VAL DE SAN LORENZO
El Procurador del Común detecta "falta de transparencia" en la adjudicación de un empleo en el Ayuntamiento
El defensor de los ciudadanos le ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo por "la falta total de transparencia" en el proceso de selección de una auxiliar administrativa en el Consistorio maragato. La queja fue presentada por María Ángeles Hervás, una de las seis aspirantes al empleo temporal del Plan Especial de Empleo de la Diputación que fue aprobado el pasado mes de marzo, por el que la institución provincial subvencionaba con 13.726 euros la creación de dos puestos de trabajo en el Val con una duración de tres meses.
![[Img #25102]](upload/img/periodico/img_25102.jpg)
María Ángeles Hervás había solicitado amparo a la institución para que el Consistorio maragato explicara cuáles habían sido los criterios y los baremos para la adjudicación del contrato, así como el tribunal que lo determinaba.
La contestación del Procurador del Común llegaba el 26 de mayo al Ayuntamiento y en ella se ponía de manifiesto que el proceso vulnera la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, porque las entrevistas a los candidatos fueron realizadas únicamente por el alcalde, cuando según la normativa "el personal de elección política (entre ellos el alcalde) no podrá formar parte de los órganos de selección de personal de la Administración Pública".
Pero el Procurador del Común va más allá cuando asegura tajantemente que en esta selección de personal se han vulnerado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de las garantías de transparencia del proceso selectivo así como la publicidad de las convocatorias y sus bases. Todas ellas "quedan en entredicho", según el defensor de los castellanos y leoneses, "en tanto que la entrevista personal se ha hecho en presencia única y exclusiva del alcalde, siendo éste, quien sin que conste la motivación de la puntuación asignada en cada uno de los méritos baremables a los interesados ni la documentación aportada por éstos para acreditar tales méritos, decidió la elección" de la persona que ocupa el puesto.
Entre las irregularidades detectadas por el Procurador del Común, también destaca que el Ayuntamiento modificó con fecha 20 de mayo (la misma en que los aspirantes fueron citados por la Oficina del Ecyl a fin de participar en el proceso selectivo) los criterios objetivos de valoración adoptados por la Junta de Gobierno el 25 de abril de 2016, incorporando un quinto mérito: "trabajar en Ayuntamientos que resultó decisivo para la elección de la persona que ocupa el puesto".
Ante la contundencia de los argumentos del defensor de los ciudadanos, María Ángeles Hervás no descarta acudir a la Fiscalía Anticorrupción. Ya puso de manifiesto que "iba a llegar hasta el final", porque aseguraba estar harta "de caciquismo, nos quejamos de los Bárcenas, de las prevaricaciones y las adjudicaciones a dedo en los grandes ayuntamientos pero tenemos que empezar también en los pequeños". Además está convencida de que la Fiscalía le dará la razón ya que existen precedentes jurídicos como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 13 de febrero de 2013 que anuló la asignación directa de una trabajadora contratada por el Ayuntamiento de O Carballiño.
Contestación del Ayuntamiento
Cinco meses después de que el Procurador del Común pidiera explicaciones al Ayuntamiento, el 19 de octubre contestó el alcalde, Eligio Geijo. El regidor argumentó que dio publicidad en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y a través de bandos, que envió una oferta de empleo público a la oficina del Ecyl de Astorga "y por lo tanto ya hay unos filtros previos enviándonos 2 o 3 al puesto". En el escrito indicaba que "desde esta Corporación se ha intentado cubrir los criterios objetivos como pide Diputación y se dio publicidad, algo que no se venía practicando nunca en este Ayuntamiento en el que las contrataciones siempre se hacían a dedo".
En cuanto a la irregularidad puesta en evidencia por el defensor de la ciudadanía de que las entrevistas personales fueron realizadas sólo por el alcalde, éste señaló "que reunir un tribunal con cinco miembros lleva un tiempo y es muy costoso y los trabajadores tenían que entrar pronto a trabajar".
El alcalde no ponía en duda que el Ayuntamiento actuó con transparencia, al tiempo que se quejaba de que "es triste tener que sufrir este tipo de acusaciones, recibir una carta del Procurador del Común, que la trabajadora seleccionada sea puesta en entredicho con el correspondiente disgusto, y la única funcionaria municipal perder el tiempo en contestar este tipo de cuestiones que no son más que maniobras políticas y falacias orquestadas únicamente por motivos políticos".
