Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo 23/11/2017
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José Cabañas (*)
22/12/2015

La revuelta anarcosindicalista de 1933 en Veguellina y en otros lugares leoneses (III)

En la noche del martes, día 12 de diciembre de 1933, se presentaban al juez de Instrucción de Astorga, Leopoldo Duque Estévez (después del golpe militar de julio de 1936 actuará en ocasiones en consejos de guerra como vocal habilitado), tres individuos a quienes perseguía la Benemérita, presuntos autores de los bárbaros sucesos de Veguellina, los sindicalistas Casimiro Riesco y Manuel Martín, de Hospital de Órbigo, y Leopoldo Mielgo, de Puente de Órbigo, que ingresaban de inmediato en la cárcel en calidad de incomunicados. En la misma fecha era detenido por la Guardia Civil e ingresado también en la astorgana Prisión del Partido Antonio Peña Gallego, de Veguellina, y se ordenaba la detención de Miguel González Álvarez (“Sindi”), y de Agustín Arias Rey, a los que se acusa de agresión a las fuerzas. En la siguiente, día 13, dirá el rotativo izquierdista leonés La Democracia que “el orden es completo en la capital y en la provincia, dándose por sofocado en su totalidad el movimiento, pues éste era el único foco que quedaba en toda España”.

 

De inmediato se aplicó sobre los insurgentes la represión que la ley y el estado de alarma establecían (fueron numerosos los anarquistas leoneses presos por su participación en la revuelta), y ya el día 14 pasaban a considerarse hechos de guerra los realizados por la fuerza pública al reducir a los intervinientes en los últimos sucesos, cuando los insurrectos aún merodean y cometen desmanes en los pueblos altos del Bierzo y llegaban a León al medio día, en dos autobuses y custodiados por guardias de Asalto, 21 detenidos de Fabero y Villafranca para ser recluidos en su cárcel por no haber sitio en las de aquellos pueblos. Al día siguiente se traslada a 16 a la prisión de Sahagún (inaugurada al comienzo del año anterior), y a la de Astorga se envían otros tantos (además de los 37 escoltados desde Bembibre el mismo día), al tiempo que el gobernador civil impone 32 multas de 10.000 pesetas, una exorbitante cantidad entonces (o el arresto subsidiario por dos meses en caso de insolvencia, que era el de la mayoría), a igual número de principales promotores, dirigentes y organizadores del movimiento revolucionario, además de otra de 500 al coadjutor de Santa María del Páramo, Antonio Sotillo Sanromán, “por enseñar y obligar a los niños de la catequesis a cantar canciones con la música de la marcha real” (se le levantaría la sanción a finales de enero de 1934, pues aquellos cánticos –a la Virgen- se hacían sin estar presente el sacerdote).

 

El 16 de diciembre comenzaba a actuar en León el Tribunal de Urgencia para juzgar a los encartados en la subversión ácrata, compareciendo en aquella fecha Gregorio Fernández y Manuel Roces, condenados a 4 meses y 1 día de prisión, dos de los muchos apresados masiva y preventivamente en la capital y en la provincia, la mayoría militantes de la CNT, la FAI, y sus Juventudes Libertarias, en lo que bien puede pasar por magnífico prólogo de lo que sucederá tres años después (algunos volverían a ser detenidos antes, en la revuelta de octubre de 1934), cuando bien pocos sean quienes de ellos consigan escapar a la represión posterior al golpe militar de 1936. En la mañana de aquel mismo día presentaba el gobierno la cuestión de confianza y comenzaban las consultas para formar el nuevo ejecutivo, dándose ya su probable lista. Tres días después en la capital leonesa el mismo Tribunal absuelve a Manuel Durruti Domingo y a otro encausado, condenando a los restantes procesados.

