Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo 19/07/2018
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Jesús María López de Uribe / ileon.com
12/07/2018

Los ayuntamientos salpicados por la operación 'Enredadera' se saltan la Ley para ocultar contratos

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Villarejo de Órbigo no ofrece ningún dato sobre en qué gasta el dinero pese a que debe ser público desde 2015, Astorga y San Andrés del Rabanedo prácticamente no ofrecen información, León no publica los datos de proveedores de 2017 y borra las actas de las Juntas de Gobierno; y Villaquilambre impide la búsqueda de los contratos publicados. Así complican los alcaldes que los ciudadanos fiscalicen la contratación pública: incumpliendo flagrantemente la Ley de Transparencia.

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¿Sabe el ciudadano que su ayuntamiento debe publicar cada tres meses en su página web todos los contratos que haya realizado en el último trimestre indicando la cantidad de dinero pagada y la concesionaria del servicio o de la obra? Probablemente, pese a que los periodistas se empeñen en informar sobre ello, no.

 

Con eso cuentan los alcaldes y los equipos de Gobierno tramposos para evitar informar sobre contrataciones y, además, complicar que se pueda encontrar nada sobre los posibles tejemanejes que estuvieran realizando. Un ejemplo de ello podría ser los datos de contratación de los tres últimos años investigados por la Operación Enredadera, que está revisando contratos públicos en 43 ayuntamientos de España desde el año 2010.

 

La Ley de Transparencia española se aprobó en diciembre de 2013, pero no había obligación de incorporar los datos de contratos públicos de las administraciones —ojo, de todo tipo, no sólo los ayuntamientos sino también las diputaciones, las autonomías y las empresas o fundaciones públicas— hasta dos años después; es decir, que al menos los ayuntamientos leoneses investigados por la 'Enredadera' deberían mostrar los contratos de las empresas investigadas en sus webs desde finales de 2015.

 

¿Es esto así? iLEÓN denunció ya el año pasado que el 90% de los alcaldes de la provincia 'pasaban' de hacer cumplir la legislación de Transparencia (a la que se suma una Ley Autonómica aprobada por las Cortes de Valladolid en marzo de 2015), así que no es de extrañar que se encuentren administraciones municipales que no cumplen nada, otras que casi no cumplen y otras que, aún cumpliendo lo complican tanto que hace casi imposible que cualquier ciudadano pueda buscar este tipo de información de forma fácil y sencilla.

 

¿Qué información se ha podido encontrar de las empresas de la Operación Enredadera en Astorga, León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo siguiendo la doctrina de la Legislación de Transparencia que indica que tienen obligación activa de informar sobre la contratación con dinero público? Esto es lo que el equipo de redactores de iLEÓN ha detectado en estos casos.

 

 

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Villarejo de Órbigo, nada; Astorga, casi nada

 

Una vez revisadas las páginas de Transparencia, eso en los ayuntamientos que las tienen activas en su web (pese a que es obligatoria), el Ayuntamiento que no cumple absolutamente nada es el gobernado por el socialista Joaquín Llamas: Villarejo de Órbigo. Es decir, sí tiene Portal de Transparencia, aprovechando una página modelo de la Diputación de Léon, pero da igual porque no han subido ninguna documentación.

 

En lo que es importante, la información económica, no hay absolutamente nada. Tampoco tiene 'Perfil del Contratante' (donde debería indicar los anuncios de licitaciones y concursos públicos para obras y servicios), y sí Sede Electrónica; pero no sirve para nada pese a que muchos ayuntamientos aseguran que es lo mismo. Y no lo es ni de lejos. El caso es que Villarejo de Órbigo oculta por completo cualquier posibilidad de revisar cualquier contrato, ya no sólo de las empresas implicadas en 'Enredadera'. Hasta que se levante el secreto de sumario de su declaración judicial tras ser detenido en esta operación anticorrupción no se sabrá nada sobre los contratos que se investigan, si es que alguno se llego a adjudicar.

