CCOO exige a la Junta que no concierte unidades educativas con un número de alumnos inferior al establecido por ley
Redacción / Astorga
CCOO ha exigido a la Junta que no concierte unidades con un número de alumnos inferior al legalmente establecido y consideró necesario priorizar la enseñanza pública, “víctima hasta ahora de la mayor parte de los recortes”. Por ello, reclamó a la Administración que tome medidas para reequilibrar el reparto del alumnado inmigrante y el que tiene necesidades educativas especiales, según informó en un comunicado, en el que rechazó también el concierto de los colegios que separan por sexo.
Desde el sindicato recuerdan que cuando finalice el presente curso 2012-2013 terminará el plazo por el que fueron concedidos los actuales conciertos educativos, por lo que los centros privados de la comunidad que desean acogerse a ellos han debido presentar, el pasado mes de marzo, la solicitud para los próximos cuatro cursos. En este sentido, los empresarios de los centros de la enseñanza privada han solicitado a la Comisión de Conciertos Educativos de Castilla y León una subvención de un número de nuevas unidades similar al que presentaron en cursos anteriores, que sumadas al resto de las ya existentes, en concreto, 194.
Desde CCOO recordaron la “desigual repercusión” de los recortes presupuestarios de los cuatro últimos años entre la enseñanza pública y la privada sostenida con fondos públicos, ya que mientras hasta el curso pasado la privada había crecido en 31 unidades para hacer frente a un aumento de 573 alumnos, en la pública 37 debían hacer frente a un crecimiento más de diez veces superior, de 5.973 alumnos.
La evolución al alza en la demanda de enseñanza pública, que se debe en parte a las dificultades de las familias para pagar en la concertada las aportaciones voluntarias y las cuotas de actividades extraescolares, “se habría intentado compensar por parte de la Administración regional con dinero público, salvaguardando así intereses privados de tipo económico e ideológico”.
Por último, el sindicato señaló que el pasado verano el Tribunal Supremo declaró ilegales las ayudas a los centros que segregan por sexo, con el argumento de que la Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que los concertados no pueden discriminar a los alumnos en sus criterios de admisión, entre los que se alude expresamente a cuestiones de sexo.
En los meses siguientes, nuevas sentencias del Supremo, referidas a otras comunidades autónomas diferentes a la andaluza, donde se había presentado dicho recurso, ratificaron la misma doctrina.
Redacción / Astorga
CCOO ha exigido a la Junta que no concierte unidades con un número de alumnos inferior al legalmente establecido y consideró necesario priorizar la enseñanza pública, “víctima hasta ahora de la mayor parte de los recortes”. Por ello, reclamó a la Administración que tome medidas para reequilibrar el reparto del alumnado inmigrante y el que tiene necesidades educativas especiales, según informó en un comunicado, en el que rechazó también el concierto de los colegios que separan por sexo.
Desde el sindicato recuerdan que cuando finalice el presente curso 2012-2013 terminará el plazo por el que fueron concedidos los actuales conciertos educativos, por lo que los centros privados de la comunidad que desean acogerse a ellos han debido presentar, el pasado mes de marzo, la solicitud para los próximos cuatro cursos. En este sentido, los empresarios de los centros de la enseñanza privada han solicitado a la Comisión de Conciertos Educativos de Castilla y León una subvención de un número de nuevas unidades similar al que presentaron en cursos anteriores, que sumadas al resto de las ya existentes, en concreto, 194.
Desde CCOO recordaron la “desigual repercusión” de los recortes presupuestarios de los cuatro últimos años entre la enseñanza pública y la privada sostenida con fondos públicos, ya que mientras hasta el curso pasado la privada había crecido en 31 unidades para hacer frente a un aumento de 573 alumnos, en la pública 37 debían hacer frente a un crecimiento más de diez veces superior, de 5.973 alumnos.
La evolución al alza en la demanda de enseñanza pública, que se debe en parte a las dificultades de las familias para pagar en la concertada las aportaciones voluntarias y las cuotas de actividades extraescolares, “se habría intentado compensar por parte de la Administración regional con dinero público, salvaguardando así intereses privados de tipo económico e ideológico”.
Por último, el sindicato señaló que el pasado verano el Tribunal Supremo declaró ilegales las ayudas a los centros que segregan por sexo, con el argumento de que la Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que los concertados no pueden discriminar a los alumnos en sus criterios de admisión, entre los que se alude expresamente a cuestiones de sexo.
En los meses siguientes, nuevas sentencias del Supremo, referidas a otras comunidades autónomas diferentes a la andaluza, donde se había presentado dicho recurso, ratificaron la misma doctrina.
