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Redacción
30/01/2018

Los astorganos no saben lo que el PP-PAL gasta en dietas, viajes ni comidas

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El Ayuntamiento de Astorga continúa teniendo lagunas en transparencia de datos, sobre todo económicos relacionados con los miembros del equipo de gobierno, un aspecto que el PP-PAL deberá solventar antes de que entre en vigor la ley que regulará la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, en la que en su Capítulo III incluye el Estatuto de los Miembros de las Entidades Locales que obligará a alcaldes y concejales a justicar los gastos antes de cobrar las dietas por desplazamientos, comidas, etc.

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El gobierno del PP-PAL no le pone nada fácil la tarea al ciudadano que hoy quiera saber los gastos que los miembros del gobierno PP-PAL realizan cuando representan al Ayuntamiento de Astorga. Comprobar en la actualidad las dietas, los gastos de viajes y protocolarios que realizan los miembros del equipo de gobierno supondría revisar las actas de los plenos (que están colgadas hasta la sesión del 27 de julio de 2017), ir al punto dos del orden del día donde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía, comprobar los números y fechas aprobados y después solicitar el acceso físico a las mismas porque en la web municipal no están. Es decir, que ni asomándose a la página web ni a la de transparencia ese ciudadano con deseos de conocer llegaría a saber el dato de lo que sus representantes municipales se han gastado en 2017, o 2016, ni incluso en 2015, en el desarrollo de su cargo.

 

Los datos de los gastos en dietas no tendrían que estar 'escondidos' entre las actas plenarias, sino que deberían tener 'luz y taquígrafos' en la página de transparencia de la web municipal, como ocurre en la del Ayuntamiento de León, donde un ciudadano de la capital no tiene ningún problema para saber cuánto se gastó el alcalde, Antonio Silván, cuando acudió el pasado 10 de noviembre a la asamblea de Municipios del Camino de Santiago porque en la web municipal es sencillo dar con el dato: el regidor leonés se gastó 132,62 euros en alojamiento. En cambio en Astorga no sabemos cuánto pagamos todos los astorganos al representante municipal que asistió a esa misma asamblea de la que Astorga forma parte.

 

En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Astorga no figura ese tipo de información, la única que aparece es la relacionada con los sueldos de los miembros del equipo de gobierno. Los datos sobre los gastos y dietas asoman públicamente, de vez en cuando, en las preguntas que los grupos de la oposición dirigen al alcalde en los plenos ordinarios, como la formulada en la última sesión del pasado 25 de enero por la portavoz socialista, Victorina Alonso, sobre un viaje a Madrid realizado el mismo el día por el alcalde, Arsenio García, y el teniente alcalde, Pablo Peyuca González, en el que justificaron dos dietas de locomoción distintas. Una pregunta que fue respondida por el alcalde, indicando que viajaron en dos medios de transporte distintos porque además de resolver asuntos municipales también tenían sus "motivos personales". El regidor también puntualizó que esos gastos los adelantaban de sus bolsillo.

 

Los astorganos y quien se asome a la web municipal, a día de hoy, tampoco puede seguir el rastro de los gastos de los miembros del gobierno más viajeros, como el alcalde, el concejal Comercio, Industria y Actividades del Motor, Pablo Peyuca González, o la edil de Turismo, Silvia Cobos. Tampoco se sabe nada de las facturas de las comidas de trabajo de los miembros del equipo de gobierno, ni cuánto cuestan al erario público ni el objetivo de las mismas. Datos que, al fin y al cabo, los ciudadanos tienen derecho a saber y que en los tiempos que corren, exigen.

 

 

Estatuto del concejal

 

La regulación del Estatuto del Concejal es fruto del consenso alcanzado en el grupo de trabajo que se constituyó, a tal efecto, en la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP). El Estatuto del Concejal está, en parte, regulado con carácter general por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pero es preciso desarrollar, según la Junta, a través de esta iniciativa, determinados aspectos concretos.