 

El siguiente Ayuntamiento con menos información es el de Astorga, dirigido por el hasta ahora alcalde popular Arsenio García Fuentes, que aseguró que se dio de baja del PP tras ser detenido y declarar en el Juzgado. Aquí utiliza otro desagradable truco para sortear las obligaciones de Transparencia: cubrir la información económica del Portal obligatorio (que sí tiene en su web) con la información del Perfil del Contratante. Por cierto, que con todo el morro del mundo su equipo de Gobierno anunció en 2016 que no cumpliría la Ley hasta este año; y ni siquiera aún lo hace, casi tres años después de que estén obligados legalmente.

 

Y encima usando el Perfil del Contratante, que no es lo legal: en la información económica de un Portal de Transparencia se ha dejar bien claro qué empresas han cobrado qué, cuándo y porqué. Mientras que en el de anuncios de contratos se da información para que las empresas concursen. En el caso del Ayuntamiento astorgano nos encontramos que usa también la págima modelo de la Diputación (que es altamente ineficiente, por otra parte); la Sede Electrónica da problemas de certificación (la página no es segura) y cuando se entra a ella resulta que tiene clave para entrar, con lo que no puede usarla ningún ciudadano que no posea usuario y contraseña por lo que resulta inaccesible e inoperativa.

 

Así, la información económica de su Portal de Transparencia remite a este Perfil del Contratante, donde sólo se pueden revisar 11 contratos adjudicados definitivamente desde el 26 de agosto de 2016. La información es muy escasa, lo justo. Casi insultante. Aunque pese a que hay poquísima información sí aparece una obra adjudicada a Agema —propiedad de Angel Luis García Martín, el 'Patatero de Astorga'—, para Mejoras en el Pabellón Municipal de Deportes por 100.000 euros.

 

Esto indica algo bastante preocupante: ¿Si una de once obras se concedió a esta empresa investigada, cuántas de antes de agosto de 2016 lo fueron? Los ciudadanos de Astorga no lo podrán saber porque el alcalde no obliga a sus funcionarios a cumplir con la Ley de Transparencia. Por cierto, tampoco desde octubre de 2017 porque desde entonces no hay publicitada ninguna adjudicación más. O sea, sólo informan, y bastante mal, de a quienes dieron los contratos en 14 meses.

 

 

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San Andrés da la risa y Villaquilambre complica la búsqueda

 

Los otros dos ayuntamientos en los que sus alcaldes y concejales tuvieron que declarar ante los agentes de Policía y pasar por Comisaría junto a varios técnicos municipales fueron los más grandes del Alfoz de León.

 

En el caso de San Andrés del Rabanedo, éste sólo ha tenido Portal de Transparencia desde noviembre del año pasado; pero la información que tiene sobre contratación es de unos años anteriores más, con la salvedad de que casi produce risa (o sonrojo, según se mire) leer cómo el tercer ayuntamiento de la provincia 'sólo' tiene adjudicadas 14 obras en 2015, 13 en 2016 y 17 en 2017; año en el que la información de tres obras está pendiente de adjudicación, una en licitación y otra prorrogada hasta agosto de 2018.

 

Por cierto, nada se sabe de las que quieran contar que se adjudicaron este año, pese a que habría que hacerlo de forma activa según la Ley cada tres meses. La escasísima cantidad de datos incluidos en este apartado por parte del Equipo de Gobierno comandado por la socialista María Eugenia Gancedoes insultante. Tanto como lo que tardó un municipio de estas características en cumplir la ley; aunque no les sirva a sus ciudadanos para controlar lo que hacen sus representantes públicos, saltándose el espíritu de esta legislación de Transparencia.

 

Luego está Villaquilambre, paradójicamente uno de los primeros ayuntamientos de la provincia de León en tener Oficina Virtual para sus vecinos, pero que sigue sin apartado de Transparencia todavía (y no, no vale la Sede Electrónica). No se puede negar que tiene una barbaridad de información en el Perfil del Contratante, unas doscientas adjudicaciones desde el 3 de octubre de 2016 y muy actualizada: el último anuncio es del 5 de junio de este año. Pero eso no es lo que exige la Ley de Transparencia, en la que se deberían listar las obras por año identificando coste, proyecto, fecha de adjudicación y empresa adjudicataria (y eso por cada trimestre del año, y por cualquier cantidad).

