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Redacción
29/01/2017

El obispo aparta a un sacerdote de sus funciones por abusos sexuales en el Seminario de La Bañeza

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha apartado del sacerdocio a José Manuel Ramos Gordón desde el pasado 1 de julio de 2016 por cometer abusos sexuales, al menos, contra dos hermanos gemelos durante el curso 1988-1989, siendo profesor en el Seminario Menor de La Bañeza. En aquel momento las presuntas víctimas tenían 14 años.

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En la noticia que publica este domingo el periódico 'La Opinión de Zamora' se señala que el prelado de la diocesis de Astorga le apartó de sus funciones de párroco "durante un periodo no inferior a un año, en el que tendrá un seguimiento tutelado por un sacerdote, realizará ejercicios espirituales de mes y desarrollará labores asistenciales a favor de los sacerdotes ancianos e impedidos, así como otras tareas caritativas".

 

Juan Antonio Menéndez ha herededo el caso de su antecesor Camilo Lorenzo Iglesias, resolviéndolo, según el periodico zamorano, a través de un procedimiento administrativo penal instruido por la diócesis de Astorga durante el año 2015. El Obispado de Astorga tomó cartas en el asunto después de la denuncia realizada por F. L., exseminarista, en una carta dirigida al papa Francisco en noviembre de 2014. José Manuel Ramos Gordón habría cometido abusos sexuales contra "algunos alumnos más" del Seminario Menor de La Bañeza durante el curso 1988-89, cuando estudiaban 8.º de EGB.

 

Según La Opinión de Zamora, el sacerdote apartado ha manifestado sentirse "arrepentido", al tiempo que  el obispo, a través de una carta, ha pedido "humildemente perdón" a la víctima en nombre de la Iglesia, a la vez que expresaba su "profundo dolor" por hechos "tan deplorables y que han causado tanto sufrimiento a usted y a otros alumnos de nuestro Seminario Menor".

 

José Manuel Ramos Gordón, responsable de Patrimonio de la diócesis, y sacerdote de Tábara en el momento de ser apartado de sus funciones, se ha convertido en el primer caso de pederastia verificado, reconocido y castigado por la Iglesia católica que trasciende en Castilla y León.

 

Con fecha 6 de mayo de 2016 ordenó la ejecución de las medidas que el obispo había establecido el 10 de febrero de 2016 y que fueron ratificadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Rescripto de 5 de abril de 2016.

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