 

En tal sentido, se regula los grupos políticos y se establecen las condiciones para la constitución de un grupo mixto (una representación de, al menos, un 10 por ciento del total de los miembros de la entidad local, con un mínimo de dos), las circunstancias para pasar a la condición de miembros no adscritos, así como un régimen supletorio de la Junta de Portavoces, ante la falta de reglamento orgánico en una entidad local.

 

Como principal novedad, el Estatuto del Concejal incorpora la obligación de la grabación de los Plenos según el tipo de entidades locales: en las de más 20.000 habitantes, se deberá grabar en audio y en vídeo; en las de más de 5.000 habitantes, en audio; en las más de 1.000 habitantes, en audio si se acuerda por el Pleno; y en las de menos de 1.000 habitantes, no hay obligación. Asimismo, se regula el derecho de participación a distancia en casos de embarazo, maternidad/paternidad o enfermedad grave.

 

Según recoge el nuevo texto, el acceso al registro de Bienes Patrimoniales de cada entidad local tendrá carácter público, de manera que podrán acceder al contenido completo del registro los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obren en el registro, de conformidad con lo dispuesto en la normativa procesal; el Ministerio Fiscal cuando realice actividades de investigación en el ejercicio de sus funciones; y el Defensor del Pueblo o el Procurador del Común de Castilla y León.

 

El Estatuto del Concejal también incluye, como novedad, que los miembros de la entidad local, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, solo podrán recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental, según las normas de aplicación general en las administraciones públicas y las que en este sentido apruebe el Pleno.

 

Según este anteproyecto de ley, los miembros de las entidades locales que incumplan reiteradamente con el deber de asistencia a los plenos, sin justificación suficiente, serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización dejada de percibir por cada falta de asistencia. El incumplimiento reiterado será cuando se produzcan tres faltas de asistencia consecutivas o cuando no se acuda a un tercio de las sesiones anuales.

 

 

Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación

 

El jueves de la semana pasada el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León conoció el anteproyecto de ley que regula la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación y el estatuto de los miembros de las entidades locales, una normativa que recoge entre sus novedades que los acuerdos y recomendaciones de este órgano de cooperación entre la Junta y las entidades locales serán un compromiso político, y regula sanciones para los concejales reincidentes en sus ausencias a los plenos, que no percibirán las indemnizaciones previstas por asistencia, a la vez que tendrán que justificar los gastos para cobrar las dietas.

 

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó el texto en la reunión semanal del Ejecutivo y garantizó una tramitación rápida -tiene que pasar por el CES y Consejo Consultivo antes de su aprobación definitiva- para que la Conferencia de Alcaldes y presidentes de Diputación se pueda celebrar antes de que termine esta legislatura.

 

El texto regula, en primer lugar, la creación de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, presidida por el presidente de la Junta, así como sus funciones, composición, reuniones, el comité permanente y la toma de decisiones a través de acuerdos y recomendaciones.

 

Este nuevo foro se configura como el marco idóneo para que los máximos representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes y de las provincias participen en las políticas autonómicas, a través de iniciativas o propuestas que, en el marco de sus competencias, sirvan para vertebrar mejor el territorio y dar un enfoque ordenado a determinadas políticas locales.

 

Entre las principales funciones de esta conferencia destacan, entre otras, analizar las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local o estudiar los asuntos de importancia relevante para la Comunidad Autónoma que puedan afectar a los ámbitos competenciales autonómico y local.

 

La Conferencia funcionará en pleno una vez al año, que reúne al presidente de la Junta, a los alcaldes de grandes ciudades y a presidentes de diputación. El presidente del Gobierno autonómico presidirá la conferencia y el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias desempeñará la vicepresidencia.

 

Cada seis meses, se reunirá la Comisión Permanente con el objeto de preparar los posibles asuntos a tratar en la Conferencia y de evaluar los acuerdos y recomendaciones adoptados por la Conferencia. La Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación podrá adoptar acuerdos o recomendaciones que tendrán la consideración de compromisos políticos. También se podrán crear grupos de trabajo específicos.

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