El presidente de la Diputación cree que incorporar tesoreros a los pequeños ayuntamientos es "insostenible e inviable"
"Insostenible e inviable" para los pequeños ayuntamientos, así ha calificado el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, la disposición aprobada por el Gobierno según la cual los concejales no podrán desempeñar el cargo de tesorero municipal. Majo aseguró que "las normas hay que adaptarlas a los territorios. Las normas desde los despachos de Madrid tendrían que tocar tierra" porque ésta "no es necesaria en un amplio abanico de ayuntamientos" de la provincia.
Majo explicó que la Diputación de León ya se ha puesto en contacto con la Junta y con la Federación de Municipios y Provincias (Femp) para manifestar su postura en contra, pero recordó que "estamos inmersos en el mes de agosto", tradicionalmente con un ritmo de trabajo menor e inexistente en algunos casos, por lo que será en septiembre cuando se lleven a cabo las conversaciones pertinentes. Aunque aseguró que la institución provincial "no se niega a nada de lo que haga falta", puntualizó que lo que se requiere es financiación.
Majo respondía así a preguntas de los periodistas sobre qué le parecía la presentación de la moción del grupo del PSOE para instar a la institución provincial a la retirada de esta medida. El presidente de la Diputación se mostró molesto con este movimiento que calificó "de mal gusto" después de que al inicio del mandato se abogara por el trabajo "conjunto" y por abordar los asuntos de interés en las juntas de portavoces, de las que se han celebrado dos sesiones. "Es la mano que tendida", recordó Majo, que puntualizó que si se presentan mociones individuales que no pasan por este órgano se presupone "un cambio de actitud" y, de esta manera "las cosas cambiarán", por lo que rechazó cualquier moción individual "que vaya por libre" porque una conjunta "tiene muchísimo más valor".
Moción del PSOE
En la moción presentada, los socialistas recordaban en su exposición de motivos que la obligación de que los tesoreros municipales sean funcionarios de habilitación nacional anula que los ediles puedan desempeñar este cargo, “práctica habitual en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 99,5% de los de la provincia de León, es decir, 199 de un total de 211 ayuntamientos”.
El PSOE detalla que los pequeños municipios suelen habilitar a uno de los ediles del equipo de gobierno como tesorero ya que no cuentan con personal municipal suficiente. “De este modo completan la terna necesaria para el desarrollo de su actividad económica diaria que requiere para cualquier operación las firmas del alcalde, del secretario interventor y del tesorero”, añade.
La nueva norma, aprobada por el PP en el Senado mediante una modificación de la polémica reforma local, supone, para el Grupo Socialista en la Diputación, “un coste añadido para los pequeños municipios, inasumible por su ya precaria situación económica, hasta el punto de que podría acarrearles la quiebra”. A ello se suma, a juicio de los socialistas, el retraso y, en algunos casos, la paralización del normal funcionamiento de los pagos que ordinaria y diariamente deben acometer los ayuntamientos a proveedores, con el consiguiente incumplimiento del plazo de 30 días exigido por ley.
"Insostenible e inviable" para los pequeños ayuntamientos, así ha calificado el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, la disposición aprobada por el Gobierno según la cual los concejales no podrán desempeñar el cargo de tesorero municipal. Majo aseguró que "las normas hay que adaptarlas a los territorios. Las normas desde los despachos de Madrid tendrían que tocar tierra" porque ésta "no es necesaria en un amplio abanico de ayuntamientos" de la provincia.
Majo explicó que la Diputación de León ya se ha puesto en contacto con la Junta y con la Federación de Municipios y Provincias (Femp) para manifestar su postura en contra, pero recordó que "estamos inmersos en el mes de agosto", tradicionalmente con un ritmo de trabajo menor e inexistente en algunos casos, por lo que será en septiembre cuando se lleven a cabo las conversaciones pertinentes. Aunque aseguró que la institución provincial "no se niega a nada de lo que haga falta", puntualizó que lo que se requiere es financiación.
Majo respondía así a preguntas de los periodistas sobre qué le parecía la presentación de la moción del grupo del PSOE para instar a la institución provincial a la retirada de esta medida. El presidente de la Diputación se mostró molesto con este movimiento que calificó "de mal gusto" después de que al inicio del mandato se abogara por el trabajo "conjunto" y por abordar los asuntos de interés en las juntas de portavoces, de las que se han celebrado dos sesiones. "Es la mano que tendida", recordó Majo, que puntualizó que si se presentan mociones individuales que no pasan por este órgano se presupone "un cambio de actitud" y, de esta manera "las cosas cambiarán", por lo que rechazó cualquier moción individual "que vaya por libre" porque una conjunta "tiene muchísimo más valor".
Moción del PSOE
En la moción presentada, los socialistas recordaban en su exposición de motivos que la obligación de que los tesoreros municipales sean funcionarios de habilitación nacional anula que los ediles puedan desempeñar este cargo, “práctica habitual en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 99,5% de los de la provincia de León, es decir, 199 de un total de 211 ayuntamientos”.
El PSOE detalla que los pequeños municipios suelen habilitar a uno de los ediles del equipo de gobierno como tesorero ya que no cuentan con personal municipal suficiente. “De este modo completan la terna necesaria para el desarrollo de su actividad económica diaria que requiere para cualquier operación las firmas del alcalde, del secretario interventor y del tesorero”, añade.
La nueva norma, aprobada por el PP en el Senado mediante una modificación de la polémica reforma local, supone, para el Grupo Socialista en la Diputación, “un coste añadido para los pequeños municipios, inasumible por su ya precaria situación económica, hasta el punto de que podría acarrearles la quiebra”. A ello se suma, a juicio de los socialistas, el retraso y, en algunos casos, la paralización del normal funcionamiento de los pagos que ordinaria y diariamente deben acometer los ayuntamientos a proveedores, con el consiguiente incumplimiento del plazo de 30 días exigido por ley.
