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Redacción
31/05/2018

PSOE: "La adjudicación de publicidad institucional" sin criterios de objetividad, control y transparencia "es una variante de la corrupción"

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La contratación de la publicidad institucional "no puede hacerse a capricho pues se trata de un gasto con fondos públicos -dinero de todos- y ese gasto necesita unas pautas de objetividad, control y transparencia absoluta", pero "la adjudicación sin esos criterios puede deberse a ignorancia o ineptitud, o simplemente a criterios de amistad o ideología. En estos últimos casos se estarían usando los dineros públicos en razón a intereses personales o ideológicos, lo que es simplemente una variante de la corrupción", comenzó diciendo la portavoz del PSOE, Victorina Alonso, en el Pleno Extraodinario en el que por primera vez en la historia del Consistorio astorgano se ha hablado abiertamente de lo que cada medio y grupo de comunicación percibe en concepto de publicidad y propaganda.


En un pleno cargado de susceptibilidades y sutilezas, la alusión a la "corrupción" no fue bien recibida por el alcalde, Arsenio García, que se sintió reflejado y por ello conminó a la concejala socialista a que la retirara, pero Victorina Alonso la mantuvo porque "yo no le estoy llamando corrupto, es que esto lo dice la ley estatal 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional". Su compañero en la bancada de la oposición, el portavoz de IU, José María Jáñez, remataba la afirmación indicando que "la corrupción no solamente es legal, existen corrupciones políticas que entran dentro de la legalidad".

 

 

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(Reproducimos a continuación íntegramente el discurso de la portavoz del PSOE, Victorina Alonso, en el Pleno Extraordinario)

 

En la democracia el reparto de la publicidad institucional entre los diferentes medios de comunicación no puede hacerse a capricho… puesto que se trata de un gasto con fondos públicos –dinero de todos- y ese gasto necesita unas pautas de objetividad, control y transparencia absoluta.

 

La adjudicación sin esos criterios puede deberse a ignorancia o ineptitud, o simplemente a criterios de amistad o ideología. En estos últimos casos se estarían usando los dineros públicos en razón a intereses personales o ideológicos, lo que es simplemente una variante de la corrupción.

 

La publicidad institucional del municipio siempre debe ser un instrumento de difusión de información relevante para la ciudadanía, para difundir sus derechos, sus servicios, para fomentar la participación ciudadana, para dar difusión a  las responsabilidades y obligaciones cívicas…

 

La normativa del Estado sobre publicidad institucional se apoya en la propia constitución y en la Ley estatal 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (LPCI). También han desarrollado textos en esta materia otras instituciones, especialmente las autonómicas, e incluso ayuntamientos.

 

La normativa estatal en la materia enuncia los principios que deben regir el contenido de la actividad comunicativa, que, en todo caso, debe servir con objetividad a los intereses generales, con sometimiento a los principios de eficiencia, veracidad y racionalidad en la asignación de los recursos económicos.

 

Recuerda la ley estatal en la materia que esa comunicación publicitaria debe estar al “estricto servicio” de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes.

 

La acción comunicativa de los poderes públicos debe llegar al ciudadano mediante la utilización de los distintos medios, soportes o formatos y atendiendo a criterios objetivos que garanticen mejor la difusión de los mensajes.

 

Los objetivos prioritarios son: garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación.

 

Dice el preámbulo de esta Ley que “La utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno.

 

Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve.

 

La racionalidad, eficacia y economía en el uso de los dineros públicos también debe pasar por la eliminación de gastos en publicidad y propaganda que nada aportan a la ciudadanía y suponen un coste económico.

 

Las disposiciones estatales en materia de contratos destacan la necesidad de extremar la transparencia, la objetividad y el control: se trata de un gasto de una cantidad importante y hay que evitar el riesgo cierto de un reparto con criterios políticos.

 

Este principio de igualdad y la prohibición de discriminación, se asientan en nuestra propia Constitución y afectan a todos los entes del sector público.

 

La legislación estatal sobre contratos tiene entre objetivos básicos la garantía de la no discriminación en la contratación y la eficiencia económica en el destino de los recursos públicos.

 

La Ley estatal 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (LPCI) también es tajante respecto de los criterios de reparto de la publicidad institucional, que han de ser siempre objetivos como el coste económico y la eficacia prevista en el plan de medios.

 

Estos mismos principios se reiteran en las legislaciones autonómicas, que aluden a criterios como la implantación territorial y social, la difusión y audiencia, la adecuación al público objetivo, el coste de las inserciones y la rentabilidad del impacto.

 

El Tribunal Constitucional ha dictado sentencias clave en la materia y ha dejado sentado que una discriminación entre medios de comunicación en el reparto de publicidad institucional, lesiona derechos constitucionales.

