Miembros de la Plataforma del CTR irrumpen en el pleno de la Diputación para exigir una gestión transparente de la basura
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Un grupo de vecinos del entorno del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, que integran la plataforma por una gestión transparente y eficaz de esta instalación, reclamaron este miércoles ante el pleno de la Diputación Provincial "alternativas" a los modelos de gestión de residuos, así como la implicación de los municipios y la aplicación de una recogida "selectiva" que permita "facilitar y optimizar" las plantas de tratamientos de residuos.
Sus miembros interrumpieron el Pleno en el Palacio de los Guzmanes denunciando los peligros para la salud y el medio ambiente que el consorcio Gersul, a su juicio, promueve desde la llegada de las 500.000 toneladas de residuos llegados al CTR desde la finca de El Busto de Santa María del Páramo, recriminando a los responsables del consorcio y la Diputación estar "comprados" por el dinero sin importarles la grave situación que se vive en la zona.
Uno de los integrantes de este colectivo que asistió al Pleno para "plantar cara" a la "nefasta" gestión de los residuos que se está llevando a cabo en la provincia, denunció que el vaso de rechazos se encuentra "colapsado", algo que perjudica y mucho incluso a los bolsillos de todos los leoneses, dado que ahora se tendrá que invertir en ejecutar un nuevo vaso, una vez que la gestión ha hecho que la infraestructura actual se colapse en la mitad del plazo previsto.
A esto hizo mención también el diputado socialista de las comarcas afectadas, Joaquín Llamas, quien recordó que el presidente Emilio Orejas se ha negado a recibir a los representantes de 13 ayuntamientos afectados, a pesar de que, según Llamas, son evidentes los "graves peligros" contra la salud y el medio ambiente que la situación provoca. "Los ciudadanos se están enfadando y están muy preocupados, y nuestra obligación es defenderlos", como recordó que Orejas había prometido en su investidura.
Orejas: todo es legal... y de Gersul
El presidente, a preguntas posteriores de los periodistas, se limitó a defender la gestión actual de Gersul, que no de la Diputación, recordó, y asegurar que todo lo que se ha hecho en el CTR es legal y cuenta con el visto bueno de la Junta de Castilla y León.
Los miembros de la plataforma continuaron su protesta en la calle, entre gritos de corrupción también, recordando el vertido de lixiviados a los campos, la expulsión de líquidos y del traslado de zahorras a La Bañeza a un centro de residuos "de construcción y demolición que no tiene la autorización para traer estos materiales", por lo que reclamaron rodeados de agentes de Policía Nacional más "transparencia" porque "están enriqueciéndose a nuestra costa y con nuestro dinero", sentenciaron.
Por todo ello, la plataforma reclama la eliminación "inmediata" de la última modificación de la ordenanza fiscal de tasa que convierte un CTR en "un vertedero legalizado y sin control" y que se recupere la normativa anterior para que no pueda realizarse "el vertido directo en el vaso de rechazos", dejando clara la oposición "frontal" que ha generado la aprobación de la nueva tasa que permite el vertido directo de residuos "sin clasificar, peligrosos y potencialmente contaminantes" al vaso de rechazos del CTR.
Un grupo de vecinos del entorno del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, que integran la plataforma por una gestión transparente y eficaz de esta instalación, reclamaron este miércoles ante el pleno de la Diputación Provincial "alternativas" a los modelos de gestión de residuos, así como la implicación de los municipios y la aplicación de una recogida "selectiva" que permita "facilitar y optimizar" las plantas de tratamientos de residuos.
Sus miembros interrumpieron el Pleno en el Palacio de los Guzmanes denunciando los peligros para la salud y el medio ambiente que el consorcio Gersul, a su juicio, promueve desde la llegada de las 500.000 toneladas de residuos llegados al CTR desde la finca de El Busto de Santa María del Páramo, recriminando a los responsables del consorcio y la Diputación estar "comprados" por el dinero sin importarles la grave situación que se vive en la zona.
Uno de los integrantes de este colectivo que asistió al Pleno para "plantar cara" a la "nefasta" gestión de los residuos que se está llevando a cabo en la provincia, denunció que el vaso de rechazos se encuentra "colapsado", algo que perjudica y mucho incluso a los bolsillos de todos los leoneses, dado que ahora se tendrá que invertir en ejecutar un nuevo vaso, una vez que la gestión ha hecho que la infraestructura actual se colapse en la mitad del plazo previsto.
A esto hizo mención también el diputado socialista de las comarcas afectadas, Joaquín Llamas, quien recordó que el presidente Emilio Orejas se ha negado a recibir a los representantes de 13 ayuntamientos afectados, a pesar de que, según Llamas, son evidentes los "graves peligros" contra la salud y el medio ambiente que la situación provoca. "Los ciudadanos se están enfadando y están muy preocupados, y nuestra obligación es defenderlos", como recordó que Orejas había prometido en su investidura.
Orejas: todo es legal... y de Gersul
El presidente, a preguntas posteriores de los periodistas, se limitó a defender la gestión actual de Gersul, que no de la Diputación, recordó, y asegurar que todo lo que se ha hecho en el CTR es legal y cuenta con el visto bueno de la Junta de Castilla y León.
Los miembros de la plataforma continuaron su protesta en la calle, entre gritos de corrupción también, recordando el vertido de lixiviados a los campos, la expulsión de líquidos y del traslado de zahorras a La Bañeza a un centro de residuos "de construcción y demolición que no tiene la autorización para traer estos materiales", por lo que reclamaron rodeados de agentes de Policía Nacional más "transparencia" porque "están enriqueciéndose a nuestra costa y con nuestro dinero", sentenciaron.
Por todo ello, la plataforma reclama la eliminación "inmediata" de la última modificación de la ordenanza fiscal de tasa que convierte un CTR en "un vertedero legalizado y sin control" y que se recupere la normativa anterior para que no pueda realizarse "el vertido directo en el vaso de rechazos", dejando clara la oposición "frontal" que ha generado la aprobación de la nueva tasa que permite el vertido directo de residuos "sin clasificar, peligrosos y potencialmente contaminantes" al vaso de rechazos del CTR.
