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Redacción
10/08/2018

El Procurador del Común duda sobre la transparencia del contrato del Plan de Comunicación

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El Procurador del Común le "echa un buen rapapolvo" al alcalde de Astorga, Arsenio García, a cuenta del Plan de Comunicación (2016-2019) por las contradicciones sobre el tipo de contrato realizado por la Alcaldía a la empresa NER Comunicación y Marketing SL y la negativa a facilitar la información requerida por el Defensor del Pueblo de Castilla y León tras la queja presentada por IU.

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La resolución del Procurador del Común llega un año después de que IU presentara una queja por las dudas que generó en el grupo de la oposición el gasto de 7.260 euros a favor de la citada empresa. Cuando IU registró la demanda en la sede de la Procuraduría, el alcalde todavía no había firmado los dos contratos posteriores con NER Comunicación y Marketing que desarrollan ese Plan de Comunicación planeado para desarrollarlo en tres años. En 2018, la Alcaldía ha autorizado el pago de 14.520 euros por un plan de asesoría de comunicación, y otro pago más de 17.545 euros por un plan de gestión y organización de eventos (como el de Tres Naciones del próximo mes de octubre, que realmente lo está gestionando otra empresa distinta a NER), y también de comunicación de crisis. Estos tres contratos distintos con la misma empresa, en un presunto "fraccionamiento irregular", es lo que el Procurador del Común anticipa que podría suceder y de hecho ha ocurrido.

 

En el informe del Procurador del Común se señala que "la información remitida" por la Alcaldía "se contradice en cuanto al procedimiento seguido para adjudicar el contrato, pues hace referencia por un lado al procedimiento negociado sin publicidad y por otro, al contrato menor". Según el Defensor del Pueblo, "tampoco la escasa documentación que ha sido enviada permite despejar todas las dudas que se plantean en relación con esta contratación, pues únicamente se remite el informe de Intervención y el Decreto de la Alcaldía que aprueba el pago de una factura correspondienet a la redacción" del plan.

 

La resolución del Procurador del Común revela que la Alcaldía envió dos informes, el primero enviado el 7 de noviembre de 2017 indicaba que la adjudicación del contrato se realizó mediante procedimiento negociado sin publicidad, con la invitación a tres empresas; en cambio, en el segundo informe remitido el 13 de marzo de 2018 expone que se trata de un contrato administrativo de servicios cuya cuantía al ser menor de 18.000 euros queda "excluido de fiscalización previa".

 

En la argumentación técnica firmada por quien preside la Procuraduría, Javier Amoedo, se explica que "la utilización" del contrato menor "de servicios traspasando su cuantía máxima o el plazo temporal de un año podría contituir un supuesto de fraccionamiento irregular" del total del plan de comunicación que le ha costado a todos los astorganos 39.32 euros, si bien en las dos últimas adjudicaciones la Alcaldía invitó a dos empresas junto a NER. 

 

El Procurador también saca la 'tarjeta amarilla' a la Alcaldía porque de la documentanción requerida "no remite la copia del plan, ni la factura, ni de la memoria justificativa, ni de ningún otro documento, como podían ser el pliego" de condiciones del contrato, "las propuestas recibidas" en el caso de que hubiera sido un proceso abierto a que otras empresas pudieran concurrir, ni "la negociación que fue llevada a cabo o el acto de adjudicación".

 

La negativa a enviar información, hasta en dos ocasiones, es una "irregularidad grave porque falla la lealtad y cooperación con otras instituciones", aseguró el portavoz de IU, quien asegura que la resolución del Procurador del Común les ha llegado "justo cuando se han conocido las conversaciones" entre el alcalde y el teniente alcalde, Pablo Peyuca González, sobre "las supuestas órdenes de 'arriba' del PP" para contratar a NER "y de las que se desmarca el PP" provincial y autonómico.

 

Afirma Jáñez que "la ciudadanía se merece una explicación del alcalde, aunque es tarde porque la credibilidad es nula y por ello tiene que asumir responsabilidades". El edil de IU concluye que "estaba claro cuál era el objetivo de estos planes, ser una herramienta propagandística planeada para una campaña electoral mantenida en toda la legislatura pagada por la ciudadanía".

 

 

 

 

 

 

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