito de estafa y desobediencia a la autoridad ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Astorga.
La pedánea deberá declarar como imputada por los cobros presuntamente irregulares y fraudulentos del agua a los vecinos de la localidad durante un amplio plazo de tiempo, cuando ya no tenía potestad para ejercer la gestión de este servicio, pues había sido revocada esa competencia por el Ayuntamiento de Valderrey, y posteriormente confirmada dicha revocación por un juez de lo Contencioso administrativo.
Vistas las supuestas irregularidades que se venían cometiendo, y ganado tanto el contencioso como el posterior recurso de la ahora imputada, la Justicia le impuso a Rodríguez Celada un plazo muy concreto para entregar al Ayuntamiento las llaves de las instalaciones, las cuentas y todo lo referente a la gestión de este servicio básico. Sin embargo, ese plazo expiró en agosto sin que la denunciada hiciera su parte correspondiente a lo reclamado.
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Además de incumplir en un principio el mandato judicial, la presidenta de Bustos siguió cobrando el agua a los vecinos a través de unos recibos presuntamente irregulares, sin un padrón claro y oficial e incluso sin que se consignasen los nombres de los vecinos que pagaban, ni las lecturas de los contadores, ni los conceptos por los que se efectuaba el cobro, entre otras graves cuestiones.
Negativa tras negativa
El Ayuntamiento, sin embargo, quiso agotar la vía administrativa y legal, solicitando a la presidenta que ingresara el dinero recaudado en las arcas municipales, dado que ahora el Consistorio ostentaba la gestión, pero se negó verbalmente y por escrito, aduciendo que eran temas internos del funcionamiento de la Junta Vecinal.
De este modo, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que interponer una querella a la que, a priori, la jueza ha dado curso, primero admitiéndola a trámite y, seguidamente, avanzado en la instrucción y citando a declarar como imputada a Manuela Cristina Rodríguez González. Por todo ello, a las 11,30 horas del viernes 19 de diciembre tendrá que acudir a declarar judicialmente de todas esas cuestiones que no ha querido contestar ni resolver con el Ayuntamiento, fuera de los tribunales.
El Ayuntamiento de Valderrey, por boca de su alcalde, Gaspar Cuervo, lamenta esta “actitud de obstrucción continua” de la pedánea “a pesar de que hemos dado sobradas muestras de buscar un acuerdo” para evitar algo que a su juicio “está fuera de la Ley”.
“Hablamos del dinero de los vecinos y de un servicio básico”
El regidor recuerda que se trata de un asunto muy serio, porque “hablamos del dinero de nuestros vecinos y de un servicio vital como es el agua”, en el que “nadie puede estar por encima de los juzgados y las sentencias, menospreciando además a la institución que representa a todo el municipio y que debe garantizar esos servicios y el cumplimiento estricto de la legalidad”.
La presidenta de la Junta Vecinal de Bustos, Manuela Cristina Rodríguez Celada, elegida bajo la siglas del Partido Popular, está llamada este viernes a declarar en calidad de imputada por un presunto doble delito de estafa y desobediencia a la autoridad ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Astorga.
La pedánea deberá declarar como imputada por los cobros presuntamente irregulares y fraudulentos del agua a los vecinos de la localidad durante un amplio plazo de tiempo, cuando ya no tenía potestad para ejercer la gestión de este servicio, pues había sido revocada esa competencia por el Ayuntamiento de Valderrey, y posteriormente confirmada dicha revocación por un juez de lo Contencioso administrativo.
Vistas las supuestas irregularidades que se venían cometiendo, y ganado tanto el contencioso como el posterior recurso de la ahora imputada, la Justicia le impuso a Rodríguez Celada un plazo muy concreto para entregar al Ayuntamiento las llaves de las instalaciones, las cuentas y todo lo referente a la gestión de este servicio básico. Sin embargo, ese plazo expiró en agosto sin que la denunciada hiciera su parte correspondiente a lo reclamado.
Además de incumplir en un principio el mandato judicial, la presidenta de Bustos siguió cobrando el agua a los vecinos a través de unos recibos presuntamente irregulares, sin un padrón claro y oficial e incluso sin que se consignasen los nombres de los vecinos que pagaban, ni las lecturas de los contadores, ni los conceptos por los que se efectuaba el cobro, entre otras graves cuestiones.
Negativa tras negativa
El Ayuntamiento, sin embargo, quiso agotar la vía administrativa y legal, solicitando a la presidenta que ingresara el dinero recaudado en las arcas municipales, dado que ahora el Consistorio ostentaba la gestión, pero se negó verbalmente y por escrito, aduciendo que eran temas internos del funcionamiento de la Junta Vecinal.
De este modo, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que interponer una querella a la que, a priori, la jueza ha dado curso, primero admitiéndola a trámite y, seguidamente, avanzado en la instrucción y citando a declarar como imputada a Manuela Cristina Rodríguez González. Por todo ello, a las 11,30 horas del viernes 19 de diciembre tendrá que acudir a declarar judicialmente de todas esas cuestiones que no ha querido contestar ni resolver con el Ayuntamiento, fuera de los tribunales.
El Ayuntamiento de Valderrey, por boca de su alcalde, Gaspar Cuervo, lamenta esta “actitud de obstrucción continua” de la pedánea “a pesar de que hemos dado sobradas muestras de buscar un acuerdo” para evitar algo que a su juicio “está fuera de la Ley”.
“Hablamos del dinero de los vecinos y de un servicio básico”
El regidor recuerda que se trata de un asunto muy serio, porque “hablamos del dinero de nuestros vecinos y de un servicio vital como es el agua”, en el que “nadie puede estar por encima de los juzgados y las sentencias, menospreciando además a la institución que representa a todo el municipio y que debe garantizar esos servicios y el cumplimiento estricto de la legalidad”.