 

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El día 18 se resolvía la crisis de gobierno nombrando Lerroux (con el apoyo de la CEDA) un nuevo gabinete en el que entran un agrario, un melquiadista, uno de la ORGA, un progresista, uno de la Agrupación al Servicio de la República, uno de la Lliga, y siete radicales, y en el que pasa al ministerio de Gobernación Martínez Barrio. El 19 Mariano Menor Poblador, del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), pasa a ser el nuevo gobernador civil de León (aunque no llegaría a ejercer de tal, siendo sustituido el día 31 del mismo mes), la misma fecha en la que Gil Robles afirmaba (en un discurso tildado de fascista por las Juventudes Socialistas) que “el país debe de optar entre Largo Caballero y nosotros”, añadiendo: “queremos el poder para hacer una reforma constitucional”, y explicando que a cambio de sus votos espera obtener amnistía para los alzados con el general Sanjurjo en agosto de 1932 y una profunda revisión de la legislación en materia religiosa y laboral de las Cortes Constituyentes, a lo que responderá Indalecio Prieto que “frente a sus ambiciones dictatoriales de arrasar los logros republicanos no dudarán los socialistas en desencadenar la revolución para defenderlos”, presagio y germen de lo que sucederá en octubre del año siguiente.

 

Aún detenía la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo el día 23 de diciembre a Claudio Centeno Santiago (el “Charrero”), “reclamado por el juez militar eventual de aquella plaza” (dice El Diario de León, y tal vez se creara en el lugar un juzgado específico para encausar lo sucedido) por ser uno de los que intervino en la revuelta que allí se originara, y el 26 apresaba la de Vega de Espinareda en Sezano a uno de los complicados en los hechos revolucionarios, mientras en Cacabelos dos fugitivos de aquellos sucesos disparaban contra una pareja de la Benemérita. 

 

El 14 de marzo de 1935 se iniciaba en el leonés Cuartel del Cid el Consejo de Guerra (presidido por el coronel del Regimiento Burgos 36 Vicente Lafuente Lafuente-Baleztena (cuyo papel en la represión en León después de la sublevación militar de 1936 le valdría el ascenso a general) contra varios paisanos vecinos de Veguellina complicados en los sucesos de diciembre de 1933 (en cuya preparación intervinieron dirigentes de allí y de la capital, se afirma en la vista) por su agresión a la Guardia Civil que protegía los trabajos de los obreros telefonistas enviados a restablecer las líneas saboteadas, de la que resultaron dos de sus números inútiles y pudo costar la vida a otros dos (dice en su crónica de aquella fecha La Vanguardia). Eran los agresores Antonio García Dueñas (alias “Gatiti”, considerado como autor), y sus cómplices Manuel Álvarez Silva, Hipólito Abriala Pérez, Agustín Arias Rey (“Pitillo”, que con otros ya había participado en julio de 1933 en el ataque al contratista Paulino Clérigo Santamaría), Francisco Fernández García, Pascual Lozano Martínez, Andrés Martínez Blanco, Leopoldo Mielgo Domínguez, Casimiro Riesco Pérez, Joaquín Vega García, Manuel Fernández García y Abundio Lozano Martínez, este de Pobladura de Pelayo García. Los procesados “Pitillo” (de 27 años, soltero, de Oteruelo) y “Sindi” (de 25 años, de Cuadros) no comparecen por haberse fugado con otros cuatro presos el 27 de agosto de 1934 de la cárcel provincial, habiéndose alertado al día siguiente a los policías municipales y serenos de La Bañeza por si por allí pudieran ser hallados los seis reclusos evadidos, entre ellos un alemán de 33 años llamado Henrich Karl Friedrich que usaba a veces el nombre de Armando Trablagini (habían sido auxiliados en la fuga por el anarquista de la capital Aurelio Hernández López, apresado por ello). 

