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Óscar González
16/11/2016

La LOMCE no pasó su reválida

En los últimos días parece empezar a vislumbrarse en el horizonte político que el gobierno en minoría recién estrenado por el PP no va a ser precisamente un camino de rosas. La aprobación por el pleno del Congreso en la jornada del martes de la proposición de ley presentada por el PSOE respecto a la LOMCE y el rechazo mostrado por el mismo partido al nombramiento del reprobado exministro Fernández Díaz para la comisión de Exteriores así aparentan certificarlo.

 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) dio tanto que hablar desde su gestación que podría creerse una norma revolucionaria. Sin embargo, en realidad no es más que una modificación de algunos puntos de la antigua LOE (2006), que de hecho sigue en vigor, así como la reforma de seis artículos y una disposición adicional de la LODE (1985). Los cambios introducidos provocaron desde el principio, no obstante y no sin razón, la oposición general tanto de profesores, como de padres y alumnos, sin olvidarnos de sindicatos y grupos políticos.

 

El gobierno que más recortó en materia de Educación, encargó a José Ignacio Wert la elaboración de esta reforma aprobada a finales de 2013 con los únicos votos a favor de su partido. A partir de entonces comenzó su implantación “a trancas y barrancas” en los cursos impares de la Educación Primaria y FP Básica durante el curso 2014-15, lo que supuso una casuística particular en cada territorio, pues muchos no contaban con la normativa requerida al comienzo del curso o fue aprobada en el último momento, sin tiempo de conocerla y prepararla convenientemente.

 

Los mismos problemas se plantearon en el transcurso del siguiente periodo escolar (2015-16), ante la implantación en los cursos impares de Secundaria y Bachillerato, pero el ministro ya no estaba; le vimos partir hacia un nuevo destino, dorado y buscado, como embajador de España ante la OCDE en París, dejando aquí su legado...

 

Pero los profesores y alumnos españoles se quedaron en el país sufriendo las consecuencias de sus actos. Sacar adelante las nuevas programaciones correspondió a los docentes, quienes se apresuraron a seguir cursos de formación exprés a fin de ponerse al día sobre la nueva legislación; gastar dinero en nuevos libros que las editoriales se esforzaron en tener listos y adecuados a los nuevos contenidos atañó a los padres, y empezar a sufrir pensando en las por entonces seguras reválidas o en decidir si cursarían FP o Bachillerato a una edad mucho más temprana que antes –¿saben ustedes que al inicio de 3º de ESO los estudiantes deben elegir entre unas Matemáticas aplicadas y otras académicas que les llevarán irremediablemente hacia la FP o el Bachillerato al terminar la secundaria si la supresión de las reválidas no se materializa? Pues ya lo saben– sería labor del alumnado.

 

Más allá de los temas estrella que hilvanaron el grueso de la crítica a la LOMCE –la nueva obligatoriedad y valoración de la asignatura de Religión, las reválidas, el apoyo declarado a la escuela concertada o el desprecio a asignaturas consideradas “no productivas”, lo que constituye un giro hacia la mercantilización de la educación–, la realidad de las aulas se materializó en una premisa: más trabajo que hacer y menos recursos con los que contar.

 

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En el presente curso 2016-17, termina de implantarse la nueva estructura educativa creada por Wert bajo el amparo de su sucesor: Iñigo Méndez de Vigo. Este colofón suponíaen principio la inclusión en el entramado LOMCE de los cursos pares de la ESO y Bachillerato, así como la celebración de las ya famosísimas reválidas o evaluaciones externas, las cuales, desde siempre, iban a carecer de valor académico en su primera puesta en práctica.

 

Las movilizaciones y protestas que la ley educativa más controvertida ha provocado desde su aprobación e incluso antes, se cuentan por decenas, habiéndose caracterizado la norma por tener siempre a todos los implicados en ella en contra, como ya destaqué, excepto a sus redactores y promotores.Quiso el azar que la última de ellas, convocada por integrantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (concretamente por el Sindicato de Estudiantes, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos –CEAPA– y la Federación de Estudiantes Progresistas) y apoyada por diferentes sindicatos y partidos, tuviera lugar el pasado 26 de octubre al tiempo que el entonces aspirante a la presidencia del país, Mariano Rajoy, pronunciaba su discurso de investidura. En él, el Popular aseguró que su gobierno paralizaría los efectos académicos de las llamadas “reválidas” hasta que no se alcanzara un pacto educativo entre los diferentes partidos, para lo que calculó haría falta un periodo de seis meses… ¡qué optimista! ¿Tendrían que ver con esta afirmación las miles de personas que se echaron a las calles de toda España aquella tarde, o más bien la decisión partió de la necesidad de los votos del partido naranja para la proclamación del candidato? De cualquier manera, el anuncio no fue en la práctica más que demagogia, puesto que en este curso 2016/17, ya preveía la Ley que las pruebas de evaluación externa no tendrían efectos académicos y su eliminación total dependía de un hipotético acuerdo de los integrantes del parlamento más dividido que se recuerda.

 

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Lo verdaderamente importante de la jornada de lucha fueron las reivindicaciones y el numeroso seguimiento. La retirada de las reválidas por arcaicas e injustas, la derogación de la LOMCE por partidista, clasista y conservadora, y la reversión de los recortes en la enseñanza pública, que han alcanzado los 9000 millones de euros entre 2009 y 2013, centraron las proclamas de las manifestaciones celebradas en más de 40 ciudades de toda España.

 

El éxito de la jornada y el mensaje del Gobierno no parecen haber tranquilizado a la Plataforma puesto que, ya desde antes de la aprobación de la mencionada medida socialista, sonaba el rumor de nuevas movilizaciones para el 24 de noviembre.

 

Pero ¿hasta qué punto lo ocurrido este martes en el Congreso tiene posibilidades de tumbar la LOMCE? La actitud triunfalista de los promotores de la medida podría hacer creer que se ha acabado con ella, pero la realidad es muy diferente; la propuesta pasará ahora a la Comisión de Educación que la devolverá al pleno con enmiendas y, de ahí pasará al Senado, donde podría ser rechazada ya que el PP posee mayoría. Aun así volvería al Parlamento, donde sería previsiblemente aprobada de forma definitiva. Falta saber si al Gobierno le interesa ralentizar el proceso y que las reválidas de este año se celebren a pesar de todo, o si, aceptada la derrota procederá a agilizarlo. En cualquier caso, la conclusión al problema pasa por la segunda parte de la propuesta del PSOE, que incluye la negociación de una nueva ley de educación redactada por consenso, cosa muy necesaria pero que este país aún no ha logrado materializar.

 

Sin duda el nuevo ejecutivo no va a encontrar la paz en cuanto a este tema, por desgracia, tampoco lo harán los estudiantes de segundo de bachillerato quienes, a día de hoy y a pesar de que su título no va a depender de la prueba externa, no saben aún cómo va a ser el examen que tendrán que afrontar para organizar su acceso a la universidad en el curso 2017. Una vez más, los de abajo pagan los desmanes de los de arriba. Y algunos preocupados por los deberes…

Astorga Redacción. Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo
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