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Alba Mañanes / ileon.com
31/10/2016

¿Son las Unidades Clínicas de Gestión una privatización encubierta de la sanidad?

El nuevo modelo sanitario implantado por la Junta de Castilla y León podría ser una realidad en 2017. Sindicatos y profesionales opinan sobre qué supone esta nueva gestión y cómo va a afectar al tratamiento de los enfermos.

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Las unidades de gestión clínica, el nuevo modelo sanitario que pretende implantar la Junta de Castilla y León (ya hay dos unidades piloto en Zamora y Valladolid), han acaparado un sinfín de titulares en los medios de comunicación locales y autonómicos, y el amplio rechazo, casi unánime de profesionales y partidos políticos,  pero ¿Realmente sabemos lo que es una unidad de gestión clínica o cómo puede afectar a la asistencia? Para intentar clarificar algunos aspectos de esta nueva normativa, que según los plazos previstos por el Gobierno autonómico debería de comenzar a aplicarse a principios del próximo año, en enero de 2017, en iLeon.com hemos analizado el decreto por el que se crearon –puedes leerlo aquí- y nos hemos puesto en contacto con profesionales y sindicatos. Esto es lo que nos han contado.

 

¿Qué son?

 

Según el decreto por el que se regula la constitución y funcionamiento de estas unidades, se definen las Unidades de Gestión Clínica como "unidades orgánicas sin personalidad jurídica propia dotadas de autonomía para la organización y la gestión pública de los recursos humanos, materiales y económicos que se les asignen, para la realización de la actividad propia de su ámbito y nivel asistencial".

 

Para Carmen Ámez, responsable de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, las unidades de gestión clínica son "sectores de actividad clínica en determinadas especialidades en atención primara que van a tener autonomía propia para gestionar recursos humanos, recursos económicos, y cualquier tipo de concertación con entidades privadas".

 

Esto es, que dentro de propio sistema sanitario público de Castilla y León "se van a crear servicios con autonomía propia en los cuales se va a utilizar personal que está regulado estatutariamente o funcionalmente por la ley de función pública, que van a trabajar en condiciones que desconocemos".

 

¿Suponen una privatización encubierta de la sanidad?

 

Esto, en opinión de Ámez, supone "una privación encubierta de la sanidad pública". Así, argumenta que se trata de una privatización de la sanidad porque "no hay legislación sobre cómo se van a regir los trabajadores" y porque el director de cada unidad de gestión clínica va a ser "nombrado a dedo por la Consejería de Sanidad".

 

"En estas unidades, tienen que trabajar conjuntamente trabajadores sometidos al régimen estatutario funcionarial y laboral con los que van a depender de la propia Unidad de Gestión Clínica por lo que se desconoce cómo va a ser la situación laboral de los trabajadores".

 

Además, esta legislación supone "una puerta abierta a macroempresas multiservicios que están llegando a nivel nacional que van a utilizar el sistema público de salud como un bien para lograr sus propios incentivos económicos", añade la responsable de UGT.

 

Una opinión que comparten desde el sindicato de enfermería Satse. Tres de sus responsables en León, Ruth Barrientos, la secretaria provincial, Paloma Robles y Charo Otero, miembros del sistema organizativo de Satse, también advierten del riesgo que puede suponer para Castilla y León este nuevo sistema tanto para las condiciones laborales de los profesionales como para los usuarios.

 

Las unidades de gestión clínica van a ser los instrumentos para conseguir "la privatización encubierta de la sanidad". "Los sistemas de gestión no tienen por qué ser todos malos, pero éste que nos ofrece la Consejería de Sanidad no es bueno porque va en detrimento de los profesionales y del usuario. ¿Y al final la sanidad para quién es? Para los profesionales que la trabajan y para los usuarios que se benefician de ella. Si va en su detrimento es muy complicado", asegura Paloma Robles.

 

Para el sindicato, el objetivo último de este nuevo sistema es lograr "la privatización encubierta de la Sanidad". "Empiezan con la creación de estas unidades, una aquí, otra allá, y cuando el sistema esté formado todo por pequeñas unidades, autónomas, no me va a costar privatizarlo", insisten.

 

Además, de una forma que pasa totalmente desapercibida para el usuario porque se hace "desde dentro". "Es maquiavélico, está muy bien pensado porque de esta otra forma a la opinión pública no llega", señala  Charo Otero.

 

Pero todavía lo más grave, añade Ruth Barrientos, es que "abre la puerta a la entrada de capital privado" como ya está ocurriendo en las unidades de gestión clínica que se han puesto en marcha de forma 'piloto' en el servicio de Cardiología de Valladolid y en el de Psiquiatría de Zamora con la entrada de las fundaciones Intra e Icicor.

 

¿Cómo van a afectar a los profesionales?

 

Para Carmen Ámez, de UGT, la legislación no aclara cuál va a ser la situación laboral de los trabajadores de la sanidad pública que se adhieran a estas unidades porque va ser el director de la propia unidad de gestión el que va tener las competencias en todo, laboral y asistencial.

 

"Lo más grave es que desconocemos la cartera de servicios, el número de profesionales que necesitan esas unidades de gestión, cómo van a compatibilizar los profesionales que aceptan la nueva gestión con los que no la aceptan, en qué situación quedan laboralmente los profesionales de la unidades de gestión clínica", explica Ámez.

