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Antonio Vega / ileon.com
12/09/2018

'Enredadera' provoca un vaivén de dimisiones y expulsiones de partidos políticos sin precedente en la política de León

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Las consecuencias políticas de la operación 'Enredadera' en la provincia de León han llevado, hasta el momento, al cese de dos ceses de alcaldes, uno por moción de censura y otra por dimisión; que el PSOE pierda su representación en dos ayuntamientos o que políticos históricos como el concejal José María López Benito abandonen la política, mientras en Astorga los cuatro concejales 'tocados' por la trama corrupta siguen en sus cargos municipales.

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Hasta 25 'víctimas' políticas se contabilizan a fecha de publicación de este artículo a consecuencia de la operación 'Enredadera' en la provincia de León. Es el número total de dimisiones, ceses y expulsiones, a veces directas o incluso indirectas, que ha provocado la investigación contra la corrupción municipa que afecta, hasta el momento, a los ayuntamientos de León, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y la Mancomunidad del Órbigo.

 

En Astorga los afectados 'políticamente' son tres, los detenidos e investigados en la pieza local, todos ellos del PP. Son el alcalde, Arsenio García, y los concejales populares Manuel Ortíz y Javier Guzmán. Pero han sido afectados por haber tenido que presentar su suspensión de militancia al Partido Popular, aunque mantienen el acta y sus funciones pese a su imputación judicial. El regidor ha asegurado ayer mismo que no piensa dimitir del cargo pese a su presunta implicación en la trama que amañaba contratos municipales. Del concejal del PAL implicado, Pablo González Peyuca, no se conoce que haya sido afectado políticamente al mantener el acta y la representación orgánica del partido regionalista.

 

En León capital la única 'víctima', de momento, ha sido el histórico concejal del PP José María López Benito, que tuvo que dimitir de sus cargos y acta ante la amenaza de Ciudadanos de apoyar una moción de censura si no se iba al ser uno de los investigados en la pieza separada de León. 'Yiyo' fue presidente del PP provincial incluso a principios del milenio y llevaba en el consistorio desde los 90, con algún paréntesis.

 

En la Diputación de León se han producido dos afectados, los ya exmiembros de Ciudadanos Juan Carlos Fernández y Sadat Maraña, de los que 'El Patatero' aseguraba pedían mordidas por su gestiones en contratos, ambos imputados en la trama. Fernández mantiene el acta de concejal en San Andrés del Rabanedo y de diputado pese a la expulsión y Sadat Maraña, que ejercía de asesor del grupo político en el Palacio de los Guzmanes, ha perdido su puesto de trabajo al formalizarse la disolución del grupo.

 

Dos ayuntamientos del Órbigo es donde más bajas indirectas se han producido. Cuando se conoció la detención e imputación del alcalde de Villarejo de Órbigo y diputado provincial, Joaquín Llamas, el PSOE le expulsó de forma fulminante. Ante el apoyo de sus concejales, desde los socialistas consideran "inexistente" su grupo municipal en la localidad, lo que suma otros cinco concejales 'menos' a causa de 'Enredadera', como 'víctimas' colaterales.

 

En el ayuntamiento de Hospital de Órbigo, donde su alcalde Enrique Busto, pidió la baja de militancia en el PSOE al conocerse su aparición en el sumario, aunque hasta este momento no esté imputado. Los otros cinco concejales del grupo socialista, que "apoyan al alcalde", según ha señalado Busto.

 

La última en caer ha sido la alcaldesa socialista de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, que presentó su dimisión este martes ante al evidencia de que iba a ser cesada por una moción de censura. Las presiones del partido lograron también la dimisión de los concejales investigados Miguel Ángel Flecha y Santiago Blanco, a los que se sumó de forma solidaria el concejal Abel Iglesias, todos del PSOE. El concejal regionalista investigado en la trama, Francisco Gómez ('Paco PAL'), también presentó su renuncia al acta de representante municipal.

 

En Villaquilambre ha tenido lugar una moción de censura que ha desalojado del poder al también procurador en las Cortes Manuel García (PP), que fue detenido, figura en las investigaciones de la pieza de Badalona. García fue cesado pero mantiene el acta y su intención de concurrir en las elecciones del 2019. La concejala investigada Mónica Varón (PP) cesó en sus funciones unos días antes para intentar parar la moción de forma infructuosa. No se descarta que abandone el acta municipal con el avance de la instrucción judicial, ya que la UDEF le apunta de forma directa por tener conversaciones sobre contratos con miembros de la presunta trama corrupta.

 

 

Otros posibles afectados

 

En total en la provincia 'Enredadera' ha dejado 25 afectados políticamente, en diferentes grados y algunos de forma colateral. Y hay otros nombres en el ojo del huracán, como el alcalde de León, Antonio Silván, por haberse 'chivado' de cómo iba la adjudicación de un contrato en el Órbigo al empresario encarcelado José Luis Ulibarri. Silván tuvo que convocar un pleno extraordinario para abordar el asunto, aunque no explicó ni una coma de su conversación con el cabecilla de la presunta trama, pero logró esquivar la moción de censura por la dimisión de 'Yiyo'. La alcaldesa de Benavides, Ana Rosa Sopeña, que supuestamente proporcionó la información a Silván, se ha visto obligada a dar explicaciones en un pleno extraordinario ante su aparición en el sumario de forma indirecta.

 

También con una petición de dimisión de toda la oposición encima de la mesa, y una defensa cerrada del PP, se encuentra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que llamó a Ulibarri para ofrecerle una carretera en el Páramo por teléfono, llamándole antes que a otras 99 empresas que sí se habían presentado al concurso. Además, según Ulibarri, le enseñó e incitó a fotografiar información sobre futuros contratos en una comidad. El Gobierno autonómico mantiene que todo fue ajustado a la legalidad y que sus explicaciones han sido "correctas y completas".

 

Otros nombres que han tenido que dar explicaciones públicas por su aparición en el sumario han sido la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el concejal Ricardo Miranda. El PSOE local sostiene que habrá una 'pieza Ponferrada' de la trama pero de momento no hay consecuencias políticas en el Bierzo.

 

El alcalde de Carracedelo y diputado provincial, Raúl Valcarce, también ha tenido que explicar sus relaciones 'Enredadera' con el empresario Ulibarri, del que ha sido socio en algunas empresas.

 

La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, y más aún, de los procesos de elección de cabezas de candidatura y resto de listas pueden incrementar que los afectados políticamente a consecuencia de 'Enredadera' aumenten. Sin duda, todo un terremoto político en la provincia de León de consecuencias impredecibles en las urnas.

Astorga Redacción. Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo
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