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Diego Álvarez Ramos
18/09/2017

Carta abierta a la Cámara de Comercio de Astorga

 

Estimados señores de la Cámara de Comercio de Astorga:

 

Mi nombre es Diego Álvarez Ramos, y les escribo para informarles formalmente que durante el pasado mes de junio (mediados) del presente año 2017 solicité información para poder realizar el curso CAP que realizaban en la Cámara (para la fecha 30 de junio). Por entonces, ustedes me informaron que dicho curso no existía o no se iba a impartir, pero que había otro disponible para principios de julio sobre ofimática. Sin embargo, y en cualquier caso, me informaron que (y por dos ocasiones) como a fecha 26 de junio cumplía los 30 años ya no tenía derecho a su realización, ya que una vez cumplidos los 30 años quedaba fuera del programa.

 

Pues bien, estando bien informado (y siendo así por otros medios y no por ustedes) deseaba decirles que según la ley que rige y regula el Programa Garantía Juvenil, en ese momento tenía plenos derechos para apuntarme y cursarlo, ya que la ley lo único que exige es ser menor de 30 años en el momento de alta en el programa, pero que, una vez estando de alta en él, se dispone de hasta 4 meses para disfrutar de sus beneficios, y ser de este modo beneficiario de todos los programas formativos y ventajas que ofrece, tal y como pueden ver en el certificado de Inscripción en el Programa de Garantía Juvenil que adjunto.

 

Me parece vergonzoso y muy triste que, dedicándose a la orientación laboral y a la organización de cursos enmarcados en este programa que cuenta con fondos públicos del Fondo Común Europeo, desconozcan la ley que lo rige y excluyan a personas para su realización cuando cuentan con pleno derecho a cursarlos. ¡Un derecho que poseen por ley!

 

Queda demostrado con mi caso que son ustedes unos incompetentes en su trabajo, y que las personas que se dirigen a su sede de buena fe a ser orientadas y a adquirir cursos de formación salen en realidad mal paradas, como fue mi caso, que creyendo estar informado por personas profesionales y conocedoras de la materia, me impidieron la realización de un curso que seguramente me hubiera venido bien para profundizar en determinados conocimientos. Y lo que me pregunto ahora mismo y lo que más me preocupa es si mi caso habrá sido el único o habrá más gente afectada. Eso es, sinceramente, lo que más me conmueve en estos momentos.

 

Pero lo que me parece más fuerte aún es que a fecha 31 de agosto me llame por teléfono la persona responsable de estos cursos (la misma chica que en junio me negó por dos veces la posibilidad de realizarlos) para preguntarme si estaría interesado en realizar el curso de 'Atención al cliente, consumidor o usuario con inglés' que tenían programado para este mes de septiembre. Mi sorpresa entonces fue total. Que me llamaran para realizar este otro curso cuando en un principio ya no tenía derecho a cursar ninguno (según ustedes), como poco resulta sorprendente. Ante dicha proposición respondí que para septiembre ya no tendría posibilidad de cursarlo, añadiendo que, como acabo de decir, "me parecía una sorpresa que me llamaran cuando en junio se me negó la realización del otro", a lo cual la chica respondió que, y cito textualmente, "te he llamado porque sigues apareciendo inscrito en el programa. Yo (por entonces) tenía la orden de mi jefe de no dejar cursar el programa a personas de más de 30 años. ¿Si en tu trabajo tu jefe te manda hacer una cosa no la haces?". Estas declaraciones denotan completa falta de profesionalidad y ética por parte de esta persona. Por estos motivos le respondí que "ante todo como persona y profesional hay que conocer la ley, y más cuando tienes en tus manos el futuro de las personas con las que trabajas, porque además, hay gente que lo está pasando realmente mal".

 

Si ustedes, trabajadores de la Cámara de Comercio de Astorga, se ven coaccionados para saltarse la ley y no otorgar el derecho a las personas que tienen plena capacidad legal para cursar los programas de formación que imparten, su obligación será denunciarlo a donde corresponda, si este es realmente el caso. Si no es así, y lo que ha pasado es que desconocen la Ley 18/2014 por la que se regula el Programa de Garantía Juvenil, lo que deben hacer es informarse mejor de lo que tienen entre manos, porque, visto lo visto, queda claro que les viene grande.

 

Ante estas circunstancias y viendo que aún no han aprendido la lección de los errores cometidos, ya que sigue quedando evidente en su sitio web que siguen desinformando y confundiendo a los jóvenes desempleados (mírese el pantallazo adjunto), les solicito por favor los siguientes puntos:

 

1. Reconozcan públicamente a través de los medios de comunicación sus carencias y errores cometidos en cuanto a su gestión de los programas de formación enmarcados dentro del Programa Operativo de Garantía Juvenil.

 

2. Pedir disculpas, a través de los mismos medios, por los errores cometidos en las comunicaciones en cuanto a los requisitos necesarios para poder cursar los programas formativos, y comprometerse a que, de ahora en adelante, la información facilitada será veraz, certera y con rigor legal, para que toda persona sepa exactamente cuál es su situación y si puede realmente o no cursarlos, y garantizar así, que ninguna persona quede excluida de este tipo de formaciones por no estar debidamente informada (porque la información, estimados señores, para que pueda considerarse como tal, debe ser verídica, certera y fiable, porque de no ser así podrá ser otra cosa, pero nunca información).

 

Espero que muestren sensibilidad al caso y a la situación, y sean conscientes de su error para que no vuelvan a caer en él.

 

Les informo además que este escrito será facilitado a los medios como "Carta abierta".

 

 

Muchas gracias.

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