 

El fiscal solicitaba la pena de muerte para el primero (además de para los no comparecientes) y condenas de reclusión perpetua para los restantes (excepto Abundio Lozano, para quien, como encubridor, insta seis años de prisión). Los defensores (abogados Alfonso Ureña Delás y Carlos Álvarez Cadórniga), alegando que los hechos no están probados, pidieron la absolución de todos ellos. A la mitad de noviembre de 1935 el ministerio público reclamaría igualmente en Consejo de Guerra la pena capital para el cenetista Timoteo José Álvarez Casasola (también procesado antes en rebeldía), detenido por entonces en Zaragoza (vecino de Veguellina, era natural de Roperuelos del Páramo, y sería fusilado en León, a los 31 años, el 29 de enero de 1938 con su compañero de militancia Abundio Lozano, de 25 años, y nueve más), y el 31 de aquel mes se verá ante el Tribunal Supremo el recurso contra el fallo del Tribunal Militar de León que había condenado a Antonio García Dueñas a la pena capital, sentencia que confirmará el 4 de diciembre el alto Tribunal (y de la que fue indultado el 27 de enero de 1936, siendo después uno de quienes participarán en julio de aquel año en la oposición al golpe militar en Veguellina).

 

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Algunos de los penados en marzo de 1935 ya lo habían sido el 24 de enero de 1934 por el Tribunal de Urgencia de León, que veía la causa por los sucesos de Veguellina, Hospital de Órbigo y otros pueblos durante el movimiento revolucionario contra Casimiro Riesco, Leopoldo Mielgo Domínguez y Andrés Martínez, defendidos también antes por los mismos dos letrados y por Olegario Combarros Álvarez (aparece como falangista astorgano en el otoño de 1936), y condenados por reunión ilegal a dos meses de arresto mayor, y por sedición a un año y ocho meses. A tres meses se condenó por reunión ilegal a los siete procesados restantes, y por sedición a dos años y once meses, absolviendo a unos y a otros de la acusación de uso de explosivos.   

 

En cuanto a la aludida agresión al contratista de obras, habían despedido en Veguellina de Órbigo al comienzo de julio de 1933 a varios obreros en la obra de construcción del puente sobre la vía férrea, ocasionándose protestas contra el empresario Paulino Clérigo (tradicionalista de ascendencia vasca; su hijo Restituto Clerigo Santamaría, maestro cursillista de 1935 nombrado en junio interino para la escuela mixta de San Félix de la Valdería, será en 1937 falangista Secretario Provincial de FET y de las JONS, después de la impuesta unificación de las milicias nacionales), agredido por cinco obreros que le solicitaron empleo, a lo que no accedió por tener cubierto el cupo, y forzado a huir pistola en mano hacia el cuartel de la Guardia Civil, donde se refugió, perseguido a tiros por algunos militantes anarquistas (Agustín Arias Rey –el “Pitillo”- y Manuel Trigal Mata, entre ellos) y apedreado en el trayecto, en el que hizo uso del arma. Los agresores fueron detenidos por los guardias y puestos en libertad poco después. Los dos citados formarán también parte de los oponentes en Veguellina a la sublevación de julio de 1936, consiguiendo el primero huir, mientras  será el segundo condenado a muerte por ello y conmutado luego por reclusión perpetua.

 

Se va al rápido y total desarme en toda España, decía el ministro de la Gobernación, Manuel Rico Avello, el día 30 de diciembre de 1933 (circulares gubernamentales para la retirada de armas continuarían dictándose aún en marzo de 1936), y añade que recomendará al ministro de Justicia el rápido establecimiento de campos de concentración de vagos y maleantes (en el centro, norte y sur del país) para aplicar eficazmente la Ley que de ellos se ocupa desde el pasado agosto. El día anterior los presos sociales (denominación que la prensa obrera daba entonces a quienes eran en su mayoría asalariados) de la cárcel de León se quejaban de las pésimas condiciones del edificio y de la insuficiencia del local (se había hecho preciso trasladar a Oviedo a parte de los presos comunes para acoger a los de la revuelta anarquista, promotores de la protesta), algo que se repetirá en el año próximo a iniciarse después de la insurrección socialista de octubre, cuando vuelva a desbordar de recluidos la prisión leonesa, además de las varias de Astorga y el Depósito Municipal de Presos y Detenidos de La Bañeza que como una más de aquéllas seguía funcionando. 

 

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