Seis días después de recibir el escrito del alcalde, María Ángeles Hervás le enviaba una contestación en la que ha puesto en evidencia que la aleatoriedad de los criterios aplicados en la selección, porque como afirma "yo tengo titulación universitaria, no estudios relacionados con el puesto, si VI (Vuestra Ilustrísima) hubiera, en efecto, estudiado las candidaturas o realizado una entrevista personal de trabajo al uso, con aportación currículum y documentos acreditativos correspondientes, yo hubiera estado fuera de la selección con todo el rigor".
María Ángeles Hervás había solicitado amparo a la institución para que el Consistorio maragato explicara cuáles habían sido los criterios y los baremos para la adjudicación del contrato, así como el tribunal que lo determinaba.
La contestación del Procurador del Común llegaba el 26 de mayo al Ayuntamiento y en ella se ponía de manifiesto que el proceso vulnera la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, porque las entrevistas a los candidatos fueron realizadas únicamente por el alcalde, cuando según la normativa "el personal de elección política (entre ellos el alcalde) no podrá formar parte de los órganos de selección de personal de la Administración Pública".
Pero el Procurador del Común va más allá cuando asegura tajantemente que en esta selección de personal se han vulnerado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de las garantías de transparencia del proceso selectivo así como la publicidad de las convocatorias y sus bases. Todas ellas "quedan en entredicho", según el defensor de los castellanos y leoneses, "en tanto que la entrevista personal se ha hecho en presencia única y exclusiva del alcalde, siendo éste, quien sin que conste la motivación de la puntuación asignada en cada uno de los méritos baremables a los interesados ni la documentación aportada por éstos para acreditar tales méritos, decidió la elección" de la persona que ocupa el puesto.
Entre las irregularidades detectadas por el Procurador del Común, también destaca que el Ayuntamiento modificó con fecha 20 de mayo (la misma en que los aspirantes fueron citados por la Oficina del Ecyl a fin de participar en el proceso selectivo) los criterios objetivos de valoración adoptados por la Junta de Gobierno el 25 de abril de 2016, incorporando un quinto mérito: "trabajar en Ayuntamientos que resultó decisivo para la elección de la persona que ocupa el puesto".
Ante la contundencia de los argumentos del defensor de los ciudadanos, María Ángeles Hervás no descarta acudir a la Fiscalía Anticorrupción. Ya puso de manifiesto que "iba a llegar hasta el final", porque aseguraba estar harta "de caciquismo, nos quejamos de los Bárcenas, de las prevaricaciones y las adjudicaciones a dedo en los grandes ayuntamientos pero tenemos que empezar también en los pequeños". Además está convencida de que la Fiscalía le dará la razón ya que existen precedentes jurídicos como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 13 de febrero de 2013 que anuló la asignación directa de una trabajadora contratada por el Ayuntamiento de O Carballiño.
Contestación del Ayuntamiento
Cinco meses después de que el Procurador del Común pidiera explicaciones al Ayuntamiento, el 19 de octubre contestó el alcalde, Eligio Geijo. El regidor argumentó que dio publicidad en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y a través de bandos, que envió una oferta de empleo público a la oficina del Ecyl de Astorga "y por lo tanto ya hay unos filtros previos enviándonos 2 o 3 al puesto". En el escrito indicaba que "desde esta Corporación se ha intentado cubrir los criterios objetivos como pide Diputación y se dio publicidad, algo que no se venía practicando nunca en este Ayuntamiento en el que las contrataciones siempre se hacían a dedo".
En cuanto a la irregularidad puesta en evidencia por el defensor de la ciudadanía de que las entrevistas personales fueron realizadas sólo por el alcalde, éste señaló "que reunir un tribunal con cinco miembros lleva un tiempo y es muy costoso y los trabajadores tenían que entrar pronto a trabajar".
El alcalde no ponía en duda que el Ayuntamiento actuó con transparencia, al tiempo que se quejaba de que "es triste tener que sufrir este tipo de acusaciones, recibir una carta del Procurador del Común, que la trabajadora seleccionada sea puesta en entredicho con el correspondiente disgusto, y la única funcionaria municipal perder el tiempo en contestar este tipo de cuestiones que no son más que maniobras políticas y falacias orquestadas únicamente por motivos políticos".
Seis días después de recibir el escrito del alcalde, María Ángeles Hervás le enviaba una contestación en la que ha puesto en evidencia que la aleatoriedad de los criterios aplicados en la selección, porque como afirma "yo tengo titulación universitaria, no estudios relacionados con el puesto, si VI (Vuestra Ilustrísima) hubiera, en efecto, estudiado las candidaturas o realizado una entrevista personal de trabajo al uso, con aportación currículum y documentos acreditativos correspondientes, yo hubiera estado fuera de la selección con todo el rigor".
