El cártel de la basura
Como la mayoría de los lectores sabéis, el último contrato para la gestión de los servicios de (1) limpieza viaria, (2) recogida domiciliaria, transporte, acondicionamiento y gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y (3) del punto limpio para todo el término municipal de Astorga, se extinguió en octubre de 2012 al expirar su última prórroga anual, aprobada por unanimidad de los grupos entonces presentes en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 29 de noviembre de 2011. Por aquél entonces, el asunto de la basura pasó prácticamente desapercibido en el debate público oficial y la gestión privada era concebida como la única fórmula existente para los grupos políticos con representatividad institucional municipal. Sin embargo, IU-Astorga ya planteaba seriamente la conveniencia de recuperar la gestión directa del servicio de saneamiento municipal.
A partir de octubre de 2012, la basura en Astorga se ha gestionado de forma ilegal, sin contrato y vulnerando la legislación en materia de contratación del sector público, así como las propias Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, según las cuales no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Se trata de una gestión en fraude de ley perpetuada por un extenso periodo de tiempo, gestión fraudulenta que la totalidad de los grupos políticos representados en el Consistorio durante la pasada legislatura conocían y toleraban.
Como argumento con el que desde el gobierno local se justificaba esta conducta que el propio Procurador del Común no dudó en censurar, se aludía recurrentemente a los cambios legislativos introducidos en la ley de bases de régimen local por medio de la ley de racionalización y sostenibilidad del sector público. Y es cierto que la conocida como ley anti-ayuntamientos encomendó a las Diputaciones Provinciales la responsabilidad de coordinar la prestación del servicio, pero nada más. Además, añade la reforma del régimen local, que cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Por lo tanto, la reforma de la ley no impide que Astorga se ajuste a la legalidad, ni que recupere la gestión del servicio.
En cualquier caso, lo más probable es que la Diputación Provincial no tarde en pronunciarse al respecto y que la fórmula de coordinación que determine deje margen suficiente para que Astorga pueda elegir su propia fórmula de gestión. De lo contrario, estaríamos ante un gran escándalo, tanto por lo que supondría de intervencionismo y tutelaje sobre la ya maltrecha autonomía local, como también porque nadie ha gestionado tan mal los residuos como el PP en el CTR de León.
Ante esta tesitura determinada por la gestión ilegal del servicio más importante de los que es titular el Ayuntamiento de Astorga por razón de la cuantía (supone más de 790.000€ de crédito del presupuesto municipal), servicio entregado de facto mes tras mes a URBASER, considero importante conocer una serie de datos al respecto:
- URBASER -filial de ACS-, fue condenada junto al resto de la grandes empresas del sector a pagar una multa de aproximadamente 100M€ por prácticas comerciales colusorias. La resolución fue emitida por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) el 8 de enero de 2015 y consideró probadas como habituales y estables en el tiempo prácticas prohibidas por anticompetitivas por el propio artículo 1º de la ley de defensa de la competencia. En concreto, determinó como probado que estas empresas habían formado un cártel junto con las asociaciones sectoriales en las que se agrupan, destinado a concertar de forma global el reparto del mercado, respetando cada una de ellas los clientes de sus hipotéticos competidores, repartiéndose los nuevos e intercambiando entre sí información comercial sensible. La mayor sanción correspondió a URBASER y SERTEGO, las dos filiales de ACS en el sector, con una multa por importe de 23M€. Le siguieron FCC, VALORIZA-SACYR, CESPA, SAICA y así hasta 42 empresas, prácticamente la totalidad de los operadores.
- Y el otro dato que considero relevante exponer, es que ACS -empresa matriz de URBASER- aparece citada entre los papeles de Bárcenas, o lo que es lo mismo: implicada en la trama GÜRTEL. Según la contabilidad B llevada por el extesorero del PP, ACS se comprometería a donar 1M€ al PP. Dichos donativos se producirían encubiertos como anónimos, dado que por su naturaleza de contratista con la Administración, esta tenía prohibido entregar dinero a las formaciones políticas. El manuscrito escrito con la caligrafía de Luís Bárcenas bajo el epígrafe “Galicia” dice textualmente “ACS: se comprom. a 1 M€, ha dado 30.000 € / Ingr. 2006 en donat.: = 360 M./Pts”. Se trata de una época en la que además de coinicidir con elecciones en Galicia, esta y otras empresas que también aparecen citadas en la documentación de Bárcenas (OHL o FCC), eran adjudicatarios de contratas multimillonarias con las administraciones públicas gobernadas por el PP.
En estas condiciones, parece poco prudente tan siquiera plantear la posibilidad de que por medio de un procedimiento abierto, Astorga pueda adjudicar el servicio a alguna empresa con estos antecedentes. Como tampoco parece razonable que el Ayuntamiento de Astorga siga teniendo una relación de trato preferente con la empresa URBASER.
Lo más lógico sería que la Concejalía de Medio Ambiente comenzase a trabajar en la preparación del expediente de municipalización del servicio de saneamiento municipal, en vez de perder el tiempo en defender la honorabilidad de URBASER, o en aceptar de esta, máquinas fregadoras poco operativas pero muy vistosas y campañas publicitarias de autopromoción.