 

Esa aparente fortaleza a la hora de mostrar información del ayuntamiento comandado por el también procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, Manuel García (doscientas adjudicaciones de obras y servicios es verdad que no se ven en el 99% de las webs municipales de la provincia) esconde una terrible dificultad. Como no existe un buscador de licitaciones el ciudadano tiene que bucear literalmente en una interminable página de proyectos.

 

Eso es, técnicamente, una trampa para impedir que la gente normal pueda fiscalizar el gasto municipal que es ampliamente criticado por las asociaciones en pos de la Transparencia y el Gobierno Abierto. Si no es porque el contrato de Software de Gestión Policial que está siendo investigado se encuentra entre los últimos adjudicados, posiblemente a la mayoría de la gente (prueben ustedes a ver si lo localizan aquí para entender la dificultad) se le escaparía poder consultarlo.

 

 

Y León, borrando información y negándose a actualizarla

 

Por último, el único Ayuntamiento investigado en la Operación Enredadera de la provincia de León donde no fue nadie ni a Comisaría ni al juzgado a declarar fue el del alcalde de León Antonio Silván (PP). Un regidor que parece que se chotee de sus propios ciudadanos porque en vez de ir a mejor su portal de Transparencia puesto en marcha por su antecesor del mismo partido político Emilio Gutiérrez, va a peor.

 

Pese a darse el pote de ser uno de los mejores ayuntamientos en Transparencia —lo cual por una parte es verdad ofreciendo mucha documentación administrativa—, cuando se habla de la información económica resulta una completa mentira, sobre todo respecto información de la contratación con empresas. Es obligación del Ayuntamiento de León informar de los mayores proveedores y de los contratos mayores y menores cada tres meses. No ha informado aún de cuáles han sido sus pagos en todo 2017, no digamos ya de 2018; pese a que se le ha indicado repetidamente que actualice esa información lo único que se ha conseguido es la callada por respuesta.

 

Como si el ciudadano no tuviera derecho a consultar esos datos, o como si al funcionario le molestara hacerlos públicos. No se sabe en realidad la causa para negarse a acatar la Ley pese a las amenazas de inhabilitación de cargo público por no cumplirla de forma reiterada.

 

Además, la página de contratos, que sí ofrece toda la papelada administrativa por cada obra licitada, utiliza un buscador tan inútil que hay que ir uno por uno buscando en el listado qué se quiere encontrar. Eso sí, sobre las empresas del 'Patatero' de Astorga la redacción de iLEÓN tras varias horas de comprobación sólo pudo encontrar un contrato a finales de 2017, y detectar cómo intentó Angel Luis Martín colar la Aplicación Gespol en el Ayuntamiento de León, y cómo le salió el tiro por la culata. ¿Podría haberlo hecho cualquier ciudadano sin experiencia?

 

Por último, es de reseñar que no es posible encontrar los acuerdos de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de León porque éste decidió hace dos meses eliminar todas las actas que estaban listadas desde 2014 en su Portal de Transparencia. Cosa que es habitual entre los gestores de esta sección, ya que también le dio por borrar tres años de información de contratación.

 

La forma de actuar del Consistorio de León en cuestión de transparencia económica es borrar información, complicar su búsqueda y negar peticiones directas de forma sistemática con excusas tan burdas y peregrinas que hasta el Comisionado de Transparencia ha llegado a sugerir en sus decisiones que el Jefe de Servicios de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado Martínez, no utiliza la verdad para denegar información perfectamente identificada.

 

Así ocultan información los cinco ayuntamientos 'Enredados' en la provincia de León. Unos de forma completa, otros de forma chusca, otros por completa inutilidad o desidia, otros de manera fina y otros... borrando lo que sea necesario. Todo sea por complicar que los ciudadanos cumplan con el Derecho que les otorga la legislación española de Transparencia: el de fiscalizar personalmente de forma rápida y sencilla cómo se gasta el dinero público.

 

En este caso los investigados no podrán ocultarlo ante el juez, pero si no lo hubieran ocultado los políticos ante sus votantes quizás podría haberse evitado toda esta trama de corrupción, en la que ha caído hasta el dueño del Diario de León, el Mundo de Castilla y León, RTVCyL y uno de los magnates constructores más notorios implicados también en el caso Gürtel: José Luis Ulibarri.

Astorga Redacción. Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo
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