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Redacción
22/02/2017

El ático de Ricardo Fernández tiene las horas contadas

La planta bajo cubierta del concejal del PSOE, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León será derribada en las próximas semanas. Con el informe emitido por el arquitecto del Ayuntamiento el lunes de la pasada semana, manifestando que las obras de demolición no están iniciadas, ha finalizado la vía administrativa y a partir de ahora el Consistorio ya puede ejecutar la sentencia del alto tribunal.

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El alcalde de Val de San Lorenzo, Eligio Geijo, ha señalado que ejecutarán el dictamen judicial para restaurar la legalidad pero 'sin hacer sangre'. El regidor ha confirmado que "respetaremos el forjado" que separa la segunda planta del ático pero la altura del tejado deberá ser rebajada para que la planta bajo cubierta no pueda ser habitable. En el derribo se respetará la estructura de la vivienda de tal manera que no se vea afectado el conjunto del edificio. 

 

De esta manera, se restaurará la legalidad urbanística que infringió construyendo la planta bajo cubierta de manera ilegal, tal y como queda reflejada en las dos sentencias, una del Juzgado Contencioso Administrativo emitida en marzo de 2015, y la definitiva del TSJ del 27 de enero de 2016. En el proyecto de obra que obtuvo la licencia municipal se recoge que la vivienda del edil socialista constaría de un semisótano y dos plantas (baja y primera) "sin referencia alguna a planta bajo cubierta", precisaba el fallo judicial del Contencioso Administrativo de León. 

 

El Ayuntamiento maragato consulta estos días con los servicios jurídicos cómo llevar a efecto la sentencia, una vez que Ricardo Fernández ha notificado que si no ha realizado el derribo del ático ha sido por "imposibilidad económica" porque "sí ha reconocido" que se debe ejecutar la sentencia, cuando en el mes de octubre presentó el proyecto técnico de reposición de la cubierta con el fin de cumplir la sentencia, ha explicado Eligio Geijo.

 

A la vista de que no la ejecutará voluntariamente por "imposibilidad económica", Fernández la tendrá que llevar a cabo de manera subsidiaria el Ayuntamiento que se encargará de contactar con la empresa especializada en este tipo de trabajos y posteriormente será Ricardo Fernández quien deberá pagar los 30.000 euros del derribo. "El ático fue construido de manera ilegal por no ajustarse a las normas urbanísticas y de no ejecutarse la sentencia del TSJ el que estaría prevaricando sería yo", ha asegurado el alcalde, quien ha manifestado que el Consistorio no fijará ninguna cantidad por la "inejecución" parcial de la sentencia, es decir, le perdonará la indemnización.

 

El plazo de la demolición voluntaria finalizó a mediados de enero. Desde entonces hasta el 13 de febrero, el Consistorio ha agotado la vía administrativa y, como ha indicado el alcalde, "si el Ayuntamiento tuviera liquidez" el ático sería derribado de manera inmediata. La factura de 30.000 euros que deberá pagar Ricardo Fernández se fraccionará, según el regidor, para que pueda hacer frente al pago.

 

En cuanto a las firmas presentadas en el Ayuntamiento solicitando que no se derribe el ático, han sido rechazadas "porque existen dos sentencias, una del Tribunal Superior", ha indicado el alcalde. Las cerca de 300 firmas fueron recogidas gracias a una iniciativa de varios vecinos de la localidad en cuyo encabezamiento se destaca que "al margen de actuaciones anteriores, es una vivienda que lleva más de 10 años construida y pertenece a una familia del pueblo". 

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