 

Su razonamiento es que un reparto discriminatorio de la publicidad entre los medios de comunicación vulnera el artículo 14 de la Constitución. Los medios de comunicación, en nuestra sociedad, son elementos indispensables para el pluralismo, y el discriminarles arbitrariamente es un atentado a su independencia y a su propia supervivencia económica, cuando deben competir con otros medios de comunicación que sí reciben publicidad institucional.

 

La discriminación es, pues, un atentado al pluralismo que es la esencia del principio de democracia.

 

El Tribunal Constitucional recuerda que la existencia de un margen de discrecionalidad en la elección de los medios de comunicación donde difundir sus campañas de publicidad institucional no exime de actuar en todo momento de conformidad con los principios constitucionales de objetividad y legalidad de los artículos 103.1 (La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho). Y 106.1 de la Constitución (Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican) y que queda radicalmente proscrita cualquier arbitrariedad, máxime cuando están en juego la vigencia de principios y libertades fundamentales.)

 

La aplicación por el Tribunal Constitucional de esta doctrina al caso concreto puede sintetizarse del siguiente modo: Prohibición absoluta de cualquier tipo de discriminación por razón de la opinión, ideología o tendencia del medio.

 

Por otra parte, aún sin probarse la “discriminación política”, los principios constitucionales se vulneran cuando hay una disparidad de trato no justificado por una diferencia de situaciones, y por tanto, carente de justificación objetiva y razonable, o bien cuando, habiendo una disparidad de trato justificada, esta no es proporcionada.

 

La justificación basada en que el medio de comunicación excluido tiene tarifas superiores al mercado, tampoco puede justificar su exclusión del reparto de publicidad institucional, cuando se trata por ejemplo, de un medio con más audiencia en el territorio de referencia y que hasta un determinado año había obtenido publicidad institucional de la propia Administración.

 

El principal criterio, pues, debe ser el resultante de un análisis económico de la efectividad de las campañas, medida en función de criterios como público objetivo, ámbito territorial y coste por impacto.

 

Discriminar o excluir de cualquier campaña de publicidad institucional a un medio con un índice elevado de audiencia también vulnera la libertad de información de la ciudadanía además del principio de igualdad, entre ciudadanos y entre medios de comunicación, y compromete de este modo la supervivencia de los medios excluidos y, a resultas de ello, el pluralismo informativo necesario para la existencia de la democracia.

 

La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia es contundente y uniforme poniendo de manifiesto que la concesión de un trato desigual en el reparto de la publicidad institucional entre medios que se encuentran en una situación equiparable, constituye una discriminación prohibida por la Constitución Española.

 

El criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación (prensa, televisión, radio, internet) y se dirigen a un mismo público objetivo, es la audiencia medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias, ponderada con las tarifas ofertadas.

 

Estos no son sin embargo los criterios seguidos por el Ayuntamiento de Astorga, en el que se evidencia según los datos aportados por el Equipo de Gobierno:

-Gasto excesivo;

-Discriminatorio

-Adjudicación de  publicidad sin un estudio previo que avale la idoneidad de dichas adjudicaciones.

-Vulneración de la libertad de información al tratar de forma tan diferente y desigual a unos medios con audiencia contrastada con respecto a otros.

 

Por todo lo anterior pedimos que se nos informe de:

1.-Gastos realizados en materia de Publicidad.

2.-Distribucion de los mismos a los medios escritos locales, provinciales, autonómicos y nacionales.

3.- Distribución  a los medios locales digitales, Radios y TV.

4.-Criterios para la realización de esta distribución.

5.-Si estos criterios se están siguiendo en base al Plan de comunicación vigente. Adjudicaciones, contenidos y coste del mismo y pagos realizados en relación a ese Plan de Comunicación.

 

Finalmente expresamos:

1.-Petición de la elaboración de un reglamento que regule la gestión y contratación de publicidad institucional en el Ayuntamiento de Astorga, así como de toda la estructura municipal.

2.-En el mismo se han de establecer los criterios en la adjudicación de publicidad institucional y el compromiso de facilitar un informe anual con todos los datos, tanto las campañas como los medios beneficiados por los contratos.

3.-De la misma manera proponemos la creación de un consejo independiente que debe velar por el uso correcto de la publicidad institucional, examinando una vez al año tanto las campañas como adjudicatarios y contratos de las mismas.

4.-También podría reunirse con carácter urgente y extraordinario para dictaminar sobre algún caso concreto por petición de un tercio de los concejales.

Ese consejo debe estar integrado por personas no implicadas en el Gobierno del Municipio, y debe ser aprobado en Pleno por mayoría de dos tercios

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