 

Para Satse,  es muy grave que dentro del propio sistema de salud público el líder de estas unidades de servicio, que generalmente será un médico, gestione el presupuesto de cada una de las unidades de gestión clínica y que éstas dejen de ser competencia de la gerencia del propio centro hospitalario.

 

De esta forma, añaden, todo girará al criterio de una sola persona y no tendrían cabida los sindicatos porque para los trabajadores (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etc) su jefe directo es el jefe de la unidad que puede modificar tareas, horarios, decide si suplir o no las bajas. "Todo eso va en detrimento de la profesión", aseguran desde Satse.

 

No hay que olvidar, que para formar parte de una unidad de gestión clínica, tiene que ser el propio profesional el que decida adherirse a ella. El motivo que puede llevar a los sanitarios a querer formar parte de este nuevo sistema, explican desde Satse, es tener más medios y recursos para investigar.

 

¿Y a los enfermos?

 

El director de estas unidades no sólo tendrá competencias en lo laboral, también en lo asistencial, dependerá todo de su criterio. Para Satse este sistema es "autoritario" porque da el poder total al jefe de servicio y también "medicocentrista" porque relega a los profesionales de enfermería y supone un "retroceso" para esta profesión.

 

"Este sistema da el poder total al jefe de servicio también en la práctica clínica (en procesos, en métodos de diagnósticos, en criterios de ingresos, en tratamientos), pero también la laboral porque propone la dotación de personal y puede prescindir personal que no considere necesario lo que también afectará a la atención", añaden.

 

Todo esto repercute al en el usuario final, en los enfermos. "En estos momentos, el Sacyl tiene unos estándares de calidad en los que el dinero no es lo importante, se prima la calidad de vida del paciente. Se ponen tratamientos, independientemente de su coste, para buscar solucionar problemas de salud, teniendo en cuenta esto, los criterios económicos por encima de todo, esto no va a ser posible. Se van a primar los criterios económicos más que los sanitarios", precisan desde Satse.

 

Para Carmen Ámez la atención a los pacientes va a ser la gran perjudicada de esta reforma sanitaria porque cuando un ciudadano acuda a una unidad de gestión clínica será esta propia unidad quien elija al paciente. "Si yo hago una unidad de gestión clínica con el fin de reducir gasto y ser más eficiente. ¿Cómo limito el gasto? O limito en el número de pacientes que acuden o el gasto terapéutico en mi unidad o en el número de profesionales".

 

Según la Consejería de Sanidad, algunos de los objetivos de este cambio normativo son "la responsabilidad y participación del colectivo de profesionales en la organización y gestión de los recursos que tengan asignados", la "descentralización y desconcentración en la gestión del Sistema Público de Salud"  y "la racionalización de la organización y la simplificación administrativa del mismo".

 

En opinión de Satse, esta reorganización se pretende hacer a costa de la salud de los enfermos y de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. Desde el sindicato ponen un ejemplo, una unidad de gestión clínica que recibe un presupuesto de un millón de euros, el jefe de esta unidad intentará ahorrar porque así podrá destinar ese dinero a incentivos o a investigación. Para Satse solo hay tres formas de ahorrar: de los trabajadores (no cubriendo bajas o haciendo que una persona realice el trabajo de tres), en el número de pacientes, o en las prestaciones a los enfermos (si me van a poner una prótesis de cadera, no es lo mismo hacerlo de titanio, que es mucho más cara, que de aluminio, o darme el alta recién operado que tres días después).

¿Van a suponer un verdadero ahorro?

 

Para UGT la implantación de las Unidades de Gestión Clínica no van a suponer un ahorro a las arcas públicas. "No va a haber ahorro porque tiene que haber un presupuesto y una dotación para cada unidad de gestión clínica. Lo que nos preocupa que sea a costa de otros servicios sanitarios que no se presten a través de estas unidades de los que se saque la financiación".

 

En opinión de Satse este llamamiento a la "racionalización y optimización" de recursos hecho por la Consejería de Sanidad está dando a entender que los profesionales sanitarios están despilfarrando, que están haciendo mal su trabajo. "Todos los profesionales sabemos de la situación actual del país y estamos arrimando el hombro, para optimizar recursos", algo que consideran que no está siendo reconocido por la Junta de Castilla y León.

No obstante, desde el sindicato de enfermería no se oponen a que se mejore el sistema o que se haga más eficiente, pero que se haga "dentro del propio sistema, con las reglas del Sacyl". "El sistema sanitario de Castilla y León es laxo y consiente muchas formas de trabajar y de optimizar recursos", añaden, de ahí su negativa a este cambio normativo.

 

Un argumento muy similar esgrimen desde UGT para mostrar su rechazo a estas unidades de gestión. El sindicato explica que ya hay servicios diferenciados en el sistema salud de la Comunidad, como pediatría, medicina interna, cardiología, hemoterapia y así un largo etcétera de servicios que ya están trabajando con un jefe de servicio al mando que coordina y dirige esos equipos. Con su presupuesto económico que le da la Gerencia de Salud, al igual que ocurriría con las unidades de gestión clínica, pero que trabajan de una forma coordinada entre todos ellos para mejorar la asistencia.

Astorga Redacción. Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo
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