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Redacción
10/09/2018

La comunidades despobladas reclaman más dinero de los fondos europeos para el reto demográfico

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Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León suscriben un documento en el que piden líneas específicas en el reparto de fondos europeos para las zonas más afectadas.

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Castilla y León y otras cinco comunidades -Aragón, La Rioja, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha- ha reclamado este lunes al Gobierno una reforma "prioritaria y urgente" de la financiación autonómica y que tenga también un carácter "multilateral". Así se puso de manifiesto en la cumbre celebrada hoy en Zaragoza en la que los presidentes de estas seis autonomías suscribieron una declaración institucional conjunta en la que también se abordó la relevancia que tiene la despoblación y el envejecimiento para estos territorios.

 

El reto demográfico fue uno de los asuntos prioritarios abordados en el encuentro de este lunes. Entre las seis comunidades reunidas suman un total de 4.463 municipios, es decir, el 55 por ciento del territorio nacional, el 52,8 por ciento de la superficie pero no alcanzan más que el 21 por ciento de la población. Por ello, instaron al Gobierno a que, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes de enero del año pasado, se presente la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y se debata en el marco de la comisión creada para ello.

 

Los presidentes autonómicos hicieron un llamamiento para que no se pierda la oportunidad que suponen los fondos de cohesión social para que el reparto tenga en cuenta aspectos como el envejecimiento y la dispersión poblacional, con "líneas específicas" para las zonas más afectadas por estas problemáticas.

 

En el documento se plasmó la necesidad de una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine los instrumentos y fondos de la UE; que la Política de Cohesión a partir de 2020 esté al servicio de los nuevos retos de la Unión Europea y siga siendo prioritaria en fondos y objetivos. Ademas, se considero en que esta política, su dotación económica y la modulación de sus criterios de cofinanciación no pueden basarse únicamente en el PIB per cápita, sino que tendría que tener en cuenta otros indicadores complementarios como la evolución de la población, la dispersión territorial o el envejecimiento.

 

Lambán lamentó que después de pensar que se había "ganado la batalla" ante la Unión Europea para que los criterios demográficos determinaran el futuro reparto de los fondos de cohesión, en la última formulación han desaparecido estos criterios. "Es fundamental que Europa incluya a España entre las regiones afectadas por el fenómeno de la despoblación", dijo. En la misma línea se expresó Juan Vicente Herrera, quien también lamento que no se contemplen los objetivos demográficos en "un viejo continente que cada vez es más viejo" e hizo un llamamiento para pasar "de la España vacía a la España llena de muchas posibilidades".

 

 

Financiación autonómica

 

Una de las principales conclusiones del encuentro y plasmados en el documento final fue la necesidad de definir el nuevo modelo de financiación autonómica "de forma inmediata" para así garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades. Por ello instaron a avanzar en una propuesta de modelo que tenga un consenso "multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de las administraciones afectadas.

 

A juicio de los presidentes de estas seis comunidades, este modelo de financiación autonómica tendría que garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades; el sistema de régimen común deberá ser el resultado de un consenso "multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; la corrección de los déficit de financiación; la potenciación del principio de suficiencia, garantizando que las comunidades dispongan de recursos necesarios para hacer frente a los servicios de su competencia; la definición de un sistema de nivelación total; que ninguna Comunidad empeore su posición financiera por culpa de la reforma; y que las necesidades de financiación de las comunidades se fije atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales.

 

Por otro lado se recogió en el acuerdo que la evaluación de las necesidades reales se llevará a cabo de manera específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales; se tendrá también en cuenta la plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones financieras del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades para hacer frente a la prestación de los servicios. También se aboga por la potenciación de las políticas de desarrollo regional y, en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial; o por que la reforma del sistema de financiación aborde la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de los territorios autonómicos.

 

Durante sus declaraciones ante los medios de comunicación, los presidentes autonómicos de las seis comunidades reunidas coincidieron en que todas ellas requieren de mejores recursos para poder prestar unos servicios públicos de calidad, en especial teniendo en cuenta la previsión de liquidación de 2017 comunicada hace un par de meses, sin tener en cuenta la incidencia del cambio del sistema de gestión del IVA. Esta circunstancia incide en los recursos disponibles en 2019, dado que la previsión de liquidación del año pasado solo incluye once mensualidades del IVA, cuando debería incluir la totalidad del año.

 

 

 

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