Porque lo que Astorga necesita, es un contrato de saneamiento adecuado a las necesidades económicas, laborales, sociales y ambientales del municipio. Y ello implica un nuevo contrato social entre el gobierno y la ciudadanía, basado en la defensa de lo público como mejor garante del bien común.
elblogdechemajanez.blogspot.com
@Chema_Janez
jmjanezf@gmail.com
Como la mayoría de los lectores sabéis, el último contrato para la gestión de los servicios de (1) limpieza viaria, (2) recogida domiciliaria, transporte, acondicionamiento y gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y (3) del punto limpio para todo el término municipal de Astorga, se extinguió en octubre de 2012 al expirar su última prórroga anual, aprobada por unanimidad de los grupos entonces presentes en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 29 de noviembre de 2011. Por aquél entonces, el asunto de la basura pasó prácticamente desapercibido en el debate público oficial y la gestión privada era concebida como la única fórmula existente para los grupos políticos con representatividad institucional municipal. Sin embargo, IU-Astorga ya planteaba seriamente la conveniencia de recuperar la gestión directa del servicio de saneamiento municipal.
A partir de octubre de 2012, la basura en Astorga se ha gestionado de forma ilegal, sin contrato y vulnerando la legislación en materia de contratación del sector público, así como las propias Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, según las cuales no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Se trata de una gestión en fraude de ley perpetuada por un extenso periodo de tiempo, gestión fraudulenta que la totalidad de los grupos políticos representados en el Consistorio durante la pasada legislatura conocían y toleraban.
Como argumento con el que desde el gobierno local se justificaba esta conducta que el propio Procurador del Común no dudó en censurar, se aludía recurrentemente a los cambios legislativos introducidos en la ley de bases de régimen local por medio de la ley de racionalización y sostenibilidad del sector público. Y es cierto que la conocida como ley anti-ayuntamientos encomendó a las Diputaciones Provinciales la responsabilidad de coordinar la prestación del servicio, pero nada más. Además, añade la reforma del régimen local, que cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Por lo tanto, la reforma de la ley no impide que Astorga se ajuste a la legalidad, ni que recupere la gestión del servicio.
En cualquier caso, lo más probable es que la Diputación Provincial no tarde en pronunciarse al respecto y que la fórmula de coordinación que determine deje margen suficiente para que Astorga pueda elegir su propia fórmula de gestión. De lo contrario, estaríamos ante un gran escándalo, tanto por lo que supondría de intervencionismo y tutelaje sobre la ya maltrecha autonomía local, como también porque nadie ha gestionado tan mal los residuos como el PP en el CTR de León.
Ante esta tesitura determinada por la gestión ilegal del servicio más importante de los que es titular el Ayuntamiento de Astorga por razón de la cuantía (supone más de 790.000€ de crédito del presupuesto municipal), servicio entregado de facto mes tras mes a URBASER, considero importante conocer una serie de datos al respecto:
- URBASER -filial de ACS-, fue condenada junto al resto de la grandes empresas del sector a pagar una multa de aproximadamente 100M€ por prácticas comerciales colusorias. La resolución fue emitida por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) el 8 de enero de 2015 y consideró probadas como habituales y estables en el tiempo prácticas prohibidas por anticompetitivas por el propio artículo 1º de la ley de defensa de la competencia. En concreto, determinó como probado que estas empresas habían formado un cártel junto con las asociaciones sectoriales en las que se agrupan, destinado a concertar de forma global el reparto del mercado, respetando cada una de ellas los clientes de sus hipotéticos competidores, repartiéndose los nuevos e intercambiando entre sí información comercial sensible. La mayor sanción correspondió a URBASER y SERTEGO, las dos filiales de ACS en el sector, con una multa por importe de 23M€. Le siguieron FCC, VALORIZA-SACYR, CESPA, SAICA y así hasta 42 empresas, prácticamente la totalidad de los operadores.
- Y el otro dato que considero relevante exponer, es que ACS -empresa matriz de URBASER- aparece citada entre los papeles de Bárcenas, o lo que es lo mismo: implicada en la trama GÜRTEL. Según la contabilidad B llevada por el extesorero del PP, ACS se comprometería a donar 1M€ al PP. Dichos donativos se producirían encubiertos como anónimos, dado que por su naturaleza de contratista con la Administración, esta tenía prohibido entregar dinero a las formaciones políticas. El manuscrito escrito con la caligrafía de Luís Bárcenas bajo el epígrafe “Galicia” dice textualmente “ACS: se comprom. a 1 M€, ha dado 30.000 € / Ingr. 2006 en donat.: = 360 M./Pts”. Se trata de una época en la que además de coinicidir con elecciones en Galicia, esta y otras empresas que también aparecen citadas en la documentación de Bárcenas (OHL o FCC), eran adjudicatarios de contratas multimillonarias con las administraciones públicas gobernadas por el PP.
En estas condiciones, parece poco prudente tan siquiera plantear la posibilidad de que por medio de un procedimiento abierto, Astorga pueda adjudicar el servicio a alguna empresa con estos antecedentes. Como tampoco parece razonable que el Ayuntamiento de Astorga siga teniendo una relación de trato preferente con la empresa URBASER.
Lo más lógico sería que la Concejalía de Medio Ambiente comenzase a trabajar en la preparación del expediente de municipalización del servicio de saneamiento municipal, en vez de perder el tiempo en defender la honorabilidad de URBASER, o en aceptar de esta, máquinas fregadoras poco operativas pero muy vistosas y campañas publicitarias de autopromoción.
Porque lo que Astorga necesita, es un contrato de saneamiento adecuado a las necesidades económicas, laborales, sociales y ambientales del municipio. Y ello implica un nuevo contrato social entre el gobierno y la ciudadanía, basado en la defensa de lo público como mejor garante del bien común.
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